Las personas y la corrupción, de la normalidad a la tragedia

Después de los sismos de 7 y 19 de septiembre, se ha puesto al descubierto la corrupción que imperó en la Ciudad de México en la construcción de inmuebles, ya que varios de los edificios que colapsaron y que resultaron dañados de forma grave, son de edificación reciente, incluso, en la delegación Benito Juárez, algunos apenas alcanzaban un año de antigüedad. Así, ningún edificio construido después de 1985 debió sufrir mayores daños si se hubiese construido conforme a las normas hoy vigentes, las cuales surgieron después de conocer los efectos devastadores de un sismo de gran magnitud.

Así, al paso del tiempo, diversas autoridades, tanto delegacionales, como del gobierno central, autorizaron y permitieron tanto la restauración de edificios que desde 1985 habían resultado ya con daños en sus estructuras (incluso algunos de ellos se habilitaron para funcionar como edificios públicos), así como la construcción de nuevos edificios que violentaban notablemente los mínimos estándares legalmente previstos, ejemplo claro resulta el inmueble que albergaba a la escuela Enrique Rébsamen en Coapa, pues la estructura que colapsó, es justamente la que se construyó apenas hace tres años y de la cual, se dice, albergaba también un departamento de lujo en donde vivía la propietaria del centro escolar. ¿Cómo pudo suceder esto? La única respuesta está en donde todos sabemos: en la corrupción.

México tiene actualmente los índices más altos de corrupción en la región Latinoamericana y del Caribe, ya que más de la mitad de sus ciudadanos, de conformidad a los resultados obtenidos y publicados por Transparencia Internacional en su trabajo intitulado “Las personas y la corrupción: América latina y el Caribe”, han participado en actos de corrupción en la prestación de servicios públicos, acentuándose en el caso de las escuelas, policía, atención a la salud y el trámite relativo a la documentación de carácter personal.

El reporte, basado en una encuesta realizada a más de 22 mil personas en 20 países de la región, establece que en México es donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos, con un 51% de los interrogados, seguido por República Dominicana con el 46%, Perú el 39%, y Venezuela y Panamá con el 38%.

De esta forma, es claro que el soborno a la autoridad representa en México un medio que facilita las cosas a quien soborna y, a su vez, una forma de enriquecimiento de unos pocos, que crea como consecuencia, una barrera significativa para el eficaz acceso a bienes y servicios para las personas vulnerables, los cuales, en muchas ocasiones, de tener los recursos suficientes, justamente serían parte de ese círculo vicioso.

Sin duda, en nuestro país, fue sobresaliente la participación de los ciudadanos al enfrentar la catástrofe, sin embargo, la corrupción no se va erradicar con el simple cambio de gobierno o de partido, o con la llegada del mesías ético y la honestidad valiente, ni tampoco se va acabar con las famosas fiscalías anticorrupción, ni con el encarcelamiento a los corruptos.

La corrupción en nuestro país se va erradicar hasta que la solidaridad también la mostremos al enfrentar el problema, y entendamos que si las personas corrompemos, atentamos como consecuencia contra nosotros mismos; que nuestro patrimonio y nuestra vida se pone incluso en riesgo tal, que podríamos en tan solo unos minutos, perderlo por completo. Hagamos entonces el esfuerzo común para dejar de pagar mordidas y mocharnos para facilitarnos las cosas. Dejemos de hacer que la corrupción sea una normalidad, ya nos dimos cuenta que eso lleva a la tragedia. Solo así, unidos, se podrá. Ningún fuerzo aislado, tenernos en común hará la diferencia.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

bmendozal@derecho.unam.mx

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