El colmo de la inseguridad en Guerrero

Desde el pasado miércoles 10 de diciembre, 198 escuelas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria de Acapulco suspendieron las clases y cerraron sus puertas, al decir del secretario de Educación en el estado de Guerrero, Salvador Martínez de la Roca, por no haber las condiciones de seguridad para el trabajo de los docentes ni para los alumnos, ya que según se informó en un corto lapso se registraron 19 secuestros contra estudiantes y maestros.

Todo indica que la inseguridad se ha agudizado en Guerrero luego de los acontecimientos de Iguala y Chilpancingo, aunque al parecer el problema principal radica en la ineficiencia de los cuerpos de seguridad, tanto federal como estatal y del municipio, pues hasta ahora no han sido capaces de detener los desmanes, las fechorías y diversos actos violentos que realizan los grupos, dizque en apoyo a los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, lo que está cansando a la población de una amplia región.

Es inadmisible que más de 33 mil alumnos resulten afectados solamente en varias colonias de Acapulco y una comunidad cercana, cuando se supone que los gobiernos están obligados a garantizar la seguridad e integridad de alumnos y maestros, luego de los secuestros que han ocurrido en las inmediaciones de las escuelas, por lo que resulta una actitud muy sospechosa que se opte por una salida bastante cómoda, en lugar de actuar en contra de la delincuencia.

Al decir del secretario de Educación de Guerrero, se prefirió cerrar las escuelas y dar un tiempo para preparar un operativo de seguridad para que a partir del 7 de enero del próximo año que regresen a clases, después del periodo vacacional, se les puedan dar mayores garantías, ya que las acciones de la delincuencia han llegado al grado de que un grupo de hombres armados llegaron a la escuela secundaria 100 de la colonia El Coloso y tras rociar de gasolina las oficinas de la dirección, le prendieron fuego, al parecer porque el personal docente se ha negado a darles una cuota.

Según el funcionario, la idea es preparar un operativo en el que si es necesario se recurra a contratar seguridad privada, aunque lo que llama la atención es el hecho de que las autoridades no hayan hecho algo desde antes, pues se sabe que estas exigencias y amenazas se presentan cada fin de año en escuelas de la periferia de Acapulco porque los criminales les exigen que entreguen parte de su aguinaldo.

Sin duda la complejidad por la inseguridad en Guerrero no es sólo por lo ocurrido en Iguala, sino por una larga historia de ineficiencias, impunidad, complicidad y corrupción, por lo que el problema no podrá resolverse con medidas paliativas y superficiales, ya que el temor y la incertidumbre en que viven muchas familias las ha llevado a manifestarse y exigir al Gobierno del Estado que se implementen medidas de seguridad en contra del secuestro, los homicidios y asaltos que ocurren en diversas zonas, aunque hasta ahora el gobernador ni siquiera se ha dignado recibir a los quejosos, a pesar de la gravedad del tema.

Muy bien hacen los docentes y trabajadores administrativos en exigir una solución al problema de inseguridad, pero esto requiere también de la participación de los padres de familias y de los diversos sectores sociales de Guerrero, pues como están las cosas, lo que se necesita son acciones de fondo en contra de la delincuencia, pero al mismo tiempo para reconstruir el tejido social tan afectado por el tema de los estudiantes desaparecidos y asesinados.

A su vez el gobierno federal debe actuar de una vez por todas en contra de anarquistas, de integrantes de la CNTE, de la CETEG y de quienes se han infiltrado en las marchas de padres de familia dolidos por la pérdida de sus hijos, desvirtuando una legítima lucha por la justicia. No se necesita mucho para saber que ahí andan grupos de la propia delincuencia, además de representantes de fuerzas oscuras que buscan aprovecharse de la situación y lucrar con el dolor de los afectados, encabezados por esos dizque profesores que se han caracterizado por la violencia en sus manifestaciones.

Guillermo Montelón Nava

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