Al Desnudo: El precio político del transporte

Cualquier aumento en las tarifas que pegue en los bolsillos de la ciudadanía, sobre todo la de menos recursos, genera malestar e incluso rencor hacia quienes las aprueban. El elevado costo de las gasolinas ha sido el motivo primordial para que los precios de los productos y en los servicios se eleven constantemente.

Recientemente se dio lo que tenía que darse desde hace por lo menos seis años, así que ya no había de otra y llegó el incrementó de 2 pesos el transporte público, mejor conocido como “ruta”, situación que de inmediato provocó la molestia de los usuarios que utilizan este medio para trasladarse de un lugar a otro. Obvio una medida de esta naturaleza, en medio de un proceso electoral, fue aprovechada por los adversarios del gobierno en turno.

No existe ningún estado de la República Mexicana, gobernado por el color que sea, que de acuerdo a la normatividad, no autorice el aumento al transporte público, eso sí, siempre prometiendo elevar la calidad y calidez en el servicio. Algo que casi nunca se cumple y por el contrario, empeora.

En el caso de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, el pasado lunes la tarifa del transporte urbano pasó de 6 a 8 pesos el viaje, y en el mes de diciembre el costo para los estudiantes se incrementará de 3 a 4 pesos, derivado de una decisión de la Comisión Mixta de Tarifa de Transporte Público. Las reacciones no se hicieron esperar, entre la ciudadanía causó enojo, como suele suceder con medidas de esta naturaleza.

Por ello, la Secretaría de Movilidad, a cargo de Gisela Méndez, deberá estar muy pendiente de que el gremio de transportistas no deje, como ya ha sucedido cuando se elevan las tarifas, de cumplir los compromisos asumidos consistentes renovar las unidades, capacitar operadores, instalar medidas de seguridad como botones de pánico y otorgar beneficios a grupos vulnerables. De no hacerlo, los costos políticos serán muy graves para el gobierno en turno.

El ajuste, que no se hacía desde hace muchos años, debe tener como objetivo principal beneficiar a los usuarios con acciones como las mencionadas, que no deben quedar en el mero discurso como ya ha sucedido en otros gobiernos. El que encabeza actualmente José Ignacio Peralta Sánchez debe ser la diferencia y a través de la Secretaría de Movilidad, vigilar que se cumplan los compromisos de los transportistas.

Por lo que respecta a todos aquellos entes políticos que se han manifestado en contra del alza a las tarifas, habría que preguntarles si prefieren que no haya aumento, pero sí un deterioro de las unidades, bajos salarios para los choferes del transporte urbano, nula capacitación y falta de seguridad que tanto se requiere.

Por eso, los actores políticos contrarios al gobierno de JIPS, en lugar de llevar a cabo acciones bañadas con tientes partidistas, deberían hacer un llamado a las autoridades para que el incremento garantice y se traduzca en una mejora en la calidad del servicio, operación e infraestructura, y no se convierta únicamente en una respuesta al aumento en los costos de la gasolina.

De acuerdo con datos obtenidos con usuarios del transporte público, los urbanos conocidos como “rutas” brindan un pésimo servicio y los tiempos de traslado, así como los de espera, son excesivos, además de que los conductores no cuentan con la mínima preparación y manejan unidades en muy mal estado. Frente a ello, en su mayoría considera que ya era necesario atender el tema del aumento a la tarifa de una manera razonada y justa para no pegarle aún más a los bolsillos de los usuarios.

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