Interés Público

ENTRE PERIODISTAS

Por fin se iniciaron los trabajos para la creación de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico. La ley contemplaba que el Gobernador designara de manera unilateral al Presidente y Secretario Ejecutivo de la misma, sin embargo, se abstuvo de dicho derecho para permitirle al gremio periodístico proponer una terna para cada cargo de entre las cuales designaría a los titulares de la Comisión.

En una nutrida reunión de periodistas se comenzó una acalorada discusión para definir el método de selección de las ternas, así como si debían integrarse las ternas en ese momento o posponer la designación a un profundo análisis por parte de las diferentes asociaciones y grupos de periodistas. En medio de intenso debate y después de una democrática votación, se optó por definirse en ese momento las ternas a propuesta de los asistentes y por medio de un conteo de voto por voto.

Para encabezar la presidencia de la Comisión quedaron electos, para integrar la terna, por mayoría de votos: Julio César González Rincón, Juan Carlos Flores Carrillo y Marcia Liliana Castellanos Llerenas, mientras que para integrar la secretaría ejecutiva quedaron Marcia Liliana Castellanos Llerenas, Baldomero Díaz Gaytán y Arnoldo Delgadillo Grajeda. Ahora no queda más que esperar los seleccionados por el gobernador.

De parte de Ecos de la Costa esperamos que los seleccionados a parte de su currículo periodístico, académico o desempeño, también se tome en consideración su congruencia en la defensa de los derechos de los periodistas, pues aquellos que no han defendido a sus colegas afectados en la ausencia de la comisión, tampoco los defenderán aunque los pongan a presidir la misma.

También apostamos a la congruencia de lo que se vive en el gremio, en las calles, en las redacciones y en las plumas existe una fuerza femenina predominante, así como también un vertiginoso relevo generacional. No esperamos que el Gobernador se decante por cuestiones de género o juventud sino que simplemente haga justicia a una realidad que no se puede negar. Llegó el momento de las mujeres, llegó el momento de los jóvenes. Enhorabuena al gremio periodístico.

 

APROBADOS Y REPROBADOS

La consultora Cifras de México, a iniciativa de la asociación civil Fundación Lo Mejor de Colima, aplicó una encuesta, el primer trimestre de este año, a tres mil 800 colimenses para conocer la percepción ciudadana referente a las autoridades, principalmente al gobierno federal, estatal, municipal, así como legisladores y el poder de justicia. Los encuestados fueron mayores de edad, hombres y mujeres elegidos en los diferentes estratos sociales, a quienes se les aplicó el cuestionario del 6 al 12 de abril, de manera simultánea en los 10 municipios.

Para garantizar los resultados, las entrevistas se sostuvieron bajo estricto método aleatorio y, en algunos casos, ponderado y, en otros, sin ponderaciones; fue por distrito local, municipios y estado. Dicho estudio reconoce un margen de error estadístico de +/- 3.1 % y un nivel de confiabilidad del 95 %.

El estudio de opinión determina que el gobernador Ignacio Peralta Sánchez obtuvo una calificación probatoria; entre las calificaciones que obtuvo el Ejecutivo estatal, con mayor porcentaje, se encuentran entre siete y ocho puntos, con 19.7 y 17.6 %, respectivamente.

En cuanto a los funcionarios estatales, las preguntas versaban sobre si han oído hablar de ellos, lo conoce (para calificar su preparación y su trato hacia los ciudadanos) y sobre su desempeño político. En este rubro, los mejores calificados, en una escala del uno al 10, fueron el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González; el secretario de Desarrollo Rural, Agustín Morales Anguiano, y el director del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones, Petronilo Vázquez Vuelvas; todos con una calificación de 6.7.

Mientras que los funcionarios públicos estatales con peores calificaciones a su desempeño, conocimientos o trato a los ciudadanos, son el secretario de Seguridad Pública, Javier Castaño, que alcanzó el 5.2; el procurador general de Justicia, Guadalupe Franco Escobar, con 5.4, y el titular de la Secretaría de Turismo, César Castañeda Vázquez del Mercado, con 5.5.

En el mismo sentido el estudio refleja que los colimenses reconocen muy pocos resultados del trabajo del Poder Judicial y califican con seis el desempeño del Supremo Tribunal de Justicia, por el 27.3 % de los encuestados y con cinco por el 20.3 % de los que respondieron la encuesta.

De acuerdo a la encuesta, el Congreso del Estado obtuvo una calificación reprobatoria, ya que la mayoría de los colimenses considera su desempeño como Muy Malo (47.8 %) y Malo (38.4 %); solo el 1.1 % de los encuestados dieron una calificación de Excelente. En el caso de los 16 diputados elegidos por el voto directo, el mejor calificado por los colimenses es el representante de Cuauhtémoc, Octavio Tintos Trujillo, con un decoroso 7.2 % en su Capacidad de Gestión y un 6.6 % en el promedio que califica su Liderazgo, Honestidad, Carisma y Trabajo Legislativo.

Al legislador del PRI lo siguen, en ese orden, el representante del Distrito I, Riult Rivera Gutiérrez, y Héctor Magaña Lara, del Distrito VIII, ambos con 6.5 % en su calificación promedio, mientras que el peor calificado es el legislador plurinominal Luis Ladino Ochoa, quien obtuvo un promedio en su desempeño del 4.8 %.

De manera significativa se destaca el resultado del reactivo 13 del estudio realizado por Cifras de México, donde se califica a los alcaldes “por sus aptitudes y labor desempeñada” en aspectos como “Cercano a la Gente”, “Cumplidor de Compromisos”, “Organizado”, “Firma de Carácter”, “Conciliador y Tolerante” y “Desempeño Administrativo”.

Por otro lado, referente al trabajo de las y los alcaldes del estado, en el concepto de “Cercanos a la Gente” son los presidentes municipales de Manzanillo y Comala, Gabriela Benavides y Salomón Salazar, respectivamente, los que mejor indicadores tienen, pues obtuvieron una calificación de desempeño del 7.6 %; el peor calificado, en este aspecto, es el edil de Tecomán, Guadalupe García Negrete, con 6.1 %.

Los alcaldes más cumplidos son Crispín Gutiérrez de Ixtlahuacán, con una calificación de 7.6 y Salomón Salazar de Comala con 7.4. Y otra vez califican como el menos cumplidor a Guadalupe García con un desempeño del 6.2. Los alcaldes más organizados son los de Comala, Cuauhtémoc e Ixtlahuacán, calificados con 7.5 % en este rubro; el peor calificado fue el edil de Minatitlán, Horacio Mancilla, con 6.1 %.

Los alcaldes de Manzanillo e Ixtlahuacán resultaron ser los más “Tolerantes” con 7.5 %, y el edil menos calificado fue Rafael Mendoza de Cuauhtémoc con 6.1. Por último, se destacó que los alcaldes con mejor “Desempeño Administrativo” son los de Manzanillo y Comala, Gabriela Benavides y Salomón Salazar, respectivamente, al alcanzar la calificación de 7.5. La calificación más baja le correspondió a Guadalupe García de Tecomán, con 6.1 %.

Es importante que las autoridades conozcan la percepción que la ciudadanía tiene de su trabajo y desempeño. Los resultados de este estudio de opinión, más allá de la grilla política, deben ser tomados como un referente, un indicador de su función para identificar fortalezas y debilidades. Y que los mismos funcionarios hagan una autocrítica de su trabajo para, con base a ello, mejorar.

Si bien esta clase de ejercicios demoscópicos no son una verdad axiomática, sí representan material de interés periodístico, como cualquier encuesta que versa sobre temas relacionados con la función pública o el comportamiento preelectoral. Todos los gobiernos deben escuchar y atender las demandas de la población, pero sobre todo actuar de manera responsable para solucionar los principales problemas que aquejan a la sociedad.

Al respecto, en este estudio de opinión se preguntó cuál cree que sea el principal problema del estado de Colima, la mayoría de los colimenses expuso que faltan salarios de calidad, y le sigue, de manera descendente, el desempleo, la corrupción y, en un cuarto lugar, la inseguridad. Son temas que se relacionan y que las autoridades deben resolver de manera transversal, ya que uno de los factores que propician la delincuencia es la falta de oportunidades laborales.

En gran medida, los grupos delictivos aprovechan el bono demográfico de la juventud. Por eso es común ver que los detenidos y ejecutados, en su gran mayoría, oscilan entre los 18 a los 35 años. Dar empleo con salarios de mayor calidad resolverá también el problema delincuencial, pues se ataca de fondo. La población sabe lo que le falta, porque experimenta esa carencia en su cotidianidad. Lo que los gobiernos deben hacer es escuchar estas voces y actuar en consecuencia, de la manera más responsable y eficiente.

 

CONGRESISTA Y LA BOLITA

A propósito de la reforma político-electoral, que no solo deberá estar aprobada sino publicada en el Periódico Oficial del Estado a más tardar el próximo 30 de junio, las diputadas locales del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, acompañadas por Luis Humberto Ladino Ochoa, su coordinador, ofrecieron la semana antepasada una conferencia de prensa en Manzanillo, en la que el legislador plurinominal acusó a los legisladores independientes de realizar un plagio legislativo, pues varios de los temas incorporados en su iniciativa de reforma en esa materia ya habían sido presentados por legisladores panistas, particularmente por Martha Sosa y por el propio Ladino.

Ayer el coordinador de la fracción de diputados independientes en la Legislatura local, Nicolás Contreras Cortés, flanqueado por sus compañeros de bancada, Luis Ayala Campos y Javier Ceballos Galindo, no solo desmintió la acusación de su homólogo albiazul, sino que le reviró al demostrar a los medios de comunicación que al menos en dos temas: la disminución de legisladores locales y la llamada afirmativa ficta legislativa, antes que Luis Humberto Ladino, el propio Contreras Cortés presentó sendas iniciativas, esto cuando entre 2009 y 2012 fue diputado del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Dijo Nicolás Contreras que las iniciativas, los decretos y las leyes no tienen derechos de autor, y tiene razón; sin embargo, lo que sí deben contener esos documentos legislativos por parte de quienes los presentan, es el crédito correspondiente a quienes previamente hayan presentado propuestas similares, y de acuerdo a los documentos expuestos por el legislador independiente, las iniciativas de reducción en integrantes del Congreso y la afirmativa ficta legislativa del diputado Ladino, no otorgan el crédito a nadie, como si se tratara de propuestas inéditas.

Más allá de fobias, de acusaciones de plagio legislativo y de revires, lo que una reforma constitucional en materia electoral, anticorrupción, defensa de los derechos humanos, transparencia o la que sea, para que transite, requiere del más amplio consenso y de las mayores coincidencias posibles, pero en el caso de la reforma electoral local pareciera que las concomitancias fueran algo negativo. ¿Será que hay quien propone cambios esperando que éstos no caminen para que las cosas queden igual? Ojalá no sea así.

 

PEÑA Y EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL

El gobernador Ignacio Peralta confirmó el día de ayer lo que desde el viernes se escuchaba en los grupos políticos: que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estaría en Colima el próximo miércoles 10 de mayo. La fecha no es casual, sino que el Presidente de la República espera darle una especial connotación a su visita, pues ese día se celebra a las madres en México. Por eso su gira de trabajo en la entidad comprende, de manera preliminar –pues la agenda aún no está definida— un recorrido por las instalaciones del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Hospital Materno-Infantil de la Secretaría de Salud. Ahí el Presidente de la República, junto con el Gobernador, tendrá un encuentro con algunas de las madres que reciben atención médica en ese nosocomio.

Durante una entrevista con los medios de comunicación, el Gobernador adelantó que en la gira se le planteará al Presidente la situación financiera adversa que prevalece en el Hospital Materno-Infantil, el cual, aunque se encuentra en términos de infraestructura y equipamiento completo, no puede entrar en operaciones por la falta del recurso económico que implica el gasto operativo. En ese sentido, no es un gasto menor, pues se prevé que en personal administrativo, médicos, enfermeras y material clínico se requieren cerca de 130 millones de pesos.

Aunque desde un principio se acordó con el Gobierno federal que el gasto operativo de ese nosocomio sería solventado por el Gobierno del Estado, la actual condición financiera imperante impide que esto se pueda concretar. De manera responsable, el gobierno de Ignacio Peralta ha previsto dos estrategias para solucionar esta problemática: una opción es que el gobierno de Enrique Peña Nieto asigne un recurso para apoyar en el pago del gasto operativo o, por otro lado, que el Gobierno del Estado abra el hospital por etapas, de acuerdo a las condiciones financieras y al flujo de recursos. Estas opciones son analizadas por el Ejecutivo estatal.

Mucho dependerá de la buena relación del presidente Enrique Peña con el Gobernador, pero también de la simpatía que el Presidente tiene con los colimenses, a pesar de que tiene algunas promesas pendientes, como la rehabilitación de una zona del Paraíso. Sin embargo, más allá de eso, en las últimas visitas del Presidente ha tenido un gran respaldo de la gente de Colima. El Presidente se ganaría aún más la simpatía y el cariño de los colimenses si apoya, en la medida de lo posible, estos dos hospitales que tan importantes son para darles atención hospitalaria a los ciudadanos de la zona metropolitana.

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