INTERÉS PÚBLICO

TODOS SON HIJOS DE DIOS:

Aun cuando cabe la posibilidad de que, como ha sido costumbre en el periódico que publicó las declaraciones del obispo de Colima, las palabras del pastor diocesano hayan sido distorsionadas, debemos tomar las opiniones de don Marcelino Hernández tal y como fueron citadas.

En ese sentido, le corresponde al prelado aclarar si su intención al abordar la cuestión de los aspirantes del PRI a la gubernatura fue, efectivamente, dar su bendición a tres o, simplemente, aludir de buena fe a nombres que la feligresía comenta, pero sin tomar partido el obispo.

Entre la clase política hubo expresiones de azoro y reproche al jerarca eclesiástico, no sólo porque la ley impide a los ministros de culto opinar abiertamente de política, sino porque el obispo da a entender que la Iglesia Católica tiene elementos para señalar a los tres punteros en la carrera por la candidatura del PRI.

No sabemos si el obispo confía en las encuestas que se han dado a conocer o si el clero realizó sus propios sondeos. También se ignora si el periódico mencionó al subsecretario Ignacio Peralta porque es “de casa”, y al alcalde Federico Rangel porque no se le puede ignorar como un competidor.

En todo caso, los simpatizantes de los otros siete aspirantes descartados por el señor obispo, se preguntan si al secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda, se le incluyó en la terna porque es el funcionario que da seguimiento a las relaciones del gobierno estatal con las asociaciones religiosas o porque, como Caballero de Colón y devoto asistente a la misa dominical, cada semana en una parroquia diferente, Rueda Sánchez es ya el candidato del clero a la gubernatura.

 

REPRESENTAN AL PUEBLO, NO A LOS PARTIDOS:

Parece una burla que hayan sido diputados plurinominales del PRI, tanto en el ámbito federal como en el local, así como senadores priistas de primera minoría o lista nacional, los encargados de posicionar la propuesta de su partido de reducir el número de legisladores electos por la fórmula de representación proporcional.

Es una burla a la población plantear una consulta popular sobre un tema que, según la ley en la materia, no se puede someter a sufragio, pues esta figura de participación ciudadana excluye los temas electorales, como es la composición del Congreso, o fiscales: en el que quieren encuadrar las propuestas del PRD y Morena sobre la reforma energética y, al mismo tiempo, la consulta del PAN sobre el salario mínimo.

Por descontado, la consulta de los pluris tiene como única intención sabotear el referéndum sobre la reforma energética. En ese sentido, la consulta sobre los salarios mínimos no se diferencia mayor cosa de la propuesta del PRI, salvo que los panistas eligieron un tema más populista y, por lo tanto, más fácilmente desechable por la Suprema Corte.

Es un despropósito decir que los parlamentarios plurinominales ya no son necesarios en México, porque eso supondría aceptar que era una patraña el discurso político que los creó. Sería tanto como aceptar que la figura de los diputados de Partido no nació para permitir la participación de las minorías, sino para compensar las deficiencias de un sistema político que no tenía condiciones para una real competencia electoral.

Jesús Reyes Heroles propuso al presidente López Portillo la reforma política de 1977, no para dar una ventaja a las fuerzas emergentes que deseaban participar en los comicios, sino porque sabía que la clase priista jamás aceptaría renunciar a su tajada. La solución, pues, fue hacer más grande el pastel.

Hoy se afirma que ya hay real competencia electoral, pero la ignorancia y la falta de cultura política de nuestros actuales legisladores no les permite entender una cuestión elemental: que no son los partidos los que están representados en las curules plurinominales de la Diputación Federal o en los escaños del Senado, sino aquellos ciudadanos que votaron por ofertas políticas que finalmente no lograron la mayoría en su distrito o en su estado, según sea el caso.

Los diputados y senadores de representación proporcional representan a los ciudadanos que votaron por los candidatos de partidos que no ganaron la elección uninominal. Pero tienen derecho a que su voz se oiga en la tribuna del Congreso. Que los legisladores de mayoría y de lista no cumplan con el mandato constitucional de dar voz a los mexicanos que votaron por ellos, es otra cosa.

Más allá de que los priistas quieren volver a hacer pequeño el pastel, lo que necesitamos los ciudadanos es una democracia efectiva que permita que el principio de representación proporcional cumpla su propósito de dar voz a las minorías.

Necesitamos que no sean los plurinominales una mera expresión de la partidocracia, en donde los priistas se empeñan en reducir el número de jugadores (partidos que pierden su registro), bajo la conseja popular: “Entre menos burros, más olotes”.

 

MÍNIMO SALARIO MÍNIMO:

Los gobiernos tienen varios mecanismos para moderar los salarios. El más eficaz en México ha sido la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que ha puesto tope a los incrementos mediante la astucia de usar ese valor, el SM, como un factor para regular créditos fiscales, pagos de hipotecas de interés social, tarifas de los servicios públicos, precios de placas de circulación y, en donde todavía está vigente, la tenencia vehicular, así como multas y otras sanciones.

Todos esos aumentos están indexados al incremento al salario mínimo. Curiosamente, no están amarrados a la tasa de inflación oficialmente determinada por la banca central. El SM es un valor arbitrario que tiene otros usos muy distintos a garantizar el pago por los servicios personales mínimos suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia (vivienda, alimentación, vestido, salud, educación y hasta recreación) previstas en la Constitución, principalmente en el apartado de derechos humanos.

A esos otros usos económicos y financieros se apela para contener el aumento al salario mínimo, en aras de evitar que se dispare el costo de la vida. Y en el debate sobre la necesidad de establecer un salario mínimo justo, se ha argumentado en contra que esto sólo puede ser posible incrementando factores como la productividad y competitividad en todos los sectores de la economía.

Es verdad, no se puede repartir mejor la riqueza cuando no se está creando suficiente riqueza. Sin embargo, también es cierto que la poca o mucha riqueza que se crea cada año (el llamado producto interno bruto) está mal repartida, de tal suerte que tenemos millones de mexicanos en pobreza extrema y, al mismo tiempo, al segundo hombre más rico del mundo junto a otros 300 mexicanos que bien se pueden proclamar dueños del país.

Hay otros mecanismos por los cuales los gobiernos determinan los salarios que se pagan en su jurisdicción, y uno de ellos son los sueldos que paga. Durante mucho tiempo, la iniciativa privada criticaba a las administraciones públicas porque, al ceder a las demandas de incrementos salariales de la burocracia, ponía la vara muy alta para el pago a los trabajadores del sector privado.

Ha sido costumbre del PRI esconder los sueldos de los altos funcionarios con el pago de compensaciones. En tanto los gobiernos de los panistas aumentaron los sueldos nominales de los altos funcionarios, bajo el precepto de competir con las remuneraciones que las grandes corporaciones daban a sus directivos. Sin embargo, en ambos escenarios el resultado fue el mismo: una distancia abismal entre lo que perciben los servidores públicos de alto nivel, y el salario mínimo que ganan la mayoría de los trabajadores.

Hoy el PAN tiene una propuesta para bajar el sueldo del presidente de la República y, como nadie puede ganar más que el jefe del Ejecutivo, con ello reducir el pago por los servicios personales en la administración federal.

Pero la única estrategia exitosa de contención salarial en la burocracia ha sido la del PRD en el Distrito Federal que, en tiempos de López Obrador como jefe de Gobierno, puso tope a los sueldos, hasta el absurdo que Andrés Manuel y su chofer, Nico, ganaban casi lo mismo.

Ahora, el actual gobernante capitalino, Miguel Ángel Mancera, busca elevar el salario mínimo poniendo como requisito a las empresas que sean proveedoras o prestadoras de servicios para la administración de la Ciudad de México, que paguen mejor a sus empleados.

Ante las críticas del sector empresarial, la Conago y el Banco de México, porque esa medida desatará la inflación y la economía informal, el jefe de Gobierno ha dicho que, al contrario, la gente dejará de buscar sus ingresos en la informalidad cuando los salarios que se paguen en el sector formal sean suficientemente remunerativos como para vivir con decoro.

Por lo demás, nadie quiere abordar la clave del salario, y es que éste no crecerá mientras el empleo sea un bien escaso, porque a falta de puestos de trabajo siempre habrá alguien dispuesto a aceptar un menor salario con tal de tener un ingreso, por paupérrimo que sea.

En el marco de la globalización hemos dejado que la ley de la oferta y la demanda fije el valor del trabajo, como si fuera cualquier otra mercancía. Ahora, la izquierda en México y, paradójicamente, el PAN que ha representado políticamente los intereses de los empresarios, iniciaron este movimiento para aumentar el salario mínimo.

La izquierda lo hace presionando a los patrones para que no pretendan maximizar utilidades a costa de un pago injusto por la fuerza laboral. El PAN, al parecer, como un recurso electorero.

Una solución correcta sería establecer una política pública para que, en lo que resta del sexenio, se diseñen e implementen mecanismos a fin que, semestral o anualmente, el salario mínimo reciba incrementos que lo hagan recuperar su poder adquisitivo.

Sólo un incremento gradual del salario, evitará que el aumento al mínimo desate una inflación galopante, como las que vivimos en el pasado, durante las crisis de los ochenta y su secuela de la década siguiente.

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