La falta de seguridad pública

Segunda de dos partes

Decíamos en la primera parte de este escrito como el avance de la criminalidad, y por ende, de la inseguridad pública es resultado de las siguientes causas: primera, la incapacidad del Estado mexicano (me refiero a las tres órdenes de Gobierno y tres Poderes) para combatir a la delincuencia, merced de la corrupción e impunidad en que operan las fuerzas policiacas sin capacitación para hacer investigación e inteligencia policial para lograr identificar a los operadores y dirigentes de las organizaciones criminales. Segunda, malas políticas públicas y de coordinación entre los Poderes y niveles de Gobierno para combatir la delincuencia y falta de continuidad entre un sexenio y otro para combatir a delincuentes, además, de las complicidades entre delincuentes y gobierno, es importante resaltar el manejo político del combate a la delincuencia cuando se castiga o se premia a gobiernos estatales conforme a las preferencias del gobierno federal, pueden existir muchas causas más, lo grave es que la política errática del gobierno federal en el combate a la inseguridad se sustenta en combatir los efectos y no las causas.

El debate nacional sobre la inseguridad alcanza su máximo en el Poder Legislativo para promulgar la Ley Federal sobre Seguridad Interior solicitada por las fuerzas armadas, fue suficiente una orden del presidente Peña al Congreso federal para que de inmediato la Cámara de Diputados, al día siguiente de la orden presidencial, votara y aprobara un proyecto de ley realizado por el Ejército. De inmediato surgen las protestas de la sociedad civil solicitando a los legisladores federales no aprobaran una ley en la cual se le entrega a las fuerzas armadas poderes extraordinarios para mantener el orden social. Y después del enfrentamiento de dos bandos formados por el gobierno-empresarios-partidos en contra de las organizaciones sociales más progresistas que ven en esa ley una posibilidad de militarizar el combate a la delincuencia y mantener el poder militar sobre toda la sociedad, aun con la advertencia de la ONU y la CNDH de que el proyecto de ley por aprobarse representa un alto riesgo de perder el avance en la implementación de los derechos al justificar de parte del gobierno la represión en el avance democrático de los mexicanos, todo parece indicar que el Congreso federal aprobará una ley de intervención del Ejército Mexicano en mantener la seguridad pública con los riesgos y daños colaterales al avance democrático de México. En mi opinión, estimado lector, es posible que en las próximas elecciones los patrullajes del Ejército en el territorio nacional con el pretexto de buscar delincuentes, desalienten el voto opositor al gobierno y con esto ya le pegan al avance político y democrático de los mexicanos.

Si el presidente de la República tiene poderes extraordinarios de movilizar al Ejército es de pensarse la entrega de más poder al presidente de la República, sobre todo cuando existe la posibilidad de utilizar al Ejército para mantenerse en el gobierno y con los antecedentes del presidencialismo mexicano de la concentración del poder, puede volver a la dictadura perfecta como en una ocasión la dibujó el escritor Mario Vargas Llosa.

Al decir de los senadores, la minuta recibida de la Cámara de Diputados ya tiene nueve modificaciones en donde se incorporan las propuestas de la disidencia a esta ley, no obstante, de aprobarse esta ley, siempre tendrá la duda de su aplicación, votarla y aprobarla, exacerbará más las diferencias entre los mexicanos.

El combate a la inseguridad pública es un fracaso del Estado mexicano cuando incumple una de sus principales funciones de mantener la paz social y las garantías sociales e individuales de nuestra máxima ley, cambiar las políticas públicas en el combate a la inseguridad debe ser una prioridad de los próximos gobiernos, quedarnos igual, la nación mexicana corre el riesgo de su desintegración y queda como única opción para combatir la inseguridad, la lucha conjunta de sociedad y gobierno, pues, ya se vio, el gobierno no puede solo con el paquete.

NOTAS CORTAS

Demostrar la eficiencia de un gobierno por el empleo generado en un sexenio tiene su pro y su contra, es bueno alcanzar la meta de la ocupación total de la mano de obra, pero debe ser bien remunerada para alcanzar un auténtico desarrollo económico y social, los 3 millones de empleos en el sexenio de Peña Nieto con los salarios más bajos del mundo no son para presumir.

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