Interés Público

CONSTITUCIÓN CONSOLIDADA

Esta semana se hizo la declaratoria de validez del reordenamiento y la consolidación de la Constitución Política del Estado de Colima, lo cual permite contar con un documento más ordenado y sistemático. Fue el 22 de diciembre cuando se presentó la minuta con el reordenamiento y consolidación de la Constitución de Colima, la cual fue remitida a los 10 ayuntamientos de la entidad. De esa forma, de manera conjunta con el Congreso del Estado, forman el Constituyente Permanente.

Hasta el miércoles, esa reforma constitucional había sido aprobada por los ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo y Minatitlán. Tras la declaratoria, el texto constitucional ya es un documento más accesible, comprensible y útil para los ciudadanos y las autoridades, de acuerdo a lo establecido en el decreto aprobado el pasado 22 de diciembre.

El reordenamiento, propuesto por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, reubicó las disposiciones constitucionales en el artículo, apartado, fracción y párrafo más convenientes desde un punto de vista sistemático y técnico, sin alterar su redacción, salvo para corregir errores evidentes.

La consolidación de la Constitución del Estado de Colima hizo un mejoramiento general de la redacción y la puntuación, lo que incluye la uniformación del uso de mayúsculas y minúsculas, así como la adopción de las formas verbales usuales en el español contemporáneo. Además, se suprimieron los artículos “bis” y artículos derogados, renumerando el total de artículos, que quedó en 147 respecto de los 151 originales.

Esto genera expectativas a los ciudadanos para contar con una constitución técnica y legalmente más viable. Ahora dependerá, también, de las instituciones jurisdiccionales su aplicación expedita. De nada sirve contar con un documental legal y técnicamente impoluto, libre de fallas, si no se aplica a cabalidad por las autoridades pertinentes.

El grave problema del estado de derecho son las omisiones en la aplicación de la ley o la discrecionalidad con la que se abjuran o siguen los preceptos legales. De ahí la importancia de que las autoridades, ahora con una constitución bien consolidada, apliquen sin miramientos la ley y la hagan cumplir a cabalidad. Solo de esa forma se fortalecerá el estado de derecho y se acabará con la corrupción.

REZAGOS

Sorprende cómo pasa el tiempo y algunos servicios se mantienen con esquemas antiquísimos, los cuales se configuran en un importante rezago; esto, ante la apatía y abulia de las autoridades municipales. Como ejemplo está la recolección de basura en la zona metropolitana, conformada por los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán –pero que es el mismo en todo el estado–.

Por la cercanía entre los municipios, que forman casi una sola mancha urbana, la zona metropolitana de Colima podría ser el laboratorio perfecto para no solo mejores esquemas de recolección de basura, más integrales y amigables a medio ambiente, sino también a nuevos modelos de transporte, más sustentables.

Sin embargo, por falta de pericia, inteligencia o simplemente interés, los alcaldes de estos municipios se la pasan en la grilla política y administrando escuetamente los recursos del municipio, en lugar de impulsar las transformaciones que se requieren para mejorar las condiciones del entorno y el bienestar de los ciudadanos.

Muchas obras de relumbrón, pero que poco impactan en el desarrollo armónico de la ciudad. El tema de la recolección de basura es el mismo de hace 50 años. Y aunque existe la tecnología para un acopio integral de la basura, con una mirada más ecológica y que incluso puede traer beneficios económicos a las alcaldías, por concepto de reciclaje, esto no se hace.

Pasan los años, las administraciones y la situación es la misma. Falta la visión política para comenzar a generar los cambios que requiere la zona metropolitana. La realidad, un hecho incontrovertible, es que este el momento crítico para comenzar a implementar los programas y obras que permitan, en un futuro, consolidar estas nuevas tecnologías.

No obstante, persisten, se mantienen las inercias políticas y los intereses de grupo. Es importante y urgente que las autoridades, sin distingos partidistas, comiencen a generar las sinergias y, de manera conjunta, construyan una agenda política que delimite y priorice estos temas, como son el de una recolección de basura más integral y la creación de infraestructura con un claro enfoque metropolitano.

De continuar la desidia y la mediocridad que tanto distinguen a las actuales administraciones municipales, en las especial las mencionadas anteriormente, Colima tendrá un rezago muy importante en el 2018 y perpetuará estos esquemas ya anacrónicos en otras latitudes del país y el mundo.

LOS ESCOLLOS DE MEADE

El tema económico será fundamental para impulsar o apagar las posibilidades de que José Meade sea presidente de México. El candidato del PRI-Panal-PVEM tiene un escenario adverso en ese sentido: la mayoría de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) dijo que el panorama para la inflación se ha tornado más complejo, alcanzando niveles más elevados a los anticipados y con un balance de riesgos al alza, según la minuta de la reunión de política monetaria divulgada este jueves 28 de diciembre.

El Banxico anticipó que la inflación general anual de 2017 será mayor a 6.63 por ciento que alcanzó en noviembre a tasa interanual y que la convergencia al objetivo de 3.0% sea más lenta de lo previsto. Espera alcance niveles cercanos a la meta a fines de 2018 y fluctúe alrededor de dicho nivel en 2019. Esto quiere decir habrá una encarecimiento del costo de la vida del ciudadano, lo que impactará directamente en el bolsillo de los mexicanos y disminuirá significativamente su capacidad de adquisición.

De acuerdo a fuentes oficiales, hasta la primera quincena de diciembre, la inflación a tasa interanual de México se aceleró más de lo previsto al alcanzar 6.69%, su segundo mayor incremento en más de 16 años. Esto marca también una tendencia que podría considerarse como el preludio de una crisis económica, lo que será fatal para la credibilidad del actual gobierno de Enrique Peña Nieto y el abanderado priísta a la Presidencia de la República.

De no mejorar la situación económica para las familias mexicanas, difícilmente podrá convencer José Meade a los ciudadanos de que su proyecto de nación es el indicado. Aunque es una persona que externa una imagen de responsabilidad, inteligencia y honestidad, también es indudable que forma parte de una élite tecnócrata que ha tomado las decisiones en materia política económica los últimos 30 años.

De ahí la importancia para su candidatura de que el contexto económico mejore, pero particularmente el nivel de vida de las familias mexicanas mejore: que existan los empleos necesarios, bien remunerados y de calidad que permitan generar las condiciones propicias para garantizar el bienestar de los mexicanos.

Tanto el PRI como José Meade no pueden limitarse a decir que no estamos bien, pero que estaríamos peor de no haberse implementado las decisiones tomadas. Los ciudadanos buscan certidumbre y esperanzas a un mejor porvenir. Con la llegada del 2018 se abre un abanico de expectativas. Un nuevo año marca también el inicio de proyectos. Para José Meade debe marcar el momento clave de su candidatura.

Por eso es clave que la economía mexicana mejore. De no generar un clima más positivo y holgado, será difícil que el proyecto PRI-Panal-PVEM genere simpatías entre los ciudadanos. De hecho, en estos momentos, las condiciones son adversas para José Meade. Precisamente esta atmósfera de inconformismo se configura como el momento idóneo –el caldo de cultivo– para las proyectos de nación demagogos y que ya han demostrado su fracaso en el pasado.

LEY DE SEGURIDAD, LO QUE VIENE

Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que dirima la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que fue promulgada hace unos días por el presidente Peña Nieto y que, de manera casi simultánea, fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al considerarla violatoria a los derechos humanos.

El miércoles de esta semana, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que las fuerzas armadas del país respetarán la decisión final que adopten los poderes Legislativo y Judicial con respecto a la Ley de Seguridad Interior. Señaló que si bien las fuerzas armadas han solicitado un marco legal que regule su participación en tareas de seguridad pública en ámbitos estatales y municipales, la autoridad castrense respetará lo que finalmente se decida, tanto por el Poder Legislativo como por el Poder Judicial.

La declaración refleja el nivel de lealtad de las fuerzas armadas a las instituciones públicas. Lo mínimo que se puede hacer por los soldados, que día a día arriesgan su vida para proteger a las instituciones de nuestro país, es dotar de un cuerpo jurídico que les dé certidumbre en su actuar, ya que actualmente sus funciones se encuentran en una zona ambigua, gris, que es susceptible a incurrir en un acto de inconstitucionalidad.

Si bien el trabajo de seguridad pública que realizan desde 2006 desnaturaliza las funciones constitucionalmente establecidas para las fuerzas armadas, no se puede soslayar la realidad de que la única institución que ha podido luchar contra el crimen organizado son las fuerzas armadas de México. Por tal motivo, las instituciones militares requieren de un marco legal propicio, pero también que permita su paulatina salida de las calles y su regreso a los cuarteles.

Desde que iniciaron operativos en Michoacán, hace ya casi 12 años, los soldados se han expuesto a un desgaste de su figura institucional, particularmente por las asociaciones y comités de derechos humanos que, en muchos casos, vigilan con más denuedo la integridad de los delincuentes que la de los demás ciudadanos o, incluso, los soldados.

Desde el gobierno de Felipe Calderón, se ha apostado por una estrategia de seguridad que representa una lucha frontal contra los grupos delictivos. La participación de los soldados, si bien introduce factores adicionales de violencia, no dejaban otra alternativa ante el nivel de corrupción de las corporaciones policiacas, lo que amenazaba a las mismas instituciones y al estado de Derecho. De ahí la plena justificación de la llegada de las fuerzas armadas a los operativos de seguridad contra el crimen organizado.

Sin embargo, la misma Ley de Seguridad Interior no está diseñada para perpetuar la presencia de los militares en la lucha contra el crimen organizado; al contrario, esta legislación está diseñada para dar un marco legal que dé soporte a su actuar, reforzando los mecanismos de protección a derechos humanos, a la vez de que da la pausa para fortalecer las corporaciones de seguridad pública y establecer un retiro paulatino de los soldados.

En estos casi 12 años de lucha entre los cárteles y las fuerzas armadas, las autoridades de gobierno de los tres niveles han fallado en fortalecer las corporaciones policiacas. Si bien se han implementado esfuerzos plausibles como los controles de confianza, estos esquemas han sido insuficientes. Por eso las corporaciones de seguridad son incapaces de preservar la seguridad pública y hacer valer el estado de derecho.

Si bien los soldados y los marinos no son policías, pues no están concebidos ni diseñados para perseguir a los delincuentes, actualmente es la única institución que puede hacer frente a los grupos delictivos del narcotráfico, los cuales tienen cooptadas a las corporaciones policiacas y tienen mejor armamentos que éstas.

La Ley de Seguridad Interior, por lo tanto, debe dotar de los mecanismos legales que den certidumbre a las fuerzas armadas, pero también deben establecer una salida de los elementos castrenses para el regreso a los cuartales. Y no solo eso, sino que también es necesario que diseñe una estrategia de seguridad pública, en la cual se defina el mando único, una coordinación mejor con los mandos policiacos, un política de prevención de adicciones eficiente y el combate financiero a los cárteles del narco, ya que las estructuras financieras del crimen organizado están incólumes y permanecen intocables.

La permanencia de las fuerzas armadas y dotarlas de un marco legal es un falso debate, pues lo importante es diseñar una estrategia de seguridad pública a nivel nacional que permita combatir a los grupos del narcotráfico, los cuales, actualmente, amenazan más que nunca a las instituciones de nuestro país y son un componente distorsionador del estado de derecho.

AÑO NUEVO

Por parte de todos los que colaboramos en Interés Público les deseamos un próspero y exitoso 2018. Que sus planes, sueños y anhelos se materialicen, que tengan prosperidad, salud y, sobre todo, paz. El año que viene será un duro año electoral, por lo que será importante que lo asumamos con la responsabilidad cívica que se merece, para que no solo nos vaya bien a nosotros y nuestras familias, sino también a México.

 

 

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