Rechazo a la Ley de Seguridad Interior

Con el albazo que cometieran el pasado 1 de diciembre los diputados federales, en su mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra de la nación, al aprobar en lo general la Ley de Seguridad Interior, México se enfrentará a un retroceso de más medio siglo, no solo porque se abre la puerta a la militarización del país, sino que se da carta abierta al Ejecutivo federal para utilizar a las fuerzas armadas a su libre albedrío, para reprimir cualquier forma de manifestación que considere como una amenaza para la seguridad pública o para el Estado, lo que representa un riesgo latente para la libertad de expresión y los derechos humanos de todos los mexicanos.

Si bien, la Ley de Seguridad Interior tiene como principal justificación la guerra emprendida hace 11 años por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto contra el narcotráfico y los grupos de delictivos que operan en el país, la cual terminó siendo una estrategia fallida de legitimación y una terrible bandera político-electoral, que no solo ha dejado miles de muertos, desaparecidos y desplazados, sino que resultó ser contraproducente para el país, al grado de haber extendido en menos de una década la violencia y la inseguridad por todo el territorio nacional.

Sin embargo, pese a la gravedad del problema que representa la inseguridad y violencia en el país, la solución no es ni será la Ley de Seguridad Interior, ni dotar de facultades y libertades a las fuerzas castrenses, ni mucho menos otorgarle amplios poderes al Presidente para reprimir discrecionalmente a la población; antes que esto, se debe atacar el problema de raíz, y el problema no se combate con armas ni con la fuerza bruta, se combate con escuelas, servicios de salud eficientes, trabajos bien remunerados, oportunidades de desarrollo con la reactivación de las zonas agrícolas, pero sobre todo con el combate frontal a la corrupción, la impunidad, la opacidad de gobiernos, al dispendio de recursos públicos, al tráfico de influencias, a los malos gobernantes. Pero por ningún motivo se puede permitir la militarización del país.

La Ley de Seguridad Interior debe ser rechazada y las fuerzas armadas regresar a sus cuarteles, paulatinamente nuestros legisladores deben entender que aprobar esta Ley, sería un suicidio, ya que no solo se estarían legitimando el actuar de las fuerzas castrenses, sino que se les estaría otorgando una cuota de poder inimaginable, de la que tarde o temprano terminarían por arrepentirse.

México no necesita más violencia. Si a los diputados les interesa legislar para combatir la inseguridad, en primer lugar, deben fortalecer las fuerzas de seguridad pública civiles y obligar legalmente a los mandatarios que asuman su responsabilidad, pero no con leyes retrógradas que pongan en riesgo los derechos humanos.

A pesar de que aún falta que la Ley de Seguridad Interior sea ratificada o desechada por el Senado, el porcentaje de riesgo que hay de que sea aprobada es alto, ya que de mantenerse el PRI en su postura como máximo promotor de esta Ley, los votos que le harían falta para lograr la ratificación, los podría obtener de sus fieles aliados y de la ala disidente de Acción Nacional encabezada por Javier Lozano y Ernesto Cordero, que ya en otras ocasiones le han dado la espalda al PAN y al país, solo esperemos que esta vez no lo hagan.

 

miguelinosan@yahoo.com.mx

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