Adalberto Carvajal

ESTACION SUFRAGIO: De alcaldes cómplices y funcionarios ricos

De la precariedad de los ayuntamientos frente a la delincuencia organizada, especialmente cuando desde el gobierno de su estado no sólo no encuentran apoyo sino que reciben presiones para entenderse con los cárteles, hablan no sólo el caso de Iguala, Guerrero, donde un grupo delincuencial comandado, según se ha dicho, por los hermanos Pineda logró colocar como candidato del PRD y hacer ganar la presidencia municipal a su cuñado José Luis Abarca, sino Jilotlán de los Dolores.

En esa población fronteriza entre Jalisco y Michoacán, la aspiración del panista Abel Licea Ortega a contender por la Comuna fue frustrada con el asesinato en Ciudad Guzmán de quien había sido dirigente municipal del blanquiazul.

Ejemplos sobran. En Puruándiro, Michoacán, el síndico del ayuntamiento, Carlos Lemus González, fue detenido por delitos contra el sistema de seguridad pública, que traducido al cristiano quiere decir que brindaba información sobre los movimientos de las policías a la delincuencia organizada.

La Procuraduría General de Justicia del estado vecino informó que las investigaciones realizadas a este funcionario municipal de la región del Bajío, demostraron que proporcionaba a los delincuentes información de los cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal en esa localidad colindante con el estado de Guanajuato.

En Michoacán, que se detenga a un munícipe dejó de ser sorpresa luego que la administración de Calderón ordenó la aprensión de incontables alcaldes y funcionarios estatales, durante el famoso michoacanazo, quienes a la postre tuvieron que ser liberados.

Sin embargo, el problema de la infiltración y/o los vínculos es real. El 24 de octubre pasado, el alcalde de Numarán (población cercana a La Piedad), José Luis Madrigal, y cuatro funcionarios de ese municipio fueron detenidos y consignados por presuntos nexos con el crimen organizado.

Según el procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, hubo elementos suficientes para ejercer acción penal contra Madrigal Figueroa, así como contra su hermano Edwin Madrigal; el director de Seguridad Pública, Jaime Solís Villegas, y dos jefes de turno de la policía municipal. Todos ellos fueron acusados de presuntos actos ilícitos contra el sistema de seguridad pública y de tener vínculos con la delincuencia organizada.

Según las investigaciones, cito a la agencia Notimex, en 2012 el alcalde condujo a Solís Villegas ante el líder de un grupo delincuencial, quien le manifestó que debían colaborar con la organización y dar información sobre los movimientos de los cuerpos de seguridad, tanto estatales como federales.

Presuntamente, en esa reunión habrían estado además el director de Desarrollo Social, Edwin Madrigal Figueroa, así como dos funcionarios más quienes se percataron del motivo del encuentro. A cambio de esos servicios, el director de Seguridad Pública recibió 15 mil pesos, de los que repartió 10 mil entre sus dos jefes de turno.

La indicación es la misma que se dio en todos aquellos municipios donde se enseñoreó la delincuencia organizada, tanto en la administración perredista de Leonel Godoy como en lo que duró el gobierno priista de Fausto Vallejo y Jesús Reyna: que la policía municipal fuera omisa ante el movimiento de gente armada.

Apenas ahora empiezan a ventilarse los alcances de lo que hizo Godoy como gobernador de Michoacán: vender la plaza. No obstante, el actual gobierno federal mira la paja en el ojo perredista y no la viga en el gobierno priista de Michoacán. El 31 de octubre se giró orden de aprehensión en contra de Desiderio Camacho Garibo, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) entre 2008 y 2012, por el delito de enriquecimiento ilícito.

El comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes, señaló que Garibo, ex dirigente estatal del PRD, tiene propiedades por más de cien millones de pesos que no pudo comprobar su procedencia. Además, el titular de la Comisión de Coordinación del Transporte de Michoacán y luego director de Espacios Educativos en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel –que antecedió a Godoy–, cuenta con más de ocho vehículos de lujo, de reciente modelo, así como una lancha para pesca deportiva, y es dueño de una clínica médica con valor de 16 millones de pesos, en el puerto de Lázaro Cárdenas, de donde es originario.

Mientras que, el 6 de noviembre, fue detenida la secretaria de Finanzas del gobierno de Leonel Godoy, Mireya Guzmán Rosas, por el delito de peculado al haber utilizado recursos públicos en su beneficio. Según el comisionado Castillo, la Contraloría del estado sumó 14 sanciones administrativas en contra de la ex funcionaria. Su pecado: no haber rendido cuentas de los ingresos de un estacionamiento público propiedad del Gobierno del Estado.

En realidad, Mireya otorgó un contrato de arrendamiento de un terreno baldío de 500 metros frente a unas oficinas descentralizadas del Ayuntamiento de Morelia, que se utiliza como parqueadero, y aparentemente no reportó la renta. La falta de gravedad del delito permitió que, al día siguiente, Guzmán Rosas saliera libre bajo fianza tras pagar 423 mil pesos por la reparación del daño, una multa de nueve mil 564 pesos y 20 mil pesos por caución.

Castillo que ha sido omiso a lo que pasó durante el gobierno priista, incluso cuando ya era él comisionado especial, se muestra quisquilloso con lo ocurrido en la administración de Godoy. Por eso, el ex mandatario afirmó que la de Mireya Guzmán fue una detención arbitraria, no sólo porque la ex funcionaria tenía facultades para firmar el contrato o ceder en comodato el terreno, como ha ocurrido cientos de veces por parte del gobierno estatal con particulares, sino porque se desató un linchamiento mediático hacia ella, cuando se trata de un asunto civil que se resolvía con un trámite. El comisionado, dijo Godoy, violentó los derechos humanos al difundir imágenes de una persona que no ha sido sentenciada.

Adalberto Carvajal

 

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