José Gilberto García Nava

Confesiones IV

Digresiones personales

José Gilberto García Nava

Total que entrando el año 1980 no me regresé al Distrito Federal. Con tiempo completo en el ITC -unas horas en la mañana y otras en la tarde-, tuve tiempo de atender una asesoría jurídica en el Congreso del Estado, a invitación de tres diputados que, con el paso del tiempo, han llegado a ser verdaderos y estimados amigos: Marcelino Bravo Jiménez, mi padrino de bodas, Alfredo Romero Velasco, mi compadre, y Alfredo Espinoza Rentería.

Todavía sin la figura de un coordinador, la XLVI Legislatura funcionaba con diputados proclives a las órdenes de la gobernadora, como Yolanda Delgado, Jorge Salazar y Conchita Barbosa. El Congreso funcionaba en la planta baja de Palacio de Gobierno: un espacio con un recinto legislativo pequeñito, una sala de juntas donde sesionaban habitualmente los nueve diputados y un hall a modo de local para secretarias. Era todo. Mi función se limitaba a preparar a algunos diputados tarjetas informativas, comentarios jurídicos, atender gestiones legales o brindar asesoría a personas que me indicaran. Nunca fui requerido por Yolanda ni Jorge Salazar, percibía que mi presencia no les era grata. Con la primera lo pude comprobar años después, cuando fui candidato a diputado por la Villa y ella terminaba su período como alcaldesa.

Un día pude comprobar el grado de control que ejercía la gobernadora en varios de los diputados. Llegó al Congreso una iniciativa suya para expedir una Ley de Ecología, que una amiga de doña Griselda la había entusiasmado en promover aquí en Colima. Cuando se me pidió mi opinión –que para eso era el asesor jurídico de la Legislatura- expuse que no era posible debido a una incompetencia constitucional: todas las materias de la ecología estaban adjudicadas entonces a la esfera federal[1]. Mis tres amigos cabildearon el tema y consideraban inconveniente aprobarla. “Los otros” llevaron el chisme al Ejecutivo. Carlos de la Madrid Virgen, a la sazón secretario general de Gobierno, me llamó una mañana a su despacho. Platicamos el tema y quedó convencido de la improcedencia competencial de la iniciativa. Pero me dejó prendido en el pecho un dardo: no se le puede decir “no” a la gobernadora. Me indicó que, en lo futuro, antes de enviar una iniciativa al Congreso, me invitaría a su despacho para comentarla previamente. La mentada ley naufragó en aguas profundas.

Poco después la gobernadora envió otra iniciativa al Congreso, ahora relativa a la Ley de la Universidad de Colima. Llegó el documento acompañado de una tarjetita de doña Griselda, con su puño y letra: “Apruébese como está” y su rúbrica, una “G” antigua, escritas con tinta negra. Conchita Barbosa me la enseñó y me pidió amablemente formular el dictamen correspondiente. Así lo hice sin pestañear. Así se cumplió su orden.

En el último tercio del año 1980 los diputados amigos me invitaron a Chetumal a participar en el Congreso Nacional de Legisladores. Para no ir de flojo, preparé tres ponencias: una para Marcelino, una más para Conchita y otra para Alfredo Romero. En la noche de nuestra llegada, en la cena de recepción, Yolanda Delgado se acercó a mi lugar para decirme que dejara de parecer como diputado y me limitara a estar disponible si era necesitado, que no participara en los eventos. Los demás diputados no estuvieron de acuerdo y permitieron que asistiera a todos los eventos programados. El enojo de Yola fue evidente.

Para enero de 1981 Conchita Barbosa me dio la mala nueva: anunció que ya no necesitaban asesor jurídico. Les di las gracias a mis amigos y a otra cosa.

Esta Legislatura, creo que en 1982, desaforó al diputado tecomense Serapio Ramírez Godínez por una supuesta participación suya en un homicidio. De ese caso hablaré en otro artículo, puesto que junto con Miguel Martínez González nos encargamos de su defensa y logramos obtener el amparo en contra de la orden de aprehensión.

En febrero de 1981, el presidente municipal de la Villa y compañero del ITC, Gabriel León Polanco me invitó a ser su asesor jurídico. Trabajé con él todo el resto del trienio y lo hice con su apoyo total. Fueron dos años de trabajo estimulante y experiencias enriquecedoras, sobre todo el de 1982, el primero del presidente Miguel de la Madrid. Tuve la oportunidad de elaborar adicionalmente una monografía del municipio, que me permitió conocerlo a profundidad, lo que me fue de mucha utilidad cuando llevé a cabo mi campaña electoral para diputado por el, entonces, IV distrito electoral local, experiencia de la cual hablaré más adelante.

Paralelamente, en mi tiempo al servicio del ITC, entre 1980 y 1981 me dediqué por las tardes a la investigación sobre la legislación colimense, en el local del Archivo General del Estado, en Venustiano Carranza #180, que atendía el gran amigo Jorge Pineda. La Compilación fue publicada en septiembre de 1981 por la gobernadora, en coedición con el ITC. Pero a fines de 1980 se editó un librito de la Constitución colimense con todas sus reformas hasta ese año, que fue prologado por la propia Griselda Álvarez. Fueron mis primeros trabajos para el ITC y el Gobierno del Estado. En el año 2010, casi 30 años después, el ITC publicó la moderna versión de la Constitución colimense actualizada, que doné al Congreso y que ahora está disponible en su página web.

Mi correo electrónico es gilberto53colima@hotmail.com. ¿Se anima a enviarme un comentario?

[1] Años después, una reforma constitucional estableció la materia ecológica como coincidente entre las esferas competenciales federal y estatal, denominándola materia general.

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