Ejecutivo, STJE y Congreso no evalúan a jueces ni a magistrados

 

El Ejecutivo del estado, el Poder Judicial y el Congreso del Estado de Colima, están obligados a garantizar que el sistema de justicia funcione bien, la sociedad debe estar segura de que sus jueces sean confiables y resuelvan con justicia todas las controversias que se sometan a su competencia; sin embargo, todos sabemos que el sistema de justicia en México tiene insatisfecha a toda la población, ¿cuál es el motivo?

Para responder esta pregunta no resulta difícil saber que el sistema de justicia no es aprobado por la sociedad, porque no es confiable, basta ver las estadísticas del nivel nacional y estatal y ahí podemos ver que la sociedad no confía en sus jueces.

El principal motivo por el cual se carece de jueces confiables es porque no existe ningún sistema de rendición de cuentas de jueces y magistrados, en Colima a pesar de existir disposición expresa en la Constitución federal y en la Constitución del Estado, que los jueces y magistrados locales tienen que ser evaluados de manera permanente para saber si éstos están cumpliendo sus funciones.

Sin embargo, ni el Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ni el Congreso del Estado, han podido solucionar esta problemática debido a que señalan que no existe un procedimiento para tal efecto, y el otro es que al no contar con un mecanismo para evaluarlos, se entorpece el procedimiento para designar a jueces y magistrados y cada vez que se les vence su nombramiento trae como consecuencia que los que están en su función, ya sea que hagan bien o mal su trabajo se vuelvan inamovibles; así han sido ratificados jueces y magistrados casi en su totalidad, quizá solo uno de 11 magistrados no lo está.

Este sistema de ratificación tácita que existe en el derecho colimense ha favorecido a que jueces y magistrados se mantengan en el cargo, muchos de ellos sin tener los méritos suficientes y esto redunda en la calidad de justicia que se imparte en el STJE, claro, si por un lado no evalúan el rendimiento del desempeño de un juez, el supremo tribunal no sabe y no quiere darse cuenta si están haciendo bien las cosas, aunque observamos que las estadísticas de calidad en la impartición de justicia no los aprueban, esto sería suficiente para que los tres poderes se apresuraran a contar con un procedimiento adecuado para evaluar la calidad de justicia que tenemos, pero no hay y, por supuesto, parece que alguien le interesa que así sigamos.

Al único que le interesa que haya mecanismos de revisión y evaluación en la calidad de justicia del estado es a la sociedad, hay incluso asociación de jueces y secretarios, asociación de abogados cerca del tribunal y parece ser que están conscientes y conformes con ese sistema; sin embargo, tanto la Constitución y la jurisprudencia de la misma Suprema Corte, obligan al estado de Colima a que se debe evaluar el desempeño de jueces y magistrados, pero no se hace porque el Congreso del Estado y el Ejecutivo no han hecho las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de poder evaluar al sistema judicial en Colima y eso es grave, porque la omisión legislativa del Congreso en este sentido y la falta de interés por parte del Poder Judicial y del Ejecutivo ha ocasionado que jueces y magistrados que no cumplen con los méritos suficientes para desempeñar el cargo se mantengan en él, e incluso nos hemos dado cuenta que hay conflictos internos entre jueces y magistrados y ello redunda en el mal desempeño del sistema de justicia y en la violación masiva al derecho de acceso de justicia de calidad y eficacia que establece el artículo 17 de la Constitución federal, una violación a los derechos humanos en lo individual y una violación a los derechos humanos de la sociedad en general, ojalá pronto el Congreso del Estado, el Ejecutivo y el Poder Judicial se den cuenta de la grave violación a la Constitución y al sistema de justicia por no emitir un procedimiento para evaluar a jueces y magistrados en el desempeño de su función, pues su falta ocasiona que cuando se designa uno de esos cargos, se hace por ‘dedazo’, quizá ese es el aliciente por el cual no se quiere reformar la ley.

 

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