Interés Público

ANTE LA VIOLENCIA, TODOS UNIDOS

Para nadie es ajena la violencia que padecemos los colimenses. En particular esta semana, la jornada de violencia se exacerbó con cuatro hechos que pusieron de relieve el impacto de los grupos delictivos. Primero, una balacera que se registró en la colonia Pablo Silva, a escasas cuadras de Casa de Gobierno, que causó pánico en los transeúntes y choferes que transitaban por esa zona. Afortunadamente la respuesta de la policía estatal y el ejército fue oportuna y eficiente, lo que permitió la captura de dos sicarios.

El segundo hecho de violencia, ese mismo martes pero por la noche, se suscitó en un restaurante muy concurrido y que está ubicado en la avenida Tecnológico de la ciudad de Colima, cuando unos sicarios balearon a un comensal.

El tercer hecho violento se suscitó en Manzanillo, donde asesinaron a balazos al director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (Capdam), Daniel Cortés Carrillo. Unos sicarios llegaron hasta el domicilio del funcionario municipal y le dispararon en la cabeza. Daniel Cortés murió en el lugar al instante.

Esta semana también asesinaron a un trabajador de la Universidad de Colima, el cual fue ejecutado a balazos en Tecomán. Se trata de Juan Manuel Cobián Venegas, secretario administrativo del bachillerato número 5 de la Universidad de Colima. La máxima casa de estudios lamentó los acontecimientos violentos en los que se vio involucrado este trabajador y, ante estas trágicas circunstancias, hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades para que cada quien, desde su ámbito de competencia, contribuya a erradicar esta situación de violencia, “que no beneficia a nadie pero que sí nos perjudica a todos”.

Tras estos hechos de sangre, el gobernador Ignacio Peralta encabezó la reunión 64 del Grupo de Coordinación Interinstitucional en materia de Seguridad Pública, realizadas en las instalaciones del C4. Ahí hizo un llamado a que hoy, más que nunca, se trabaje de manera coordinada en la materia.

El llamado debe tener una respuesta afirmativa y categórica por parte de las autoridades municipales, las cuales, de manera acomodaticia, han relevado su responsabilidad constitucional en materia de Seguridad Pública al estado. Y como ejemplo está el alcalde de Colima, Héctor Insúa. Gobierna uno de los 50 municipios más violentos del país y no se conoce, ni se tiene antecedentes, de acciones conjuntas con el Gobierno del estado, en materia operativa y de prevención, para combatir la delincuencia.

Al contrario, se ve a los policías de la capital barriendo y limpiando calles, en lugar de asumir la función que les corresponde: cuidar y proteger a los ciudadanos. En lugar de trabajar colaborativamente con la policía estatal, los elementos de seguridad de la capital se dedican a infraccionar con fines recaudatorios.

Ya no se diga lo que sucede en el municipio de Cuauhtémoc, donde el alcalde Rafael Mendoza viola su propio reglamento de tránsito y la ley estatal de movilidad. ¿Cómo puede coadyuvar en el trabajo de seguridad si no respeta las leyes? De ese tamaño es la indiferencia de los alcaldes panistas, con algunas excepciones, que buscan medrar electoralmente con el tema de la violencia, y que se sientan con los brazos cruzados esperando a que, mágicamente, el Ejecutivo estatal resuelva la problemática.

De ahí la importancia de que la clase política deje de lado el partidismo y las miras electorales, para centrarse en una estrategia integral que haga frente a la difícil problemática de la inseguridad pública. Por eso el Gobernador expresó, ante estos hechos, la necesidad de que prevalezca la unidad de todas las fuerzas y corporaciones de seguridad y de justicia. Difícilmente con esfuerzos aislados se obtendrán resultados importantes en esta materia.

El gobernador debe convocar a los 10 alcaldes de los municipios, los legisladores locales y al poder judicial para definir una agenda de acción prioritaria que genere una sinergia, tanto en el tema preventivo, operativo y también en la adecuación del marco legal. Hasta el momento no se tiene este trabajo de coordinación. De ahí los escasos resultados y los esfuerzos asilados por combatir el crimen.

 

EL VERDADERO ENEMIGO DEL PRD

El peor enemigo del PRD proviene del mismo partido; son sus propios militantes, quienes por sus ambiciones particulares pulverizan y fragmentan a este instituto político. Lo mismo ocurre con la izquierda a nivel nacional. Prácticamente inexistente, en Colima el PRD se visualiza en las figuras de Martha Zepeda del Toro e Indira Vizcaíno Silva.

Aunque la exalcaldesa de Cuauhtémoc ha visto mermada su figura política y ya no es muy seguro que represente los 40 mil sufragios que ganó en la contienda electoral para la diputación federal del primer distrito. Sin embargo, no obstante esto, sigue siendo un cuadro atractivo, más si se compara con las figuras del neopanista –pero aún sin expulsar del PRD—Francisco Rodríguez o los hermanos Sotelo.

Por eso, la pasada visita a Colima de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Beatriz Mojica Morga, tuvo una dedicación a la también exsecretaria de Desarrollo Social. Por eso la declaración de que los perredistas que hayan firmado el “pacto por la unidad” que impulsa el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pudieran ser sancionados o incluso expulsados del partido.

Indira fue una de las políticas que firmó este pacto. También, en ese tenor, con el afán de impulsar la figura de López Obrador a la presidencia de México, se unieron otros perredistas, entre los que destaca Carlos Sotelo, Jaime Sotelo y Adolfo Núñez. Ayer, en una rueda de prensa, y sin importar la advertencia del CEN del PRD, estos perredistas afirmaron que iniciarán con la creación de comités internos de apoyo a la candidatura presidencial del líder del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Actualmente, el PRD no tiene ninguna representación popular; es decir, no tiene ningún diputado local, federal y ninguna alcaldía a su cargo, por lo que no gobierna ningún municipio en el estado. Ante este contexto, una diáspora de sus principales figuras mermaría aún más a este instituto político, al grado de casi desaparecerlo.

De ahí el llamado de Mojica Morga para que se definan, en particular que decidan Indira Vizcaíno y Carlos Sotelo, en qué partido quieren militar. Y es que tanto Indira y Sotelo no se salen del PRD porque los verdaderos enemigos, a los que realmente temen, es a los belicosos militantes de Morena, quienes han manifestado su rechazo, en especial contra Indira Vizcaíno: hay que recordar la manta que le sacaron a la exalcaldesa de Cuauhtémoc en el mitin de López Obrador, en la cual la tachaban de traidora y vendida.

El trabajo de Sotelo e Indira a favor de la campaña de López Obrador no será acondicionado por el PRD, sino por los grupos que se pelean Morena Colima, y los cuales no van a dejar que unos perredistas les coman el mandado con la creación de comités a favor de la candidatura de su líder. Por eso no se salen del PRD: saben que no son bien recibidos en Morena y que le serían más útil a Andrés Manuel dividiendo y mermando al PRD. Trabajo que, por cierto, les está saliendo de maravilla.

 

EL CAMPO, CLAVE PARA EL DESARROLLO

El campo es uno de los rubros de desarrollo más importante que tiene el estado de Colima, en especial por el gran porcentaje de extensión territorial que está dedicado al sector agrícola. De ahí la trascendencia del apoyo que anunció el gobernador Ignacio Peralta, como parte del Programa de Concurrencia entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

En ese sentido, para el ejercicio 2017 se invertirán más de 45 millones de pesos en la modernización y tecnificación de unidades y distritos de riego de mil 136 hectáreas, en beneficio de 16 mil 075 productores. Dentro de estos recursos, el gobierno federal aporta más de 22 millones 500 mil pesos; los productores 18 millones 014 mil 932 pesos y el gobierno estatal aporta cuatro millones 503 mil 733 pesos.

En este programa se realizarán 45 acciones, cinco obras en las unidades de riego y 40 en los distritos de riego. Ya hay un avance importante y el propósito es abarcar todo el estado para impulsar fuertemente el desarrollo de este sector productivo. Es fundamental, para eso, la rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento tanto de unidades como de distritos de riego. De esa forma hay un uso eficiente y sustentable del agua.

Colima cuenta con una superficie de riego de 87 mil 107 hectáreas, que corresponden al 1.3 por ciento de la superficie nacional. Al respecto, se han modernizado y tecnificado 25 mil 902 hectáreas, y ahora, con el conjunto de estos esfuerzos institucionales, se suman mil 136 hectáreas.

En la medida de que se modernice el campo colimense y se canalicen más apoyos a los campesinos, con su debida asesoría y supervisión, habrá un mayor desarrollo económico del sector productivo agrícola. Colima tiene un gran potencial en este aspecto y debe consolidarse su capacidad de exportación y de producción para consumo local.

El gobierno del estado hace bien en invertir más recursos para el campo y en generar una política pública para los campesinos y productores locales. Ahora se debe procurar que estos recursos sean efectivos y realmente generen un cambio positivo en los sistemas productivos de la actividad agrícola en la entidad. No hay sector más noble que aquel dedicado a cultivar los productos que le dan al estado la sustentabilidad alimentaria.

 

CUENTAS CLARAS EN PENSIONES

Para que las finanzas del estado se mantengan sanas y le dé viabilidad operativa a la función del gobierno, el tema de pensiones es fundamental. El secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners, aclaró que la deuda que la administración estatal sostiene con la dirección de Pensiones, no es ni de mil millones de pesos, como el líder de los trabajadores sindicalizados del Gobierno del estado, Martín Flores, aseguró el pasado 31 de julio, ni reciente, ya que desde el gobierno interino de Ramón Pérez Díaz se cubrieron todas las cuotas.

Sin entrar en polémicas y en un falso debate con Martín Flores Castañeda, el actual líder de la burocracia estatal, el funcionario estatal aclaró que de acuerdo a los números que maneja la propia dirección de Pensiones, el adeudo por falta de aportaciones estatales y la entrega de retenciones a los trabajadores, cuyo adeudo se remonta a las últimas administraciones estatales, es menor a los 500 millones de pesos.

En realidad, quien va a determinar una cantidad exacta del adeudo en pensiones será el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig). No solamente determinará una cantidad de adeudo, sino que también deslindará responsabilidades ante cualquier acción que se haya realizado al margen de la ley, u omisiones que propiciaran la actual crisis de esta dirección.

Por otro lado, refleja el nivel de responsabilidad del actual gobierno y del gobierno interino de Ramón Pérez Díaz, de que se cubrieran todas las cuotas, tanto de las aportaciones de los trabajadores como las aportaciones del patrón. La auditoría en pensiones debe ser funcional y arrojar los datos que permitan dilucidar esta problemática y deslindar responsabilidades.

Sorprende, en ese sentido, que Martín Flores arroje cantidades exorbitantes y divergentes, pues él fue dirigente de la burocracia en administraciones anteriores y nunca dijo ni alzó la voz para dar a conocer de estas irregularidades en la dirección de Pensiones. Ahora se desgarra las vestiduras, ¿pero por qué no actuó en el pasado?

A la espera de los resultados de la auditoría y de las investigaciones que se emprendan para encontrar a los culpables de estos malos manejos financieros, el gobierno hace bien en cumplir con sus responsabilidades, pero sobre todo en operar el cambio de una fórmula que le dé viabilidad al pago de las cuotas, situación que beneficiará tanto a los trabajadores del estado como al mismo gobierno.

De ahí la importancia de las reuniones con los líderes de los sindicatos para buscar una nueva fórmula que lo integre, pues los trabajadores deben estar de acuerdo y coadyuvar. Pero, sobre todo, debe existir el análisis técnico que dé certidumbre financiera y legal a las pensiones futuras de los trabajadores.

De esa forma se garantiza que las cuotas de las entidades, efectivamente, lleguen a tiempo y en forma, y evitar que suceda lo que ya pasó en administraciones pasadas, en las cuales no se reportaban, además de que partían de una fórmula en que no tenía sustento financiero, pues aunque el Gobierno del estado hubiera aportado ese dinero, no habría alcanzado para que se pagaran las pensiones de los trabajadores.

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