La tercera Acci

Interés público

UNA ACCIÓN GLOBAL

Ayotzinapa es una herida abierta y supurante en el país, cuyo hedor molesta al mundo entero. La tercera acción global para exigir la aparición de los 43 estudiantes normalistas detenidos por la policía municipal de Iguala, en coordinación con la fuerza pública de Cocula, Guerrero, y que presuntamente fueron entregados a los jefes del grupo delincuencial conocido como “Guerreros Unidos”, tuvo como epicentro el Zócalo pero fue replicada en muchas otras ciudades del orbe.

En muchas de estas manifestaciones la consigna es que se trata de un crimen de Estado. Por lo que resulta explicable el empeño del oficialismo por orientar las sospechas en dirección a la estructura del PRD. Eso ha llevado a algunos cuadros de ese partido, como el delegado en Iztapalapa, Jesús Valencia, a sugerir que la detención de los Abarca en un domicilio de esa demarcación, es un montaje para sembrar sospechas contra los políticos del Sol Azteca, hayan estado o no relacionados con el, ahora, ex gobernador Ángel Aguirre o con el depuesto alcalde de Iguala, José Luis Abarca, o su esposa Ángeles Pineda.

Hasta ahora el único resultado político de toda la operación para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala hace 40 días, ha sido poner a un ala del PRD en contra de otra. En el afán de deslindarse del linchamiento mediático al que están sometiendo a los integrantes de la corriente Nueva Alianza, perredistas y activos de Morena intercambian acusaciones.

Por lo demás, al parecer intencionalmente las noticias sobre la desaparición de los 43 jóvenes se han ido dosificando. Y aunque los medios de comunicación mostraron como una hazaña de los investigadores la detención de los autores intelectuales, no faltan voces que critican el hecho de que se hayan tardado un mes en dar con el paradero de los Abarca.

La noticia más esperada, sin embargo, tarda en generarse: seguimos esperando a que se anuncie que los desaparecidos fueron encontrados vivos o, lo que es más probable, muertos.

PARADIGMA DE TORTURA

Mientras el debate público se centra en los hechos relacionados con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, los organismos internacionales de derechos humanos no se distraen del otro tema que escandalizó a la comunidad internacional: Tlatlaya.

La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos declaró: el Estado mexicano debe terminar con la impunidad en el país y sancionar a los responsables de los crímenes en Tlatlaya, Estado de México, donde elementos castrenses ejecutaron en una bodega a varias personas.

Para Juan Hernández Valencia, el representante de la ONU que se reunió con diputados federales de la Comisión Especial del Caso Tlatlaya, no es suficiente que hayan sido consignados siete militares involucrados en los hechos, ya que ‘existen otros responsables’.

“La importancia de encontrar autores directos, autores materiales, debe también ser correspondida con la identificación de los otros delitos que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son señalados de manera explícita y que tienen otros responsables”, insistió.

Y pidió Hernández Valencia que el caso sea tratado en un contexto más amplio, en el cual la sociedad y las instituciones se involucren para hacer realidad las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Luego de aclarar que, según la investigación sobre el caso, aparte de las ejecuciones hubo tortura hacia los sobrevivientes y encubrimiento de autoridad.

“La violación de los derechos humanos en el país se modificará cuando estemos comprometidos a cumplir las reformas constitucionales en materia penal y su aplicación en el seno de las instituciones”, dijo. Y añadió: “El problema es que en México no se logran producir cambios institucionales para prevenir lo que está sucediendo y para sancionar a los responsables”.

En pocas palabras, los hechos ocurridos en Tlatlaya son caso ‘paradigmático’ con lo cual dará la oportunidad de hallar “la línea roja en la que el delito y los responsables puedan ser identificados, y las fallas en las que probablemente varios institutos intervinieron sean reflejados”.

La CNDH, por cierto, emitió una recomendación por los hechos ocurridos en ese poblado, la misma que ayer fue aceptada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Y EN EL FONDO: ESTADO FALLIDO

Aunque similares en la expresión violenta de una prepotencia criminal, Tlatlaya (Estado de México), Iguala (Guerrero) o San Fernando (Tamaulipas) revelan problemas distintos de un mismo origen: el Estado fallido.

En el poblado mexiquense, salió a relucir que las tropas literalmente fusilaron a presuntos integrantes de un grupo delincuencial, aunque el parte militar decía que fueron abatidos cuando se resistieron al arresto.

En la cuna de la bandera, el alcalde o su esposa ordenaron la detención de un contingente de normalistas que amenazaban con interrumpir un evento del DIF municipal.

Y en San Fernando, Los Zetas masacraron a 72 migrantes entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, como parte de una operación de trata.

En Tlatlaya vemos la cara oculta de la guerra contra las drogas que dejó miles de muertes durante el sexenio de Calderón; eso cuando no una evidencia de que las fuerzas armadas toman partido y hacen el trabajo sucio en las disputas de los cárteles por el control de una plaza.

En Iguala vemos los vínculos que las autoridades de una gran cantidad de municipios en el país, electos con el apoyo de los diferentes partidos, tienen con los grupos delincuenciales, al grado que ya se puede afirmar que muchos de esos alcaldes fueron colocados por los capos como parte de su estructura criminal, mientras el resto fueron fácilmente sometidos al ser abandonados a su suerte por los gobiernos estatales y el federal.

En tanto, San Fernando sigue siendo un recordatorio de que el negocio criminal escaló a partir del narcotráfico e impregna casi todos los rubros de la actividad económica a través del lavado de dinero, y contamina otros fenómenos que hasta hace algunos años eran irregulares pero no ilícitos, como la migración indocumentada de centroamericanos hacia Estados Unidos, el ambulantaje, la piratería y otras formas de informalidad.

LOCHO, EL INCOMPRENDIDO:

La nota política de la semana la dio el ex alcalde de Colima y ex diputado federal por el I distrito, Leoncio Morán Sánchez, quien renunció al PAN. Sus razones las hizo públicas pero, no obstante, a lo largo de la semana se han dado toda clase de interpretaciones acerca de los verdaderos motivos.

Se especula sobre los fines que persigue. Dado que en Acción Nacional tenía asegurada una nueva nominación a la presidencia municipal de Colima, al considerarse en la dirigencia que pocos panistas podrían resultar imbatibles a la hora de buscar la alcaldía capitalina, se deduce que Locho sale del PAN para postularse al Gobierno del Estado.

Morán Sánchez ya fue candidato del PAN a la gubernatura en 2005, durante la elección extraordinaria que siguió a la muerte de Gustavo Vázquez Montes. Perdió ante el priista Silverio Cavazos, pero en un análisis retrospectivo Locho bien puede pensar que en ese momento las circunstancias no le favorecían. Y es que resulta imposible derrotar a un difunto. Menos a uno que murió en circunstancias trágicas, con un aura de martirio.

Sin embargo, en 2015 las condiciones podrían ser otras, calculan los simpatizantes de Locho, considerando que en estos años en que estuvo en la banca Morán Sánchez volvió a los titulares de la prensa de circulación nacional al protagonizar una discusión altisonante, afuera de Palacio de Gobierno, primero con el gobernador Mario Anguiano y luego con su vocero. Leoncio cree poder capitalizar el descontento que todo gobernante deja al concluir su periodo, por el sólo desgaste en el ejercicio del poder.

Fueron los propios dirigentes del PAN en el estado quienes confirmaron que el proyecto de Morán Sánchez, aunque en el futuro se defina como ciudadano, sigue siendo coincidente con Acción Nacional. Y a eso apunta la hipótesis de que Locho se sale del PAN para forzar a su partido a acogerse a la tercera opción: la que representa la mega alianza antipriista.

Se trata de una terca opción a la candidatura decidida por la cúpula nacional a favor del senador Jorge Luis Preciado, y a la nominación del alcalde de Manzanillo, Virgilio Mendoza, con el aval de las bases y el respaldo de las encuestas. Una mega alianza en la que harían frente común la coalición del blanquiazul con el PRD y los grupos ciudadanos que han venido impulsando el tema de las candidaturas independientes.

Esa parece ser la apuesta de Locho. Aunque su problema es que son demasiados los intereses que debe poner de acuerdo. Y ante la premura del proceso electoral, lo más factible es que Morán Sánchez acabe prestándole su capital político a un partido, como Movimiento Ciudadano, que sólo tiene para aportar al proyecto su registro electoral.

NUEVO DIRECTOR EN EL CORREO:

Con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de El Correo de Manzanillo como el único diario editado en el puerto y el medio informativo y de opinión más influyente de la costa colimense, Arturo Figueroa Cárdenas asumió ayer la dirección de ese rotativo en sustitución de Javier Villegas Ortega, quien renunció al cargo por así convenir a sus intereses.

Además de ejercer su profesión como contador público, Arturo Figueroa ha dedicado gran parte de su vida al sector educativo. Fue director de la Facultad de Contabilidad y Administración, director de Servicios Escolares de la Universidad de Colima y director de dos centros universitarios, el Ceucaat y el Ceunapro, que durante el rectorado de Humberto Silva Ochoa articularon entre otras oficinas la de Vinculación Social, como una de las funciones sustantivas de nuestra máxima casa de estudios. También fue director del CBTIS 19 y del CBTIS 157.

En el ámbito político y social, Figueroa Cárdenas fue presidente de la FEC, vicepresidente y secretario de la Canaco Colima, presidente del Colegio de Contadores Públicos y presidente de la Asociación Mueblera de Colima. En materia periodística, colaboró como subdirector en el diario El Comentario, cuando el licenciado Humberto Silva fue director de ese rotativo.

En este espacio nos unimos al reconocimiento que el nuevo director hizo al trabajo realizado por el licenciado Javier Villegas Ortega al tomar el encargo de mantener el proyecto periodístico y el ideario de Silva Ochoa, quien concibió en 1980 a El Correo para que fuera lo que es hoy: el periódico más querido, representativo y leído por los porteños.

Nuestro agradecimiento a Javier Villegas y nuestros mejores deseos para Arturo Figueroa.

EL RAYO CAYÓ CERCA:

La violencia política que azota al país golpeó aquí cerca, en el centro de Ciudad Guzmán, donde fue asesinado el miércoles Abel Licea Ortega, dirigente municipal del PAN (con licencia) de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, condenó este hecho y exigió aclarar el homicidio: “Condenamos enérgicamente el asesinato de Abel Licea Ortega. A su familia le expresamos toda nuestra solidaridad. Y a las autoridades les exigimos que esclarezcan, a la brevedad, este crimen y castiguen a los responsables. No puede haber espacio para la impunidad. Exigimos conocer la verdad”.

Para Anaya Cortés, los niveles de violencia y descomposición institucional que se viven en muchos lugares de México son alarmantes, y señaló que la violencia no se puede combatir con más violencia, por lo que todas las expresiones de dolor y justa indignación se deben manifestar de manera pacífica.

“Comprendemos el dolor, la indignación de las familias, de amigos, de la sociedad en general, así como la frustración que existe porque aún no hay resultados concretos sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, pero también reiteramos nuestra condena a cualquier tipo de expresión violenta”.

Nada cabe agregar a las palabras del dirigente partidista.

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