Hablemos Derecho: El problema de las leyes generales (2ª parte)

En la pasada colaboración exponía que en un plano ideal, una ley general tiene como objetivo la distribución de competencias entre los niveles de gobierno, al tiempo que sienta las bases para que las legislaturas locales desarrollen el tema contenido en dicha ley, obedeciendo a las particularidades de cada estado, pues no es lo mismo legislar para el estado de Colima que para la Ciudad de México, siendo la estructura y capacidad presupuestal de esta última muy superior a las de nuestro estado.

Sin embargo, encontramos que en la práctica cada vez son menos las libertades y más las restricciones para las legislaturas locales por parte del Congreso de la Unión; el creciente número de leyes generales da fiel testimonio de lo anterior.

Otra cuestión preocupante la encontramos en el hecho de que para el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es factible tomar el contenido de una ley general ni siquiera para transportarlo a una legislación local, así lo señaló dicho órgano al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014.

En efecto, la señalada Acción de Inconstitucionalidad versaba, entre otras cosas, sobre la figura de la coalición, la cual pertenece a la materia electoral, encontrándose contemplada en la Ley General de Partidos Políticos.

Así, el máximo órgano jurídico de nuestro país expresó que “las entidades federativas no se encuentran facultadas, ni por la Constitución, ni por la Ley General, para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando en su legislación disposiciones establecidas en tales ordenamientos sobre esta figura, ya que el deber de adecuar su marco jurídico-electoral, impuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley General de Partidos Políticos, no requiere la reproducción de dichas disposiciones a nivel local, si se considera que la citada ley es de observancia general en todo el territorio nacional.”

En el caso de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se ha generado un debate similar, dado que existe incertidumbre en algunos legisladores sobre si un Congreso local se encuentra actualmente facultado para legislar en materia de responsabilidades administrativas o si dicha ley general debe aplicarse directamente.

En lo personal y tomando como base el razonamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos no se encuentra precepto alguno que faculte a los legisladores locales a intervenir en dicho tema, soy partidario de que Colima no debe legislar en materia de responsabilidades, limitándose a aplicar la citada ley general.

Sin embargo, tengo conocimiento de que algunas legislaturas emitieron leyes de responsabilidades administrativas, las cuales ya fueron impugnadas, por lo que pronto veremos si la Suprema Corte sostiene su criterio o lo modifica.

¿Usted qué opina, estimado lector? Como siempre, su opinión es la más valiosa.

 

POST SCRIPTUM

Con la presente columna se cumplen cien colaboraciones del suscrito en este importante medio, deseo por tanto agradecer públicamente a mi casa editora Ecos de la Costa y a su directiva por el apoyo brindado para seguir expresando, desde el punto de vista estrictamente jurídico, los aconteceres de nuestro estado, de igual forma agradecer a los lectores que con sus comentarios enriquecen la visión de este jurista. ¡Enhorabuena!

Espero sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter: @cintegral0410, en el correo electrónico: c.integral_0410@hotmail.com, y en mi blog: http://alexcolima.blogspot.mx/, donde con gusto espero sus visitas para que ¡HABLEMOS DERECHO!

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