INTERÉS PÚBLICO

UDEC Y JIPS, ALIANZA ESTRATÉGICA

Como una de las actividades por el 77 aniversario de la Universidad de Colima, el sábado pasado el gobernador Ignacio Peralta y el rector José Eduardo Hernández Nava sostuvieron un encuentro con líderes y exlíderes de la FEC, del SUTUC, la FEUC, la ACU, de Jubilados y Pensionados, así como con funcionarios universitarios, en el que se recordó la importancia de esta casa de estudios en la formación de las nuevas generaciones y en el desarrollo del estado.

El evento refrenda la alianza estratégica entre el gobierno y la UdeC, además de que pone de relieve no sólo un aniversario más de la máxima casa de estudios del estado, sino la importante consolidación que ha tenido a lo largo de más de siete décadas esta institución universitaria, pues una de las grandes aportaciones es el ejercicio responsable de su autonomía, así como la generación de profesionales comprometidos con las problemáticas de su entorno social.

Además de eso, los rectores de la Universidad de Colima se han caracterizado, entre ellos el licenciado Humberto Silva Ochoa, por una gran autoridad moral, lo que les permite propiciar los consensos de todos los sectores de la institución. Por eso la máxima casa de estudios goza de una sólida unidad, cimentada en el diálogo y el respeto a la diversidad de opiniones e ideas, vengan de donde vengan.

Su compromiso social es patente. Prueba de ello fue la gran ayuda enviada por los universitarios a los damnificados del sismo en Chiapas y Oaxaca, apoyos que se mantienen, además de que el rector aportará una quincena de su sueldo, dado el ejemplo a la comunidad universitaria para que emulen esta acción y donen, por lo menos, un día de su salario para los afectados por el sismo del 19 de este mes.

Al margen de esas acciones y del componente de desarrollo social que representa la UdeC, la alianza estratégica entre el gobierno de Ignacio Peralta y la máxima casa de estudios está más fuerte que nunca. En ese sentido, hay que recordar que uno de los primeros actos del Gobernador fue pagar la deuda de más de 200 millones que tenía el Gobierno del Estado –la cual creció exorbitantemente con Mario Anguiano–.

Asimismo, se pagaron las becas a estudiantes de la UdeC, entre otras instituciones universitarias, lo cual significó un acto de justicia para miles de estudiantes, los cuales durante los últimos años de la administración anguianista fueron afectados por la falta de pagos en los apoyos al sector estudiantil.

Ahora, ante el nulo incremento al presupuesto de la Universidad y la reducción en los fondos extraordinarios concursables, el rector le solicitó al Gobernador “sus buenos oficios ante la Secretaría de Hacienda, el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado para pedirle que, si bien no se incremente el presupuesto a nuestra institución, tampoco sea menor al correspondiente al cierre de diciembre de 2017”.

La UdeC es consciente de que provee bienes públicos a la sociedad y no persigue fines de lucro. De ahí la necesidad de contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones sustantivas en el ámbito académico y las cuales, en última instancia, tienen un impacto positivo para la sociedad.

La alianza estratégica entre la UdeC y el gobierno de Ignacio Peralta se simboliza en la Secretaría de Cultura, donde su titular, Carlos Ramírez Vuelvas, un destacado joven universitario y poeta, cuida que las actividades culturales en el estado se potencialicen con la sinergia entre el gobierno estatal y la máxima casa de estudios.

Junto con la Secretaría de Cultura, la Universidad de Colima es el punto neurálgico del desarrollo cultural en el estado. En esos espacios coinciden las diversas formas de expresión artística y se desenvuelven las actividades que son imprescindibles para la regeneración del tejido social, tan dañado por las adicciones y los efectos de la violencia delincuencial.

 

PRISCILIANO, PINTO Y HERIBERTO, SIN APOYO DEL MAGISTERIO

La doble moral y la incongruencia de los líderes de las secciones 6 y 39 del SNTE, Héctor Prisciliano, Heriberto Valladares, así como del diputado federal Javier Pinto, terminaron por desacreditar el movimiento por la dignidad del magisterio, el cual, a dos semanas de clausurar ilegalmente las instalaciones de una dependencia pública y prohibir el acceso de la población, no ha generado el arraigo social y mucho menos cuenta con el respaldo de la base del magisterio.

¿Por qué no tienen el respaldo de los 13 mil trabajadores de la educación en el estado? Porque el magisterio se dio cuenta que el motivo de fondo era electoral y no la lucha de sus derechos, pues si fuera así, los líderes sindicales se hubieran manifestado en el 2014, cuando comenzaron a generarse los adeudos.

Sin embargo, durante el 2014 y 2015 creció esta deuda hasta superar los cien millones de pesos. En ese tiempo no hubo ni un solo pronunciamiento mediático al respecto, mucho menos se tomaron las instalaciones como ahora, una afrenta para el mismo Gobernador, quien ha cumplido a cabalidad con el pago que el gobierno de Mario les escamoteó a los docentes: ¿por qué a él sí y a Mario no? ¿Por qué el amiguismo con la administración anterior que no cumplía con sus responsabilidades?

Lo grave es que en ningún momento los dirigentes se han pronunciado para que se dé con los culpables de estos desvíos. Tampoco han explicado por qué no se pronunciaron ni tomaron las instalaciones en el 2014 y 2015, cuando se generó la afectación. Lo lógico, lo moral y ético, hubiera sido que se exigiera en ese tiempo. Hablamos de pagos al IMSS, ISSSTE, de prestaciones importantes para el magisterio.

Esa incongruencia, esa omisión y abulida por defender el salario de los docentes no pasó inadvertida por las y los maestros que día a día, con profundo amor a la niñez y juventud colimense, trabajan en las escuelas. Ellos ahí están, cumpliendo su función y responsabilidad, a pesar de las presiones del sindicato para que, después de clases, cumplan con los roles de guardia en el plantón, principalmente a trabajadores administrativos y de intendencia.

¿Dónde están Pinto, Valladares y Prisciliano? Los líderes son los primeros que deben poner el ejemplo y tener, por lo menos, una guardia permanente afuera de la SE. Sin embargo, no se les ve ahí, sino que están, cómodamente, atrás de los micrófonos y grabadoras, despotricando contra un servicio educativo que en los hechos se mantiene apegado a la ley y que brinda un servicio de calidad a la población.

Por no ser congruentes, los actuales líderes del magisterio sólo cuentan con el respaldo de un medio acomodaticio que busca recuperar canonjías perdidas y la complicidad de quienes integran los comités seccionales, y los cuales eran beneficiados con una política dispendiosa que generó un déficit financiero de más de mil 300 millones de pesos.

Aunado a esto, también se incurrió en la entrega ilegal de plazas a incondicionales: se asignaron, durante el tiempo que el SNTE controlaba la SE, 215 plazas docentes violando la ley. Esta violación al derecho de los docentes está documentada por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) y tuvo el silencio cómplice de la dirigencia sindical.

No solamente fueron proclives a violar la ley y a guardar silencio, sino que también son malagradecidos con un gobierno que les ha dado, a ambas secciones, más de 12 millones de pesos en apoyos. Este dinero no es para el pago de salarios, sino que es para el cumplimiento cabal de los compromisos, convenios y bonos que merecidamente reciben los trabajadores de la educación. Si tan mal los trata el gobierno, ¿por qué les da 12 millones de pesos en apoyos? ¿O una cosa son los derechos del magisterio y otra los privilegios de la cúpula sindical?

Por eso los docentes cumplidores no les siguen el juego a los dirigentes del magisterio, quienes más que defender los derechos de sus agremiados buscan la asignación de cargos en el gobierno, así como puestos de elección popular. ¿O es coincidencia que la lucha por la dignidad del magisterio se dé en pleno proceso electoral? ¿Dónde estaba la dignidad del magisterio en el 2013, 2014 y 2015?

Las maestras y maestros son inteligentes. Saben que la cúpula sindical busca hacerse del control de la SE para utilizar la dependencia como un punto neurálgico para la operación política y económica en el 2018. Por eso, cuando la SE estaba bajo el control del sindicato se realizaron movimientos irregulares, afectando el derecho de otros maestros, pero beneficiando a sus consentidos y, sobre todo, a los familiares de quienes integran los comités seccionales. Eso está documentado: el FONE identificó más de tres mil 500 movimientos irregulares de plazas docentes durante el 2014 y 2015. ¿O también es coincidencia?

Tanto saben los maestros los verdaderos motivos del plantón, que se han mantenido al margen. Porque la valentía del magisterio está más que comprobada: en el 2015 no pasaron dos días de que se dejó de pagar el salario a los docentes de la Sección 39 –producto de las malas finanzas administrativas de Mario– y se pararon clases en los planteles donde laboran estos docentes.

Y estas acciones fueron emanadas de la base, pues la dirigencia de la 39, en aquel entonces, no pudo hacer nada para evitar esta acción. Su dirigente en ese entonces fue rebasado totalmente por la base. Cuando sus derechos son lastimados, el magisterio se moviliza de manera autónoma, ante la inoperancia de sus líderes sindicales.

Otro hecho es que los docentes están cansados de ver a quienes dicen defender sus derechos buscar, afanosamente, cargos de elección popular o dentro del gobierno, en lugar de enfocarse en mejorar las prestaciones y el salario que reciben los trabajadores de la educación. Los docentes no son borregos ni una masa acrítica a la que pueden controlar de acuerdo a intereses espurios y que van contra los derechos laborales del magisterio.

Si Pinto y Prisciliano realmente protegieran los derechos de los docentes, nunca se hubiera generado el adeudo con el magisterio, pues ante la primera señal de desvío de recursos o la falta de pagos y prestaciones habrían actuado en defensa de los derechos de los docentes. Por eso las y los maestros, fastidiados de estas simulaciones, ya no les creen.

 

OPACIDAD Y CORRUPCIÓN

Uno de los elementos que favorecen, como caldo de cultivo, a la corrupción es la opacidad. Es en lo oscurito, en lo turbio y en lo caliginoso de los antros burocráticos donde se confabulan los corruptos, los que medran del erario. Por eso preocupa y es de llamar la atención de la opinión pública, que los sindicatos, ayuntamientos y partidos políticos que utilizan recursos públicos, sean opacos y no respeten la normativa en cuanto a transparencia.

En ese sentido, al realizarse una primera evaluación del cumplimiento de sujetos obligados a transparentar su información a través de sus portales de internet, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol) “reprobó” a partidos políticos, sindicatos y ayuntamientos al no cumplir con los porcentajes requeridos en el cumplimiento de sus obligaciones de transparentar su información y subirla a la Plataforma Nacional de Transparencia.

De acuerdo a una evaluación que el Infocol realizó en el mes de mayo a agosto, de 115 de los más de 200 sujetos obligados a transparentar su información, únicamente 15 tuvieron calificación aprobatoria. El dato es apabullante y refleja el nivel de opacidad y de falta de fortalecimiento al estado de derecho, pues las mismas instituciones –que deberían ser ejemplo de apego a la legalidad— violan la ley.

En el mes de enero se realizará una nueva evaluación, por lo que de continuar incumpliendo esos sujetos obligados, el Infocol se verá en la necesidad de aplicar la ley y, por ende, emitir sanciones económicas a los incumplidos.

En la evaluación que duró de mayo a agosto, se detectó que entre los sujetos obligados a transparentar su información, y que cumplieron con la norma, se encuentra el Gobierno del Estado con un 76 %; el DIF Estatal, 83 %; Ciapacov y Sefidec, con 73 %; Coordinación de Servicios Educativos, Procesadora Municipal de Carne y la Cepavi, con 71 %.

De igual forma, el Congreso del Estado cumplió en un 72 %; Infocol con 84 %; Universidad de Colima, con un 74 %, y el Instituto Municipal de la Juventud, con 90 %, solo por mencionar algunos de los 115 sujetos obligados auditados.

Por otro lado, en el nivel de “reprobados” en transparentar su información, se encuentran la totalidad de partidos, pues el PAN solo llegó a un 47 %; el PRI, 65 %; el PRD tuvo un vergonzoso 0 % de cumplimiento; el PVEM, 54 %; PT, 21 %; Nueva Alianza, 3 %; Movimiento Ciudadano, 57 %, y Morena, un 20 %.

En cuanto a los ayuntamientos, en esta evaluación se arrojó que la totalidad de alcaldías reprobaron en transparencia en la Plataforma Nacional: Armería, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán no cumplieron en ningún aspecto y obtuvieron un porcentaje de cero; Colima obtuvo un 10 %, Comala, 7 %; Coquimatlán, 2 %; Cuauhtémoc, 16 %; y por último, Ixtlahuacán y Villa de Álvarez, 18 %.

Asimismo, ningún sindicato cumplió con la transparencia de su información y por ende no existe registro en la Plataforma Nacional, debido a lo cual su porcentaje de cumplimiento es 0 %; esto a pesar de que la ley marca como obligatorio que se transparentan y de que en enero del próximo año pueden ser objetos de sanción económica por mantenerse en la opacidad.

Entre las causas por las que incumplen con estos requisitos de ley para transparentar su información se encuentra, como principal, la falta de personal capacitado para el manejo de sus respectivas plataformas de transparencia.

Sin embargo, esto ya no puede ser un pretexto, porque el mismo Infocol ofrece capacitación permanente a esos sujetos obligados para que cumplan con lo que mandata la ley. Más que eso, el cumplimiento de la ley de transparencia se trata de voluntad y convicción política. Hasta el momento, partidos políticos, alcaldías y sindicatos, al parecer, no les quita la tranquilidad ni les afecta incumplir con la ley. Están más cómodos en la opacidad.

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