Interés Público

ALIANZAS ANTAGÓNICAS

En esta contienda electoral –que llegará a sus momentos efervescentes en los primeros meses del 2018–, se han pactado una serie de alianzas entre partidos, esto sin importar sus divergencias ideológicas y su falta de empatía política. El caso paradigmático es de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano.

Impensable una alianza entre estos dos partidos, que se disputaron de manera intensa la Presidencia de la República en el 2006. Por un lado, el PAN representa la ideología de derecha, el libre mercado y la competencia como un factor de desarrollo, además de que tiene un nicho importante –o tenía– en el sector empresarial y patronal.

El PRD, por su parte, fue fundado como un partido de ideología socialista, con gran énfasis en la participación del gobierno dentro de la economía y de un carácter social insoslayable. Surgió como consecuencia del cisma entre los grupos priístas que se disputaban la Presidencia de la República a finales de los ochentas y que orientaron al PRI al libre mercado, enarbolado por Carlos Salinas de Gortari. La parte defenestrada, la que no pudo imponerse en el priísmo, salió y creó el PRD –Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador–.

Son, pues, el PAN y el PRD, partidos antagónicos, que discrepan y divergen en sus posicionamientos doctrinarios e ideológicos, imposibles de mezclar como el agua y el aceite. Por pragmatismo generan esta alianza que puede dar cierta rentabilidad electoral, pero que deja muy mal paradas a sus bases –confrontadas posiblemente– y que de ganar una elección también implicaría un problema de gobernabilidad: cómo se podrán de acuerdo dos fuerzas políticas contrarias al interior de un gobierno, en temas donde simplemente sus antagonismos los hacen irresolutos.

Sale perdiendo el PAN, en caso de que Ricardo Anaya pierda la Presidencia de la República. Y si gana, de todas sería una victoria pírrica, pues el panismo cedió la mayoría de las posiciones políticas al PRD y a Movimiento Ciudadano.

Según el reparto de espacios, de las 64 candidaturas al Senado 35 serán para el PAN, 20 para los perredistas y nueve para el Movimiento Ciudadano. Indudablemente que, por su cuenta, ni los del sol azteca o los naranjas habrían soñado con tan jugosa propuesta para el 2018.

De las 32 fórmulas al Senado, el PAN encabezará 19, el PRD 12 y MC una, en tanto que para el PRD serían las dos candidaturas de la Ciudad de México, Michoacán, Morelos y Tabasco, mientras que MC postularía a ambos integrantes de la fórmula en Jalisco y al segundo candidato en Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Nuevo León y Sonora.

En tanto, el PAN contaría con los dos abanderados al Senado en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. Respecto a las 300 candidaturas a diputados federales de mayoría relativa, el blanquiazul cedió las postulaciones en 157 distritos a sus dos aliados. De esta manera, el panismo designaría candidatos en 143 distritos, el PRD en 105 y Movimiento Ciudadano en 52. En la capital del país, el PRD nombraría candidatos en 14 de los 23 distritos, el PAN en ocho y MC en uno. En el Estado de México al perredismo le tocarían 21 de los 41 distritos, 14 para el PAN y seis para MC.

En Jalisco, el MC se despachó con la cuchara grande, 16 de las 20 posiciones en el Congreso local le corresponderían, mientras que el PAN solo se quedaría con tres y una el PRD. El PAN, por su parte, lleva mano en Guanajuato, con 12 de los 15 distritos; en Puebla, con 10 de los 15 distritos y en Veracruz, con 13 de los 20 distritos electorales.

En Colima ganaron el PRD y Movimiento Ciudadano, pues se quedaron con la primera posición al Senado de la República y el Congreso de la Unión. Se prevé, pues, que Leoncio Morán se vaya al Senado, mientras que Martha Zepeda compita como diputada federal. Gane o pierda Anaya, el gran perdedor es el PAN, que ve reducido sustancialmente sus cotos de poder y queda desorientado en su esencia política.

La misma situación representa Morena y el Partido Encuentro Social (PES), si consideramos al partido de Andrés Manuel López Obrador como de izquierda, lo que tiene sus asegunes, pues nunca ha enarbolado de manera clara los temas que prioriza la agenda de izquierda, como son los matrimonios entre las personas del mismo sexo, el derecho al aborto en la mujer, entre otros temas que ocupan la agenda de promotores de derechos humanos y activistas sociales.

Morena revela su verdadera imagen y orientación política a aliarse al PES, un partido de corte demócrata cristiano, cuya agenda conservadora coincide exactamente con la personalidad política de López Obrador. Por eso Elena Poniatowska se manifestó en contra de esta alianza y mostró una cartulina con el mensaje: No al PES.

La alianza con el PES quizá sea uno de los pocos actos de congruencia de Andrés Manuel, quien en algunas entrevistas ha expresado su cristianismo como una forma de mensaje político electoral; en últimas fechas incluso ha proyectado una imagen de guadalapanismo que no se le conocía, de manera tan acendrada, al dos veces candidato presidencial (de ahí quizá el nombre de su partido: Morena).

Todo estaría bien si no fuera por el PT, que hace un mal tercio en la relación de Morena y PES. El PT, que en sus orígenes nació como un partido satélite del PRI, ante la falta de liderazgos nacionales y una estructura más allá de la que le da los negocios particulares con el Cendi optó, desesperadamente, por aliarse a la figura de Andrés Manuel, quien trata a este partido como si fuera un apéndice de Morena.

Más que sumarle, la alianza con el PES le va a restar a Andrés Manuel López Obrador. Y es que una gran parte del electorado que lo considera como el candidato antisistema, el defensor de las causas justas, va a repudiar que se construya una alianza con uno de los sectores más conservadores e intransigentes, por lo que no se puede dialogar ni construir acuerdos.

Quizá veamos más del verdadero perfil de Andrés Manuel en este 2018 que en el 2012 y en el 2006. Por lo menos lo apreciaremos más cristiano-guadalupano, menos juarista, poquito más cercano a determinados sectores empresariales que encabeza Alfonso Romo –un empresario venido a menos, por cierto–, y trabajando de la mano de los expriístas que fueron pieza clave –de acuerdo a las declaraciones de ellos mismos– en el fraude electoral de 1988, como Manuel Bartlett.

Sin embargo, a pesar sus afinidades y antagonismos, las tres fuerzas políticas acordaron que Morena tendrá 150 distritos electorales federales, que corresponden a espacios de mayoría relativa para la Cámara de Diputados y 32 distritos para el Senado de la República. De acuerdo con Hugo Eric Flores, presidente del PES, a su partido le corresponden 75 distritos federales para la Cámara de Diputados y 16 para la de Senadores. El PT tendrá también 75 distritos electorales federales y 16 para la Cámara de Senadores de mayoría relativa.

Fiel al estilo de Andrés Manuel, los tres partidos acordaron que sus candidaturas se definirán por el método de encuestas, la cual tendrán seguramente la metodología que aplicó el líder de Morena para ungir a Claudia Shienbaum como virtual candidata a la gubernatura de la Ciudad de México. Lo anterior refleja un componente peligroso en el dos veces candidato presidencial, pues no solo es conservador y profundamente religioso, sino que también tiene un tufo de antidemocracia en su toma de decisiones.

Quizá, por tradición, los únicos partidos que demuestran cierta afinidad ideológica son el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Recientemente, el Consejo Político Nacional del Partido PRI aprobó el convenio de coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza para la elección de 2018. La situación reviste importancia porque será una de estas coaliciones la que gobierne al país. De ahí la trascendencia de contar con un plan de gobierno viable y que resuelva las grandes problemáticas de la nación.

Sin embargo, será difícil ver cómo se ponen de acuerdo estos partidos, ante sus antagonismos, para formular una plataforma política que dé operatividad en términos de gobernabilidad y eficiencia de la administración pública.

LA LEY ANTE TODO 

Quienes encabezan las manifestaciones contra el descuento que el Gobierno del Estado aplicó del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no han demostrado, con pruebas tangibles y argumentos sólidos, que esta retención tributaria esté mal aplicada. Conforme a la ley federal, el descuento del ISR a la burocracia estatal es adecuado y está apegado a derecho, tanto para los trabajadores activos como para los jubilados, así como para los de Organismos Públicos Descentralizados (OPD).

Hubo un error, al parecer humano, al aplicar una retención fuera de la legalidad al sector magisterial, el cual ya se corrigió de manera expedita por la Secretaría de Administración y Gestión Pública, encabezada por Kristian Meiners Tovar. El ISR no es un impuesto local: se aplica en todo el país, por lo que el Gobierno del Estado únicamente lo retiene y lo entrega de manera íntegra al gobierno federal.

Si el Gobierno del Estado no retuviera dicho impuesto, posteriormente los trabajadores podrían enfrentar problemas fiscales, como ya le sucedió hace dos años al magisterio con fuertes afectaciones económicas, pues tuvieron que pagar de manera retroactiva dicho impuesto. Además, los funcionarios responsables de retener este recurso del ingreso del trabajador se harían acreedores a sanciones por no descontar de manera adecuada este impuesto.

Hizo bien el gobierno de Ignacio Peralta de responder de manera positiva y rápida al error que se generó en el descuento del ISR de los maestros de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También fue muy oportuna la gestión de su líder, Heriberto Valladares Ochoa, quien rápido se reunió con Kristian Meiners para resolver esta situación de manera personal.

Producto de esto bonificaron los recursos que ascienden a cerca de 7 millones de pesos, cantidad que era consecuencia de las retenciones del ISR en los aguinaldos de los trabajadores. Si bien hubo una corrección que se hizo en el cálculo del ISR de la nómina del magisterio, todos los trabajadores tienen el cálculo bajo las mismas reglas: el magisterio con la corrección y la nómina de la burocracia y de los policías con las mismas bases de cálculo.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, ha encabezado una serie de reclamos. El también jubilado expone una interpretación distinta de lo que establece la ley. La ley del ISR, en su artículo 93, fracción IV, expone que son ingresos exentos de impuestos los siguientes: Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias, cuyo monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente.

Para el cálculo de las exenciones hasta el año pasado se tomaba como base el salario mínimo y este año se utilizó la Unidad de Medida de Actualización (UMA), la cual surgió como parte de la desindexación del salario mínimo, pues de esa forma se aumenta el salario y no se genera un efecto inflacionario.

Flores Castañeda, más allá de las alocuciones ante sus agremiados y los medios de comunicación, tendrá que demostrar a las instancias legales que le asiste la razón en este tema. Por su parte, el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Colima está de acuerdo con los criterios legales que se tomaron en cuenta para la retención del ISR, los cuales calificó como adecuados por parte del Gobierno del Estado.

El gobierno de Ignacio Peralta, así como cualquier otro, está obligado a respetar la ley, en particular a hacendaria y la que se relaciona con un tema tan delicado como la retención del ISR. Si no lo hiciera sería doblemente perjudicial, pues por un lado la autoridad sería sancionada y, además, el trabajador tendría que reponer de manera retroactiva el ingreso retenido en este impuesto. No es una cuestión discrecional, sino de aplicar la ley.

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Con 74 votos a favor y 28 en contra, el Senado aprobó que se integren las modificaciones de las comisiones al dictamen de la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior mediante las fuerzas armadas, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.

Sobre la minuta original que recibieron de diputados, las comisiones unidas del Senado hicieron 10 modificaciones: cambios a nueve artículos de la ley y una adición del artículo quinto transitorio. Por ejemplo, la adición condiciona a los gobiernos locales y municipales que soliciten ayuda de las fuerzas armadas para atender una emergencia de seguridad interior en su demarcación, a que entreguen un plan, con plazos, acciones y presupuesto para depurar y profesionalizar a sus policías.

Es una ley necesaria, urgente y lo grave no son los supuestos –como la tan aludida militarización del país–, sino que esta iniciativa se haya postergado por casi dos sexenios. La iniciativa es importante porque propone normas básicas que regulan la actuación de las militares en la lucha contra el narco, el cual representa un peligro nacional porque atenta contra las instituciones. De ahí la necesidad de que los militares actúen, ante la falta de una policía preparada, profesional y honesta que resguarde a los mexicanos –las corporaciones policiacas están socavadas por el crimen organizado, y de ejemplo están los policías de Iguala que secuestraron a los estudiantes de Ayotzinapa–.

La ley no faculta a ninguna autoridad militar a realizar acciones de policía ni confunde las acciones de seguridad pública con las de seguridad interior: ésta última queda clara porque los narcos atentan contra las instituciones públicas. No pone en riesgo los derechos humanos, porque ante cada declaratoria de intervención se debe notificar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es absurdo una militarización de la seguridad pública, pues la ley prohíbe expresamente en su artículo 8 la intervención militar contra cualquier protesta social que se realice en los marcos establecidos por la Constitución. Si bien la regulación del uso de la fuerza no está incluida en la ley, sí existen protocolos específicos para ello en cada fuerza de seguridad del país y aceptados por instancias internacionales.

No existe confidencialidad en las declaratorias de intervención; se especifica, al contrario, que la misma puede ser reservada temporalmente en el marco de la ley de transparencia y las normas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Más allá de toda la paga declarativa y pseudointelectual que se ha propalado entorno de esta ley, hay un aspecto insoslayable: la obligatoriedad de los estados y municipios a fortalecer sus policías y a rendir cuentas de los recursos destinados a ellos. Pero, además, la aplicación de la ley está sujeta al control del Congreso, de la Suprema Corte, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras instancias nacionales e internacionales.

No hay ambigüedad, pues su campo de acción está claramente determinado: amenazas a la seguridad nacional con origen en territorio nacional, desastres naturales y emergencias; epidemias y contingencias de salud o falta de colaboración de municipios y estados en materia de seguridad nacional.

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