José Gilberto García Nava

¡Aguas con el Consejo General del IEEC!

El Derecho siempre habla

 José Gilberto García Nava

En ejercicio de mi derecho constitucional consagrado por el artículo 6 de la Carta Magna y la fracción VIII del artículo 1 de la Constitución colimense, hago uso de mi facultad ciudadana a ejercer la crítica constructiva de aspectos políticos de mi patria chica. Al hacerlo -aclaro de manera enfática y vigorosa para evitar contra críticas distorsionadas o perversas-, no persigo ningún objetivo más que el hago expreso en los primeros renglones de este artículo. Tengo todo el derecho a ejercer esa crítica, a pesar de que se molesten o incomoden las personas a las que va dirigida. Si no les gusta lo que digo, allá ellos. Es el riesgo de haber buscado un cargo público electoral. Si se incomodan, mejor lo hubieran pensado antes de participar en el proceso realizado para su designación, pues en estos casos no se puede tener la piel tan sensible. Lo hago de manera estrictamente personal, sin obedecer consigna alguna de nadie. Tampoco para favorecer o perjudicar a alguien en particular. Aclarado lo anterior, paso a exponer mis opiniones.

El artículo 111 del Código Electoral del Estado, que fue reformado el 28 de junio del año en curso, establece con claridad y precisión, sin ninguna ambigüedad ni duda alguna, que las sesiones del Consejo General del IEEC “serán públicas”. Además, el artículo cien del mismo ordenamiento, ordena que: “Las actividades del lNSTITUTO se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y máxima publicidad”. Por otra parte, el artículo 116, fracción II, señala que son atribuciones de los consejeros electorales, entre otras: “Asistir a las sesiones del CONSEJO GENERAL, participar en sus deliberaciones y votar los acuerdos y resoluciones”. Finalmente, el artículo 115, determina que el presidente del consejo general, tendrá entre otras las siguientes facultades: “Convocar y presidir [sus] sesiones, representar al INSTITUTO; y vigilar el cumplimiento de los acuerdos, dictámenes, resoluciones y actos del CONSEJO GENERAL”.

He transcrito textualmente las disposiciones del Código Electoral vigente para evidenciar la actitud francamente absurda que aconteció en la última sesión del Consejo General, realizada el martes 28 de octubre, especialmente de la maestra y candidata a doctora Felicitas Alejandra Valladares Anguiano y la ex consejera María Elena Ruíz Visfocri (MERV), así como el resto de los consejeros. Me baso en la información que recibí de una de las personas presentes en la sesión, un representante de la prensa local que es amigo personal del suscrito, quien me llamó para preguntarme un aspecto jurídico relacionado con lo acontecido en ella. Lo que le respondí es más o menos lo que ahora estoy publicando.

Sucede que sin decir agua va, al inicio de la sesión la consejera MERV solicitó al consejo agregar un punto al orden del día, para presentar un “proyecto”, sin que éste se hubiera mencionado en la reunión previa que la mayoría de los consejeros tuvieron un día antes, tal como la consejera Ayizde lo señaló en el momento oportuno. Este aspecto es baladí, pero evidencia la actitud que más adelante deseo resaltar de parte de la presidenta. En el transcurso de la sesión, por lo menos uno de los consejeros quiso tomar el uso de la palabra, haciéndose desentendida la presidenta para concedérsela o ignorándolo por completo. En otro momento, el consejero José Luis Fonseca se dirigió directamente al secretario ejecutivo formulándole una pregunta, a lo que de inmediato se opuso la presidenta, quien expresó que en todo caso el consejero le preguntará a ella y ella a su vez lo haría con el secretario, en una triangulación pintorezca. De esa manera se triangularon varias interrogantes, de Fonseca a Valladares y de ésta al secretario, con el agregado que a medida que avanzaban las preguntas la presidenta agregaba algo de su cosecha al secretario. Finalmente, en el punto donde MERV presentó su proyecto, se suscitó un margallate entre los miembros del consejo, extrañados la mayoría por el agandaye que pretendieron la presidenta y la mencionada consejera. Se trataba de una propuesta para autorizar a la presidenta para contratar, sin autorización en cada caso del consejo y por fuera del reglamento respectivo, a personal adicional y otros aspectos administrativos relacionados con el tema de recursos humanos.

Me formuló el amigo reportero esta interrogante: “¿Existe entre los miembros del consejo calidades o diferencias que introduzcan niveles o jerarquías entre ellos?”. “Ninguna”, le respondí. Es claro que los siete consejeros tienen el mismo nivel y su voto vale exactamente lo mismo. Uno cada uno. La presidenta no debe asumir en las sesiones actitud alguna que no prevea alguna norma jurídica aplicable. Los exabruptos personales son extralegales y, por lo mismo, ilegales, sin sustento alguno. Valladares debe darle la palabra a quien la pida, con la única limitación que sea con orden, con respeto y relacionada con el tema que se trata en ese momento. Y los consejeros no deben temer hacer uso de la palabra, a pesar de que su léxico no sea de los mejores. Deben dejar el temor de hablar y hacerlo con valentía, pero sustentados en información veraz, completa, apoyada en la ley.

Realmente me extraña la actitud paciente, muy paciente que adoptó José Luis Fonseca en varias ocasiones en que la presidenta le contestó de manera ríspida, para no decir molesta e incluso, por momentos, crispada. Me extraña porque el consejero sabe hacer bien las cosas y ha visto el comportamiento de los diputados por muchos años. Lo menos que se podía esperar de él es que pusiera en orden a la presidenta y con firmeza pero con seguridad y respeto la hubiera puesto en su lugar. La presidenta no debe actuar como matrona de sus compañeros ni éstos deben permitirlo. Tienen todos y cada uno los mismos derechos. Háganlos valer, ciudadanos. Queremos confiar en ese órgano que tendrá a su cargo importantes, delicadas y graves funciones, que impactarán, ni más ni menos, en la calidad de la democracia colimense. No queremos consejeros timoratos ni dubitativos. ¿No lo cree así, estimado lector? ¡¡¡Ahhh!!!, y una cosa adicional: ojalá la presidenta no esté pensando contratar como abogada del IEEC o del CG a MERV. De ahí el brete del proyecto. Le podría pesar mucho. Piénselo, maestra.

 

Mi correo electrónico es gilberto53colima@hotmail.com. ¿Se anima a enviarme un comentario?

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