Con la declaración de inconstitucionalidad de la preguntaba que planteaba someter el PRI a una consulta popular para reducir el número de legisladores de representación proporcional, la Corte terminó rechazando las cuatro iniciativas: dos sobre la reforma energética (la del PRD y la de Morena) y dos que nacieron para desvirtuar la consulta anterior (la del PAN, sobre salarios mínimos, y la del PRI).

Interés público

LOCHO MODIFICA EL ESCENARIO:

La renuncia de Leoncio Morán Sánchez al PAN modifica el escenario político para 2015, no sólo en Acción Nacional sino en el PRI y, de paso, en esa tercera opción que podrían constituir las organizaciones ciudadanas que plantean postular a candidatos independientes.

En el blanquiazul, Locho descompone el esquema que se creía ya negociado para que Virgilio Mendoza o, bien, Jorge Luis Preciado, jugara como candidato a la gubernatura, mientras la nominación a la presidencia municipal de Colima quedaba reservada a Morán Sánchez.

Una serie de negociaciones entre los distintos liderazgos del panismo en Colima habían llevado al diseño de una fórmula presumiblemente ganadora, que consiste en nominar al cuadro más rentable en cada uno los distintos cargos donde el PAN tiene posibilidades de superar al tricolor.

De esta suerte, Virgilio Mendoza disputaría la gubernatura o, en su defecto, la diputación federal por el segundo distrito; Gabriela Benavides, la presidencia municipal de Manzanillo; Martha Sosa, una de las diputaciones locales por el puerto; Leoncio Morán, la alcaldía de Colima, y Esmeralda Cárdenas uno de los distritos por la capital, etcétera; quedando el senador Preciado libre de buscar la presidencia nacional del PAN.

La renuncia de Locho al PAN abre la posibilidad para que Esmeralda Cárdenas se lance por la alcaldía de Colima, y ello impactará en las aspiraciones manifiestas por… los priistas. Si Morán no va por la alcaldía, la lista de prospectos para la postulación del PRI a ese ayuntamiento se enriquecerá con los nombres de todos aquellos que, con Leoncio como contrincante, no hubieran resultado competitivos.

Y lo mismo pasará en la definición del candidato o candidata a gobernador del PRI. Un cálculo a partir del supuesto que la partida de Leoncio Morán descapitaliza electoralmente al PAN, puede llevar a reconsiderar la viabilidad de cualquiera de esos aspirantes que habrían sido eliminados de la lista de los 10 si Cesar Camacho hubiese llevado a cabo el recorte.

Ya no se tratará de registrar a un candidato que garantice un triunfo holgado. Con esa falsa sensación de seguridad, se revivirán las esperanzas de quienes abogan por la cuota de poder a los sectores, la cuota de grupo o la cuota de género, sin detenerse a considerar criterios como la rentabilidad electoral del futuro abanderado del PRI.

Finalmente, en el campo de la tercera vía, la defección de Locho modifica el escenario que aparecía despejado para otros aspirantes a la gubernatura. Por ejemplo, algunos cuadros del PRI se habían dejado ver en las reuniones de grupos como Cien por Colima o Ciudadanos Construyendo el Cambio, jugando con la posibilidad de lanzarse por la libre si no lograban la nominación de su partido.

El caso más comentado en los corrillos políticos es el de Rogelio Rueda, quien ha venido cultivando la relación con este frente ciudadano pero ahora tendrá que definir si renuncia al Revolucionario Institucional para disputar con Locho la candidatura independiente, o se queda a ver cómo se resuelve el proceso interno en el partido donde ha militado desde su juventud.

POR DENTRO Y POR FUERA:

Mientras Gabriel Macías Becerril, vocero de la organización civil Ciudadanos Construyendo el Cambio, celebra la renuncia de Leoncio Morán al PAN, asumiendo que con ello el proyecto de la tercera vía garantiza un potencial de votos, en el blanquiazul no dan por perdidos los activos políticos que supone el ex presidente municipal de Colima.

Macías Becerril consideró que “Locho tiene una identificación con la ciudadanía, pues el antecedente que él ha generado desde la alcaldía, cuando fue candidato a la gubernatura o cuando fue candidato a diputado federal, ha tenido identificación en otros muchos ámbitos del territorio estatal. Por lo que “nos gusta para cualquier candidatura, en todas creemos que sería muy exitoso, pero tendrá que verse en su momento y en los tiempos y espacios que permita la ley”. Y reconoce que siendo “un liderazgo muy valioso… necesitamos gente como Locho, para reforzar e impulsar los objetivos de este movimiento”.

Por su parte, el presidente municipal de Coquimatlán y secretario general del PAN, Salvador Fuentes Pedroza, no descartó que Locho sea el candidato a la gubernatura por el blanquiazul, pues aseguró que se abrirán a la ciudadanía “y si ésta lo pide habrá que cumplir”.

Citando al presidente estatal Jesús Fuentes, en el sentido que el partido buscará alianzas ciudadanas y a los partidos de oposición para el proceso del 2015, el edil dijo que “eso abre la posibilidad a Leoncio Morán de que sea candidato del PAN, porque al final del camino se va desde el ámbito ciudadano”.

Chava Fuentes agregó que “el PAN debe dejar de ser el partido de unos cuantos para ser el de los ciudadanos, y aunque algunos panistas ven como una afectación la salida de Locho, no está mal porque se abrirá la institución y seguramente se verán en el camino si van por esa alianza”.

Las palabras del alcalde revelan dos cosas: el tamaño del boquete que les deja Morán Sánchez al dejar el partido, y el interés en proteger a los otros aspirantes del cuarteto que definió Jesús Fuentes: Virgilio Mendoza, Jorge Luis Preciado y Jesús Dueñas (cuyas aspiraciones a la gubernatura no se toman en serio dentro ni fuera del panismo).

Es una regla en la política que cuando un candidato parece seguro, se convierte en blanco fácil de sus oponentes. Al analizar la sucesión presidencial de 1982, en su libro La Herencia, Jorge G. Castañeda concluyó en que José López Portillo inventó la precandidatura de Javier García Paniagua para proteger al tapado: Miguel de la Madrid.

CERO Y VAN CUATRO:

Unánimemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud del PRI para realizar una consulta popular que reduciría el número de diputados y senadores federales de representación proporcional.

El pleno resolvió que el tema entra en los supuestos que prohíbe el artículo 35 de la Constitución, ya que toca el tema electoral. Así como el artículo 40 que estipula los principios del sistema democrático. Por lo que declaró inconstitucional la pregunta sugerida por el PRI, apoyada por 1.8 millones de ciudadanos, que planteaba la reducción de 200 a cien en número de diputados plurinominales, además de suprimir las 32 senadurías asignadas por dicho principio.

Si la pregunta que el PRI pretendía someter a consulta: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen cien de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?, hubiera llegado a las urnas y se hubiera dado por esa votación una disminución de los representantes populares, los ministros consideraron que tal cosa habría provocado un daño a los partidos políticos.

“Si bien la reducción de diputados es un tema de definición orgánica del Poder Legislativo, lo cierto es que también implica de manera indisoluble un tema electoral, en tanto que se reduce la participación de los partidos y se afectan los efectos de la votación de los ciudadanos sobre el grado de representatividad”, dijo el ponente Fernando Franco González.

Por su parte, el ministro José Ramón Cossío, el único que disintió en el análisis de la propuesta de consulta sobre la reforma energética que presentaron por separado el PRD y Morena, afirmó respecto a la del PRI que la reducción de plurinominales podría impactar en la participación de los partidos políticos y en el grado de representación ciudadana. Mientras que la ministra Olga Sánchez Cordero consideró que se vería un impacto en el régimen de los partidos y la forma en que operan los principios de mayoría relativa.

Las cuatro preguntas que se sometieron a la consideración de la Corte como temas de consulta popular, fueron rechazadas. La primera fue del PAN que pretendía someter a consulta el aumento a los salarios mínimos, pero al igual que las propuestas de consulta popular sobre la reforma constitucional en materia energética, fue rechazada porque el tema de los ingresos no se puede someter a este ejercicio de participación ciudadana.

No fue aquí el único lugar donde se expresó la certeza de que las preguntas del PAN y el PRI buscaban distorsionar la pertinencia de someter a consulta una reforma que modifica la naturaleza del Estado mexicano, como es la energética. El presidente del Consejo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los ministros de la Corte concluyeron con la “farsa” para negar la consulta energética.

“Los ministros son cómplices corruptos”, declaró el Peje en un mensaje de Facebook. Para AMLO, con el rechazo a la consulta planteada por el PRI sobre la eliminación de las diputaciones plurinominales, los ministros pretendieron demostrar que son imparciales. Y agregó que desde principios de año los ministros “se comprometieron con Enrique Peña Nieto y la mafia en el poder, a impedir la consulta ciudadana en materia energética, como le conviene a los zopilotes de aquí y de allá”.

FUE CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD:

En los últimos días se ha vivido una tensión entre las autoridades mexicanas y la opinión pública internacional. Por un lado, el gobierno se esfuerza en dar pruebas de su intención real de esclarecer la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Por otro, medios de comunicación, asociaciones civiles y la comunidad intelectual y artística del mundo han ido elevando el tono de sus reclamos a la administración Peña Nieto por la aparente incapacidad para hacer justicia en un caso que tiene todos los visos de un genocidio.

Como suele pasar con los crímenes de Estado, en este caso cometido por el Ayuntamiento de Iguala con el probable consentimiento del gobierno local de Guerrero, la solución política se aplazó con la integración de una comisión especial investigadora.

Sin embargo, el pleno de la Cámara de Diputados debatirá en su sesión de hoy el informe preliminar de esta comisión especial, en el cual se concluye que la agresión armada contra estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa derivó en la desaparición forzada de 43 alumnos y en que no se puede eludir que estos jóvenes sufrieron una serie de violaciones a sus derechos humanos: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como ejecuciones extrajudiciales.

La comisión, integrada por siete legisladores y presidida por el panista Guillermo Anaya, expresó su preocupación por el hecho de que se pretenda “criminalizar a las víctimas como una manera de justificar los hechos que sufrieron y sufren sus familiares, causando un agravio más a sus derechos”.

No sería la primera vez en que se culpa a la víctima de su desgracia, en este caso al enfatizar las acciones de desorden público y vandalismo en las que incurrieron los normalistas. A partir de información proporcionada por el gobierno de Guerrero, el reporte señala que la Policía Federal y la Policía Estatal vigilaron “por horas” a los normalistas desde que salieron de Chilpancingo hacia Iguala. Incluso, el gobierno estatal reportó a la policía de ese municipio el traslado en autobuses de los jóvenes desde las 6:00 de la tarde del 26 de septiembre.

Dado que diversas autoridades policiacas y militares fueron alertadas o conocieron de la balacera y la agresión, pero no intervinieron. La comisión especial señaló que las autoridades estatales sí sabían de las actividades de los estudiantes, los siguieron y la policía del estado no actuó frente a las irregularidades que la policía municipal de Iguala cometió contra los estudiantes.

La represión de los estudiantes en Iguala, muestra así su real dimensión: fue un crimen de lesa humanidad.

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