La Fiscalía General de la Nación

El pueblo mexicano sigue esperando justicia pronta y expedita como dicen las leyes, y agrego, honesta, por parte del Estado en sus tres órdenes de Gobierno, las causas por la falta de Justicia pueden ser variadas y van desde la herencia española hasta la concentración del Poder en el presidente de la República, pasando por la profunda corrupción de los órganos federales y locales encargados de la procuración de justicia durante el siglo pasado, hasta la actualidad en que se inicia una depuración de las procuradurías federal y locales por la aplicación del NSJP.

Ahora, a propósito de la renuncia del procurador federal a su cargo, está en la discusión nacional la posibilidad de modificar la procuración nacional de justicia por un cambio de fondo en la operación y administración de la justicia mexicana. De inicio, la presión ejercida sobre el Gobierno por parte de la sociedad civil en los últimos diez años, por medio de las ONG’s dedicadas al estudio y denuncias de la impunidad y corrupción de los cuerpos policiacos de todo el país, dio pauta a la propuesta de una Fiscalía General de la Nación independiente de los poderes públicos, sobre todo, para castigar a los criminales que desde un escritorio del gobierno federal o estatal y hasta municipal delinquían baja el amparo de la impunidad y propician la delincuencia organizada cuando de manera deliberada permitían la impunidad de los criminales.

Los jueces federales y locales recibieron, por parte del Congreso de la Unión y de los ejecutivos federal y locales, las leyes necesarias y los recursos fiscales suficientes para una nueva infraestructura física para la realización de los juicios orales en donde se presume el principio de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad del delincuente, desde las reformas constitucionales en el 2008 hasta su implementación el año pasado, pasaron ocho años en que se debería de reformar por completo la impartición de Justicia en México, pues, ocho largos años no les bastaron para modificar la impartición de Justicia y hasta la actualidad, parece, el Congreso de la Unión legislara para hacer una Fiscalía General de la Nación producto de la presión social por medio de las ONG’s dedicadas a mejorar la administración y procuración de Justicia en México.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal reclama una depuración de todos los cuerpos policiacos del país para hacer de la investigación criminal el instrumento más importante en la procuración de justicia, se debe demostrar científicamente la culpabilidad del imputado y evitar la impunidad de delitos por falta de pruebas, acostumbrados como estaban los policías federales y estatales a sacar confesiones desde la prisión preventiva de los delincuentes utilizando la confesión por métodos poco ortodoxos como la presión sicológica y la tortura, con el NSJP en la controversia entre el fiscal acusador y el imputado probable delincuente, solo son las pruebas las que demuestren la culpabilidad o la inocencia.

Desde hace más de tres años, diversas ONG’s vienen impulsando un nuevo sistema nacional anticorrupción para terminar con las leyes laxas proteccionistas de los funcionarios públicos y dar lugar a un sistema nacional de justicia en donde desaparezcan la impunidad y corrupción, por ello, el nombramiento del nuevo fiscal general de la Nación es la parte más importante del Sistema Nacional Anticorrupción y desde la Reforma constitucional al Art. 102 se establece al fiscal general y a los ministerios públicos como responsables de las omisiones y faltas a la procuración de justicia, esta reforma constitución obliga al legislador a incluir en las leyes secundarias la penalización a quienes no apliquen correctamente la procuración de justicia, o sea estimado lector; está a punto de terminar la impunidad y corrupción de los servidores públicos responsables de la procuración de justicia.

El Congreso de la Unión tiene en sus manos la posibilidad de dotar de nuevas leyes al Gobierno y a la sociedad para combatir la inseguridad pública, es de esperar que, al terminar la impunidad y su correlativa la corrupción, disminuyan los delitos y aumenten las sentencias a los culpables y, al castigar a un delincuente, tanto a ladrones y homicidas, como a quienes desde un escritorio, suelen acompañar a la delincuencia, se recupere la seguridad pública y la paz social, anhelo de todos los mexicanos.

En Colima sigue pendiente una buena procuración de justicia, tanto la Procuraduría local como la federal le están debiendo al pueblo de Colima una justicia pronta y expedita, como dice el texto constitucional; existe la percepción pública de la ineficiencia y posible corrupción de la procuración de justicia, mas, cuando en el presente año los índices nacionales de criminalidad sitúan al territorio estatal como el espacio en donde se cometen más crímenes medidos a partir de los homicidios cometidos por cada cien mil habitantes, la llegada del Ejército Mexicano al Estado, parece ser, ha disminuido el índice de criminalidad. No obstante, ¿de todos los crímenes cometidos en territorio estatal, cuántos delincuentes pagan por sus delitos?, de seguro es igual o menos al 1% del promedio nacional.

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