Editorial

Por más justa que sea la causa, las manifestaciones que laceran la economía de terceros, principalmente pequeños comerciantes o el sector empresarial –del cual también dependen decenas de miles de personas–, no se deben alentar y mucho menos promover. En Colima, diversos actores políticos han incurrido en delitos al bloquear instalaciones de Pemex y tomar casetas de cobro.

La Procuraduría General de la República, en su cabal función, ya abrió tres carpetas de investigación por bloqueos que se registraron en instalaciones federales en Colima. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) quitó los permisos de operación a los transportistas que bloquearon vías federales. Ante estos antecedentes, es muy probable que también existan repercusiones legales contra los integrantes de Productores Unidos por Colima (PUC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Colima (UNTA), en caso de que éstos bloquearan el puerto de Manzanillo.

Al final, estas estrategias de presión contra el gobierno no van a revertir el oneroso aumento a la gasolina, pero sí perjudican a sectores productivos que son indispensables para la economía estatal y federal, además de que abonan a generar un clima de zozobra en la población; de igual forma los actos vandálicos registrados en la mayor parte del territorio nacional propician un clima de ingobernabilidad, situación que perjudica a todos los mexicanos y que beneficia al fenómeno delincuencial.

Si bien el gasolinazo y sus efectos inflacionarios es un tema que indigna y causa el enojo de la gran mayoría de los mexicanos, los caminos y rutas para revertir este aumento en el energético no son los de la violencia y el quebranto de la ley. Al contrario: se debe transitar por las vías institucionales, principalmente la Cámara de Diputados, para exigir a nuestros legisladores que reviertan esta medida que ha causado el encono social. No se puede exigir justicia social violando la ley o quebrantando el orden constitucional. Ese sería un grave error.

Lo ideal es que se buscara el camino del diálogo y la colaboración entre la sociedad organizada y los legisladores, para, de manera legal, buscar los mecanismos que reviertan el alza de la gasolina y el consecuente aumento en los servicios y productos de primera necesidad. La clase política, senadores y diputados, deben atender este llamado de la sociedad en este momento, antes de que el encono social sea más virulento.

Comentarios

Notas Relacionadas