Deficiencias del gasto público federal (parte 2)

Mario Acevedo Manzano

Decíamos en la entrega anterior como son las fallas estructurales del ingreso-gasto de la hacienda pública federal. Continuamos ahora en las fallas coyunturales:

En una gran división funcional del gasto público federal, lo podemos separar entre gasto corriente y gasto de inversión. El corriente son los pagos que genera la administración pública, desde un lápiz hasta un avión cuando es utilizado al servicio de los funcionarios; también nómina, prestaciones a funcionarios y empleados; en general, cualquier tipo de gasto generado por administrar los bienes y servicios producidos por el gobierno. El gasto de inversión es la inversión pública dedicada a la producción de un bien o servicio, desde una presa o carretera hasta un museo en donde se preserva la historia y la cultura de los mexicanos.

Ahora bien, ¿cómo están los números respecto del gasto corriente comparado con el gasto de inversión?, pues mal, muy mal. Sucede que la mayor parte de los 4.7 billones de pesos previsto para gasto en el próximo año, la mitad se dedica a mantener el aparato burocrático del gobierno y el resto a inversión para producir bienes y servicios gubernamentales.

Del gasto de inversión también existe una división funcional de inversión en gasto social e inversión en infraestructura física: la inversión en gasto social son los servicios públicos del Estado mexicano en educación, ciencia, cultura, salud, seguridad social, seguridad pública y asistencialismo. Y la inversión en infraestructura son todas las obras públicas en comunicaciones, hospitales y escuelas. Cuando los políticos hacen declaraciones en el tema de gasto público federal, se van por el lado fácil de apoyar una mayor inversión en gasto social, omitiendo la responsabilidad de mantener un equilibrio entre todos los conceptos de gasto.

Por cierto, la asistencia del gobierno a la población en los programas como 65 y más, Cruzada Nacional contra el Hambre y otros en donde se entregan recursos en efectivo, deben ser revisados para lograr un mayor beneficio social, complementando estos programas con centros asistenciales de apoyo a la población vulnerable en donde cada anciano(a) pueda contar con un medio de prolongación de su vida o aumentar su calidad de vida.

Especial mención merece la transparencia en la política fiscal de ingresos-egresos. Existe la percepción entre los mexicanos y en el exterior de la corrupción de funcionarios en el uso del dinero público. En la política de ingresos, hay corrupción cuando las grandes empresas trasnacionales mexicanas y extranjeras evaden impuestos, distorsionando sus utilidades entre sus conglomerados. En cambio a los pequeños contribuyentes los someten a controles fiscales fatales, que han producido una mortandad considerable de pequeñas empresas, Aristóteles, el del SAT, dice que los aumentos de la recaudación son por la reforma fiscal, lo que no dice es el costo en empleos perdidos por la mortandad de pequeños empresarios.

En la política de gasto continúa la impunidad de los funcionarios corruptos que se embolsan dinero público. Para empezar, la Auditoría Fiscal de la Federación tarda años en hacer las revisiones del gasto público federal, tiempo necesario para dar impunidad a los rateros. El gobierno peñista se ha negado, en lo que va del sexenio, a entrarle al tema y continúa estancado el inicio a una verdadera campaña de combate a la corrupción. Por ello la propuesta del PAN de formar la Comisión Nacional Anticorrupción, en donde las ONGs tengan parte de la vigilancia y supervisión del gasto público federal, puede ser la solución al gran problema de la corrupción en México en gobiernos de todos los partidos políticos.

Existen intentos para evitar la corrupción en el ejercicio del gasto público de la industria eléctrica, cuando la CFE incluye a un observador como Federico Reyes Heroles, de Transparencia Internacional, en sus programas de licitación y adquisiciones para generar energía eléctrica, a lo mejor este modelo puede llevarse a todas las compras del gobierno federal para hacer crecer la economía y aumentar el empleo, pues según cifras de la cúpula empresarial la corrupción del gobierno le pega al PIB en una disminución de un aproximado al 10 por ciento y cien mil empleos menos a los que se crean cada año.

Si el gobierno federal no se sacude la corrupción, en los gobiernos estatales y municipales menos. Con eso de que la escalera se debe barrer de arriba hacia abajo, mientras no se dé la honestidad en la federación, los estados y municipios continuarán con este lastre.

PD.

He escuchado algunas voces de vecinos, amigos y familiares que dicen: “¿Por qué el PAN no presentó la propuesta anticorrupción en los 12 años que fueron gobierno?” Como panista que soy me ponen en aprietos y mi respuesta es: “Más vale tarde que nunca”.

Veremos qué informa la senadora Mely Romero en un año más de actividades legislativas y gestoría. Su propuesta de vincular la educación técnica y científica a las necesidades de mano de obra calificada que demandarán las nuevas inversiones nacionales y extranjeras en la industria petrolera es un acierto para que más mexicanos tengan empleo y se disminuya la importación de mano de obra calificada. Bien por Mely, le deseo suerte en la próxima contienda interna de su partido.

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