Interés Público

PARTIDOS EN CRISIS

En pleno proceso electoral, las fricciones y desavenencias entre los grupos al interior de los partidos son cada vez más ostensibles. No se trata de simular, pues de nada sirve aparentar una armonía y unidad cuando en la realidad hay muestras palpables de las discrepancias y pugnas entre los actores políticos de un mismo partido. Por eso se debe actuar en consecuencia antes de que sea demasiado tarde para corregir el rumbo y rectificar el camino.

Por ser un partido donde la disciplina partidista es primordial y se pondera sobre todo la obediencia y la unidad, el caso del PRI cobra una gran notoriedad mediática: en menos de un año ocurrieron las renuncias a las presidencias de los comités directivos municipales de Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, los tres municipios más importantes en términos electorales.

Sumado a esta situación, el lunes renunció Édgar Larios a la Secretaría de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI. Si bien estos actores no dejaron las filas del Revolucionario Institucional, su salida no fue en los mejores términos y evidencia las pugnas al interior para acceder a los puestos de elección popular, a pesar de que aún no se han definido los mecanismos para elegir a los candidatos.

Para el PRI es importante consolidar su voto duro y tener un buen trabajo de coordinación en sus bases, principalmente desde los comités seccionales, pues es a través de éstos como se moviliza el voto priísta. De ahí la importancia de definir cuadros que estén en sintonía con las bases y que conozcan de fondo la estructura del partido.

El impulso de perfiles jóvenes dentro del tricolor es factible ante la urgencia de consolidar los relevos generacionales, necesario en cualquier institución política, así como movimientos. Sin embargo, es indispensable que esta formación de cuadros se haga con el debido acompañamiento y respaldo ideológico: no se debe perder de vista que están dentro de un partido, con una estructura bien definida y cuyas obligaciones y responsabilidades cada quien conoce.

En cualquier partido, pero principalmente en el tricolor, no caben los proyectos personales, mucho menos las ambiciones. El PRI debe colocar cuadros funcionales, que permitan el correcto desarrollo de sus estructuras de su partido y, sobre todo, en recuperar el voto duro y consolidar el trabajo de sus bases.

Por otro lado, el PAN está inmerso, desde hace más de 10 meses, en una pugna por la dirigencia de su partido. Actualmente tiene como dirigente estatal a Julia Jiménez Angulo, ante el fallo que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que tumbó la presidencia de Enrique Michel Ruiz.

Por ese motivo, ante la incertidumbre de sus militantes, el PAN no ha logrado limar las asperezas entre los grupos que se pelean el poder dentro de ese partido, y será muy difícil que lo logre porque el antagonismo nace precisamente de esa ambición: no hay un proyecto de partido, sino intereses de grupos que se pelean la dirigencia del albiazul.

Es titánica, en ese sentido, la labor que deberá emprender Julia Jiménez para sanear las fisuras y fracturas al interior del PAN, un partido que a nivel nacional también tiene fuertes divisiones y pugnas entre sus principales actores políticos y las cuales, de cierta forma, también condicionan los cismas al interior de los comités directivos estatales.

Lo más viable que puede hacer la dirigencia estatal del PAN, en ese sentido, es conciliar los ánimos entre sus correligionarios, pero sobre todo darles la certidumbre de que el panismo no enarbolará proyectos personales, sino un proyecto sólido y que impulse al partido albiazul, así como a sus militantes para gobernar con principios políticos bien definidos.

Pero para eso es imprescindible que neutralice la influencia de Jorge Luis Preciado al interior del PAN, pues éste siempre ha apostado por la consecución de sus intereses, a costa y muchas veces en prejuicio de la militancia panista. Prueba de ello fueron las definiciones de sus candidatos durante la campaña electoral ordinaria del 2015.

En ese momento se decantaron por candidatos ajenos al PAN, desconocedores de la doctrina política de acción nacional y que a la larga los traicionaron. De ahí la importancia de que Julia Jiménez reconstruya la confianza los panistas y genere las mejores condiciones para participar en el proceso electoral 2018, sobre todo con candidatos atractivos y que, de manera genuina, emanen de la cantera panista.

Si bien es muy probable que el PAN vaya en alianza con Movimiento Ciudadano y el propio PRD, esto no debe ser un factor determinante para dejar de lado cuadros panistas destacados y que, sin duda, tendrán grandes posibilidades de ganar una elección.

El PRD, por otro lado, es el caso más grave. No solo tiene una nula presencia en el estado, sino que los pocos cuadros visibles que tienen, como Indira Vizcaíno, le juegan en contra y piden el voto para actores políticos que no pertenecen al partido del sol azteca. Si bien Indira Vizcaíno se empecina en mantenerse como perredista, pero sin dejar de apoyar a López Obrador, a la larga será una situación insostenible, máxime si el Frente Amplio Democrático se consolida como una coalición.

Es previsible, pues, que la dirigencia nacional del PRD, ante la recalcitrante postura de sus militantes que apoyan abiertamente a un candidato que en varias ocasiones ha insultado al PRD, termine por expulsarlos del partido. Y es que no les conviene que la poca estructura que tienen le haga el caldo gordo a López Obrador y, sobre todo, les trabaje en contra el día de la elección.

De concretarse una alianza entre el PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, Indira Vizcaíno sabe que es cuestión de tiempo su expulsión del sol azteca. Por eso posterga y espera a que sea la dirigencia del partido el que tome esa determinación, pues no se quiere jugar, de manera voluntaria, su futuro político con un partido como Morena, el cual –sabe perfectamente ella–depende solo de la imagen de López Obrador y que podría, paulatinamente, desaparecer en los próximos años de perder nuevamente la presidencia Andrés Manuel.

Aunado a esto, sabe la todavía perredista que si migrara a Morena la situación es más áspera y beligerante contra su persona. Ya que es en Morena Colima donde están refugiados los radicales de izquierda del estado; esos que le sacaron Indira Vizcaíno las mantas de traidora en el pasado mitin de López Obrador.

Es claro que tanto el PRI, PAN y PRD tiene sus bemoles y situaciones adversas. Dependerá de las dirigencias de estos partidos, así como de sus militantes, sortear los escollos. Todavía queda tiempo para corregir los yerros y preparar una plataforma política interesante para la población de Colima. Al final, serán los resultados de la elección 2018 los que dirán qué partido tuvo la inteligencia para sobrellevar sus crisis internas.

TORTUGUISMO E IMPUNIDAD

Que el tortuguismo de los diputados para dictaminar la auditoría excepcional a los años 2013, 2014 y 2015 no sea señal de impunidad o de apatía a este importante tema. La población está al tanto, así como Ecos de la Costa, a lo que dictaminen los legisladores del congreso estatal. Y es que ya se cumplió un año desde que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) encontrara irregularidades por cerca de mil 900 millones de pesos, la mayoría en desvíos de servicios personales durante el segundo trienio del gobierno de Mario Anguiano.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el priísta Santiago Chávez Chávez, comenzó el análisis de los resultados de la auditoría desde el año pasado. De acuerdo con Chávez Chávez, en aquel entonces, el análisis estaba terminado y solamente faltaban algunas pruebas de algunos de los involucrados; sin embargo, adelantó que en las primeras sesiones ordinarias sería presentado.

Entre las irregularidades encontradas están obras públicas no ejecutadas, registros contables falsificados, gastos injustificados, desaparición de combustibles donados por Pemex al gobierno estatal después de contingencias ambientales –en esto último fueron beneficiados familiares directos de quien fue secretario de fomento económico y secretario general del gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos–.

A parte del exgobernador Anguiano Moreno, el OSAFIG propuso inhabilitaciones para Rafael Gutiérrez Villalobos y la exsecretaria de Finanzas, María Isabel Ávalos Fernández, entre otros exfuncionarios y funcionarios –algunos de los propuestos para sanción continúan viviendo del erario público–.

No obstante de las denuncias penales interpuestas y de que las evidencias recabadas desde el año pasado, aún no hay una fecha definida para dictaminar sobre los resultados de la auditoría excepcional que practicó el OSAFIG a los últimos tres años de la administración estatal de Mario Anguiano.

Además de estas tres auditorías excepcionales realizadas durante el 2013, 2014 y 2015, también están en proceso de dictaminar otras 22 auditorías. Sería un golpe duro a la credibilidad de los legisladores locales que esta legislatura se fuera sin aplicar la sanción correspondiente a los funcionarios identificados en estos actos que perjudicaron el erario público

Si le apuestan a que las responsabilidades administrativas venzan su plazo perentorio (algunas de estas sanciones tienen vigencia de tres años o hasta siete años, dependiendo la sanción que se está determinando) sería fatal para su imagen como legisladores, pues quedarían para la población como cómplices de los peculados y fraudes que realizó la pasada administración estatal.

Para los legisladores locales, debe ser una prioridad dictaminar las sanciones correspondientes y procurar que se resarza el daño ocasionado a la hacienda pública del estado y los municipios, y que no sólo quede una inhabilitación para ejercer cargos públicos o una reprimenda pública.

No pueden quedar impunes los desvíos por más de dos mil millones de pesos, así como los fraudes palmarios que se realizaron en el gobierno de Mario Anguiano, como fueron los 30 millones de pesos que la administración anguianista dio a la empresa NPG sin una garantía de pago y violando la ley.

Si prevalece la impunidad en este tipo de casos, donde hay un análisis técnico que determina la contundencia de las evidencias de fraude y desvío de recursos, los legisladores –como representantes del pueblo– están obligados moralmente a actuar apegados a la ley y actuar en consecuencia.

Si incurren en la defensa de intereses espurios al beneficio de la colectividad, los legisladores locales estarán cavando su propia tumba política en el 2018, pues tendrán la mácula de haber dejado sin castigo a los funcionarios que dañaron la confianza de la población a su gobierno. El tiempo pasa y está en su contra.

COMPROMISOS DE FINAL DE AÑO

La administración estatal tiene un importante avance en la gestión de recursos federales, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para poder solventar los compromisos de fin de año, en especial al pago de aguinaldos. Este recurso es de vital importancia para los trabajadores, además de que su incumplimiento está penado por la ley.

Son en estos momentos cuando se tienen que cumplir compromisos financieros, cuando cobra relevancia el trabajo de reordenamiento y saneado de las finanzas públicas. También adquiere relevancia la capacidad de gestión del mandatario estatal, pues difícilmente podría generar las condiciones propicias para adquirir este recurso si no tuviera las relaciones en la Ciudad de México.

Por otro lado, es importante conocer con anticipación el compromiso de la Secretaría de Hacienda, para tener entonces claridad del requerimiento financiero que se requiere a través de un crédito de corto plazo.

Lo positivo, tranquilidad de los trabajadores del Gobierno del Estado, es que hubo una buena apertura al diálogo con los funcionarios de la SHCP, a pesar de las restricciones financieras existentes. Eso permitirá cerrar el año sin ningún problema y disponer de una parte del dinero necesario para iniciar la construcción del C-5, que ya tiene una fecha específica de entrega en el 2018.

Para cumplir con los compromisos de fin de año se van a requerir entre 250 y 350 millones de pesos, lo que incluye aguinaldos, recursos para organismos descentralizados, la conclusión de algunas obras y el cumplimiento de otros compromisos.

Los recursos gestionados no incluyen dinero federal para la remodelación de La Campana, pues para eso se va a requerir una gestión diferente, lo mismo que para la segunda etapa de la remodelación de la calzada Galván, donde se van a requerir entre 60 y 70 millones de pesos adicionales.

Es importante, en ese sentido, el papel de los legisladores federales. El estado de Colima cuenta con la mayor cantidad, en su historia, de legisladores federales (seis) que tienen la responsabilidad de gestionar los recursos necesarios para cristalizar los proyectos y obras que requiere la población de Colima.

Hay que recordar que el año pasado, a través del coordinador de la fracción del PRI, César Camacho, se gestionaron para Colima una bolsa de cien millones de pesos. Los ayuntamientos, por su parte, tendrán que vérselas por sí mismos: el gobernador dejó en claro que no hay recursos disponibles para atender sus necesidades.

Las alcaldías tendrán la oportunidad de gestionar sus propios recursos. Tendrán la posibilidad, también, de pedir un crédito a corto plazo que les permite la Ley de Disciplina Financiera. “Tienen nuestro aval y apoyo moral, pero dinero no”, dijo el gobernador.

CAMPO FORTALECIDO

La mejor carta de presentación que tiene un político es el trabajo y resultados que lo respaldan. La subsecretaria de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Mely Romero Celis, en ese sentido, es digno de encomio, pues México recibe más divisas de los productos agroalimentarios que de los ingresos nacionales provenientes del petróleo, turismo o lo que nos envían nuestros paisanos.

En el año 2015, las exportaciones superaron los 26 mil 700 millones de dólares. Esa es la potencia del campo mexicano: México es el decimosegundo país productor de alimentos en el mundo, y ocupamos el lugar 10 como exportador de alimentos a nivel global.

Por primera vez, en 20 años, México exporta más alimentos que los que importa; y somos líderes en la producción de aguacate, fresa y limón, así como de productos como la cerveza y el tequila.

Estos productos son de primera calidad y llegan a más de 160 países. Nunca antes el campo mexicano había producido tanto; nunca antes México había exportado tanto valor al mundo.

La productividad laboral del sector primario aumentó 9.6 por ciento entre los años 2012 y 2016, poniendo de manifiesto el trabajo y esfuerzo de los 7 millones de mujeres y hombres que se desarrollan en el campo mexicano, y que están logrando que el sector agroalimentario crezca el doble que el resto de la economía.

El trabajo de Mely Romero se circunscribe en este contexto, pues en el 2016 invirtió, a través de su subsecretaría, casi 500 mdp a través del programa Joven Arráigate-Impulso Emprendedor, beneficiando a más de 37 mil jóvenes de todo el país.

Para 2017, tan solo diez días posteriores a la expedición de la convocatoria, se habían recibido 4 mil 200 solicitudes. Este programa pretende que los jóvenes de las comunidades rurales e indígenas permanezcan en sus lugares de origen mediante opciones de financiamiento, capacitación y formación, y así impulsar el relevo generacional en el campo mexicano, y fortalecer la seguridad alimentaria.

Con el componente Proagro productivo, se transitó de los apoyos asistencialistas (subsidios al ingreso) por incentivos a las productividad agropecuaria, beneficiando a 1.83 millones de productores, quienes con los recursos adquieren fertilizantes y abonos, mano de obra, maquinaria y equipo, semillas mejoradas, entre otros insumos.

El campo colimense tiene una gran aliada en la figura de Mely Romero. Bien por la funcionaria federal que busca, desde su ámbito de competencia, mejoras las condiciones de los jóvenes, mujeres y hombres del campo.

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