Interés Público

 

NO SE VIVE DE FESTIVALES

No solamente evade sus responsabilidad en materia de seguridad en el municipio de Colima, sino que el alcalde Héctor Insúa se beneficia con el recurso millonario que proviene del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Programa para Fortalecimiento de la Seguridad, programas a los cuales debiera renunciar o permitir canalizar los recursos aquellas corporaciones, dentro de la capital, que sí desempeñan funciones de Seguridad Pública.

Mañosamente, como siempre ha actuado el político oriundo de Jalisco, Héctor Insúa elude su responsabilidad en materia de seguridad pública con el pretexto de que hay un convenio con el Gobierno del estado, aunque reconoció que el artículo 115 de la Constitución General de la República establece la Seguridad Pública como una función del municipio.

No solamente el trabajo operativo es nulo por parte de la Seguridad Pública del municipio de Colima, sino que en materia de prevención del delito –trabajo que también le corresponde al Ayuntamiento—ha fallado arteramente, pues en el primer cuadro histórico de la capital, es blanco constante de robos y atracos a comercios y transeúntes.

Al alcalde de Colima, Héctor Insúa, le ha faltado contundencia y liderazgo, pues en la postura acomodaticia de relegar responsabilidades al Gobierno del estado, deja la oportunidad para descollar como servidor público. Sin embargo, al parecer, los temas de verdadera importancia no le interesan al presidente municipal, quien se ve más cómodo y feliz organizando eventos especiales, como el Festival del Volcán, que dejó contento a un sector de la población que se identifica con los gustos del alcalde.

Si bien genera un divertimento, la función del Ayuntamiento no es entretener, sino generar las condiciones idóneas para brindar mejores servicios a la población, entre los que se encuentra, como uno de los más sensibles, la seguridad. Y pareciera que este servicio lo entiende Insúa como un mecanismo de recaudación, pues los policías y agentes de tránsito, además de barrer las calles, están facultados para sancionar las faltas administrativas, por lo que sí recaudan multas por ese concepto.

A pesar de que el Alcalde capitalino desconoce la responsabilidad del municipio en materia de seguridad, su administración sanciona y recauda las multas correspondientes a dicho rubro, apelando a un convenio de hace siete años, que por ninguna razón puede estar por encima de la Constitución; es una incongruencia y una actitud mañosa la de Insúa, pues aunque reconoce que su Ayuntamiento sanciona, recauda y dispone de dichos recursos económicos no ejerce a plenitud la responsabilidad de brindar seguridad a la ciudadanía del municipio.

Por otro lado, ante el actual contexto de violencia, es indigno que los policías ganen ocho mil 261 pesos al mes y no se preste el servicio de manera total a la población, pues se les pone a barrer las calles –acaso con eso se piensa ahorrar el Alcalde el recurso de limpieza que también está obligado a brindar-.  Indigna, además, que Héctor Insúa haya dilapidado un millón 500 mil pesos en espectáculos –el costo del Festival Internacional del Volcán fue de siete millones 500 mil pesos—en lugar de invertirlos en aspectos sustantivos de la función pública, como el pago al salario de un año de 15 policías.

El Alcalde no se puede escudar en decir que, ahora sí –como ya lo hicieron público—va asumir su responsabilidad en materias de seguridad y buscará renegociar un acuerdo con el Gobierno estatal. No se trata de que unilateralmente implemente acciones, sino que lo ideal es que la estrategia parte de una buena coordinación entre las tres instancias de gobierno, municipal, estatal y federal.

Lo ideal es que responda y siga el consejo que su correligionario, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle hizo a la oposición, en este caso la panista, en el sentido de ser responsable y entender que el problema de la inseguridad requiere de soluciones compartidas y, sobre todo, evitar que se politice.

Y es que un problema tan apremiante y sensible como la inseguridad  requiere soluciones compartidas. En el caso de la seguridad, es indispensable una mayor coordinación entre los municipios, el estado y la federación. Bien lo dijo Moreno Valle, el tema de la inseguridad no debe entrar en una agenda política, sino debe entrar en una agenda de soluciones.

Eso no lo ha entendido Insúa, quien busca solazar y divertir, complacer con circo y show, en lugar de pensar prospectivamente y tomar decisiones que respondan a las problemáticas de la población. Su administración contrasta con las últimas dos alcaldías, de Federico Rangel e Ignacio Peralta, quienes dejaron una situación financiera más viable y generaron obra pública importante.

En el caso de Federico Rangel, invirtió un importante recurso económico para la colocación de nomenclatura en la mayor parte de la ciudad de Colima, con lo que permitió, por primera vez en muchos años, visibilizar el nombre de las calles de manera adecuada y le dio una mejor presentación a las vialidades, como las del primer cuadro del centro histórico. También le cambió la fisionomíaurbanística a las colonias del Mirador de la Cumbre, I, II, III, así como otras colonias de la zona oriente, a las cuales dotó de jardines lineales.

Por su parte, durante su administración municipal, Ignacio Peralta logró disminuir en más de un 50 por ciento,  la deuda del ayuntamiento con el sindicato; es decir, disminuyó una deuda de más de 20 millones de pesos a casi 10 millones, esto gracias al correcto manejo financiero, además de que generó importante infraestructura, como el puente de la Avenida de los Maestros, el cual se desbordada con las lluvias.

Contrario a lo anterior, el alcalde Héctor Insúa no ha generado una infraestructura importante en la capital del estado, aunque, eso sí, ha logrado aumentar la deuda pública de 4.6 millones de pesos en el 2015 a 5.8 millones el año pasado. ¿Dónde está la obra pública? También, para prejuicio de la población, su relación con el sindicato se vuelve cada vez más tirante, amenazando con explotar en una huelga que deje paralizado los principales servicios, afectando a decenas de miles de personas en la capital del estado.

Hay que recordar, en ese sentido, que el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Arturo León Alam, denunció penalmente a Héctor Insúa por el desvío de retenciones y aportaciones de los burócratas capitalinos. Se presentaron dos denuncias penales ante la mesa cuatro del Ministerio Público, pero el Alcalde logró ampararse; este asunto todavía no se dirime, por lo que está pendiente su desenlace.

Además, es sabido por los reporteros de la fuente del ayuntamiento capitalino, que el alcalde Insúa no es adepto a las entrevistas, al menos que las pague y sean a modo. Y es que en una entrevista en diciembre del 2015, cuando recién había asumido el cargo de presidente municipal, Héctor Insúa insultó a un grupo de reporteros que osó preguntarle si no le preocupaba ser víctima de la violencia, a lo que respondió que sólo los “pendejos” hacían ese tipo de preguntas, cuestionamiento que ya habían respondido otros alcaldes sin necesidad de utilizar palabras altisonantes.

En un nivel bajito, Héctor Insúa se parece a políticos como Trump y López Obrador, que condenan a la prensa y la atacan cuando la crítica no los favorece o le recuerda sus constantes yerros y desaciertos, así como su nula capacidad de gestión para resolver las grandes problemáticas del municipio.

Si quiere reelegirse, Insúa tendrá que idear algo más que el fugaz espectáculo y solaz del Festival Internacional del Volcán. Sobre todo tendrá que asumir un liderazgo del cual, hasta el momento, carece totalmente.

 

LEY ELECTORAL PARA EL 2018

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez envió al Congreso del estado su propuesta de iniciativa de ley para reformar el Código Electoral del Estado, la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.  De esa forma queda complementada la propuesta de reforma constitucional enviada recientemente por el mandatario estatal en materia electoral.

En lo que se refiere a las modificaciones al Código Electoral del Estado, el Gobernador propone reformas en materia de candidaturas independientes, elecciones consecutivas, paridad y equidad de género en materia política y delitos electorales. En reformas en materia de candidaturas independientes se plantea regular las convocatorias para el proceso de selección de candidaturas independientes, estableciendo que será necesario únicamente la presentación de los formatos de respaldo ciudadano, acompañados de la relación de nombres, firmas y copias de las credenciales de elector, para su validación por parte de la autoridad electoral.

En el mismo tenor señala que el porcentaje de las firmas mínimas ciudadanas de apoyo requeridas para que un aspirante acceda a una candidatura independiente sea del tres por ciento con base en la Lista Nominal de Electores y no en el Padrón Electoral. Por otra parte -como una obligación que alienta la transparencia- propone establecer, como requisito para acceder a las candidaturas, que el aspirante presente su declaración patrimonial, de no conflicto de intereses y fiscal, conocida como Declaración 3 de 3.

Respecto a las elecciones consecutivas, esta Iniciativa de Ley establece claramente la fecha del 30 de noviembre del año inmediato anterior al de la elección correspondiente para que se separen del cargo que ostentan, antes del inicio de los procesos internos de los partidos políticos. Esta misma disposición aplicaría para la separación del cargo de un diputado que pretenda ser munícipe o al revés. La iniciativa también plantea adoptar un nuevo sistema para la integración de candidaturas para integrar el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, en el cual, para el caso de diputaciones, los partidos políticos registren por el principio de mayoría relativa hasta el 50 por ciento de candidaturas de un mismo sexo; las fórmulas de candidaturas deben cumplir tanto la paridad vertical, horizontal y transversal, por lo que propietarios y propietarias deberán tener suplentes de su mismo sexo.

En cuanto al principio de representación proporcional, cada partido político deberá presentar dos listas de prelación, cada una integrada por un solo sexo y por la totalidad de los cargos correspondientes. Por su parte, los ayuntamientos cuyo número total de presidentes municipales, síndicos y regidores sea par, el porcentaje para cada uno de los sexos será del 50 por ciento, y en el mismo rubro se establece -en términos de la Ley General de Partidos Políticos- que cada partido deberá hacer públicos sus criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputaciones por ambos principios de representación.

Aunado a lo anterior, se prevén acciones para promover y establecer lineamientos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, con el fin de proteger y garantizar el acceso y el ejercicio pleno de los derechos político-electorales. Se establece, finalmente, la obligación para los partidos políticos de garantizar la inclusión de jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, así como la representación de la población indígena, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual en las candidaturas para diputaciones por ambos principios; lo mismo será con la integración de los ayuntamientos.

Es alentador que el Ejecutivo del estado proponga una legislación tan a la vanguardia y que respalda muchas de las demandas de la sociedad organizada, sobre todo al flexibilizar las candidaturas ciudadanas y generar las condiciones para mayor equidad de género e inclusión de jóvenes. Ahora los legisladores deben analizar la propuesta del ejecutivo, así como las otras propuestas de ley, para aprobar la mejor legislación y que entre en vigor en noviembre de este año, cuando comienza el año electoral.

Este 2018 será importante en términos democráticos, por lo que es necesario tener un marco legal una legislación acorde a las expectativas de la ciudadanía y que impulse la participación de un mayor número de votantes. El próximo año será histórico y, sin duda, marcará un precedente en la vida democrática de nuestro estado y país.Es indispensable, pues, que lo legisladores locales actúen con responsabilidad y aprueben una ley electoral funcional y que responda a las expectativas de la ciudadanía.

 

EL EJÉRCITO QUE QUEREMOS VER

La noche de este jueves en el teatro Hidalgo de la ciudad de Colima, se realizó el Concierto de Gala, con la presentación de la Orquesta Sinfónica, Coro y Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del director mayor músico Rubén Darío Estrada Corona. El evento forma parte de los festejos con motivo del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El espectáculo fue, sin duda, alucinante. El público miraba y escuchaba atónito a músicos y cantantes derrochar talento en el escenario. Instrumentos bastos, fusiones musicales, popurrís, baile y diversión, todo de la mano del Ejército mexicano. El espectáculo fue tan bueno que arrebataban los aplausos del respetable público cada que uno de los cantantes o músicos lograba un tono o una nota complicada de manera impecable. Hasta por casi tres horas los asistentes se olvidaron que los que tenían enfrente haciendo el ambiente eran ni más ni menos que militares, cabos, soldados, tenientes, capitanes, sargentos y generales.

Ante el ambiente de inseguridad que azota al territorio mexicano, uno como civil agradece que el ejército salga a las calles, no sólo para combatir criminales y resguardar la nación sino también para compartir las galas de su talento con la población que cuida y protege. Los aplausos, risas y sonrisas logradas por el mariachi de la Sedena fueron clara muestra de que el Ejército mexicano es tan grande como la patria misma.

 

RETOS EN LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Grandes son los retos a los que se va a enfrentar la flamante Comisión para la Protección de los Periodistas, el primero de ellos en terminar de configurarse. La pelota está en la cancha de los medios de comunicación y las asociaciones de periodistas, quienes tendrán derecho a proponer un perfil por cada una de las cuatro posiciones para consejero vacantes, es decir, reportero, editores, escritores y articulistas. Ya con propuestas en mano, como indica la ley, será el gobernador quien designe los cuatro espacios vacantes. Quedando así cinco espacios para la sociedad civil organizada (definidos en la ley).

Colima es una tierra propicia para que la Comisión opere con libertad y flujo continuo, empezando porque somos la entidad con menos denuncias de agresiones de periodistas en todo el país, pues como la PGR informó, desde el 2010 al 2016 sólo una denuncia ante ellos fue interpuesta. Eso no significa que los periodistas de Colima andemos en paz, sino que existen agresiones que no se denuncian ante las autoridades por diversos factores.

De los grandes retos es el eterno debate de la libertad de expresión, si bien la ley delimita la libertad de expresión en los artículos sexto y séptimo constitucional, así como estipulada está en la carta de derechos humanos, la Comisión deberá tener especial atención en la delimitación de la libertad de expresión para tener un parámetro fijo para defender los derechos del gremio de manera eficiente e igualitaria. También se debe apostar por modificar el reglamento de la ley de protección de periodistas en el estado, pues los reporteros gráficos no son tomados en cuenta en la conformación de la Comisión.

La Comisión debe defender los derechos de los periodistas en todos los sentidos, no sólo en la defensa a ultranza de la libertad de expresión sino también de la defensa del producto del periodistas, es decir de la autoría, pues en estos tiempos modernos son bastantes los casos de medios de comunicación sin ética que se roban el trabajo de reporteros y periodistas para medio modificarlo y publicarlo en otros medios.

El plagio, la censura y las agresiones verbales y virtuales son el pan de cada día de los periodistas. Enhorabuena por la Comisión, esperamos una pronta conformación y una actuación a la altura de los perfiles seleccionados para encabezarla. Que sea por el bien de la población y su derecho a la información y los periodistas y la libertad de expresión.

 

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