Sobre la ineficacia actual del juicio de amparo

En el año de 1841 en Yucatán, Manuel Crescencio Rejón ideó el juicio de amparo como un medio para combatir actos arbitrarios en contra de los gobernados, incluso, en 1846, en el Programa de la Mayoría de los Diputados del Distrito Federal, el mismo Rejón replantearía la procedencia del amparo, para establecerlo de manera definitiva como un medio procesal que haría eficaz a los derechos que se reconocerían en el Acta de Reformas de 1847. Así, el juicio de amparo se instauró en la Constitución, y más adelante en la legislación federal y, con ello, se garantizaron los derechos reconocidos a favor de los gobernados, dejando como garantes a los jueces de la Federación. Desde entonces, corresponde a los jueces la enorme y trascendental tarea de garantizar y dar eficacia a los derechos de que todos gozamos y somos titulares.

Este juicio de amparo, que incluso sirvió de modelo para otros sistemas jurídicos, resultaba innovador y altamente eficaz, y pese a que su uso no era generalizado, ya que pocos tenían acceso al mismo, mostraba su gran utilidad frente a los actos arbitrarios, amparando y protegiendo a las personas que habían resentido una violación a sus derechos.

Sin embargo, pese a su gran utilidad, poco a poco se fue transformando en un proceso lento y totalmente ineficaz. Los primeros problemas surgieron cuando al juicio de amparo se le comenzó a utilizar como un medio para controlar la legalidad y, con ello, todas las resoluciones que emitían los poderes judiciales locales llegaban al conocimiento del Poder Judicial de la Federación. Todo juicio local, por mínima cuantía que significara, en virtud de la tramitación del juicio amparo, terminaba como un juicio federal. Este hecho saturó de inmediato a los jueces federales con la consecuencia de la lentitud de la impartición de justicia, ya que pasaban no meses, sino años para encontrar una resolución definitiva. El problema de la saturación se convirtió en el principal lastre del Poder Judicial de la Federación. Las reformas que de inmediato se buscaron, lejos de agilizar el procedimiento, aumentaron el número de tribunales para abatir los rezagos, sin que ello se haya logrado hasta nuestros días.

En el año de 2011, junto a la reforma en materia de derechos humanos, se anunció también una reforma a las estructuras constitucionales del juicio de amparo, mismas que buscaban refrescarlo y abonar a su eficacia. El reconocimiento y protección a los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, ampliarían de enorme manera su espectro protector, sumado a la interpretación conforme y al principio pro persona, así como a la tutela del mayor beneficio, se prometía renovarían a nuestro juicio, poniéndolo a la vanguardia bajo los estándares internaciones, muy en específico a lo ordenado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a lo resuelto por la Corte Interamericana.

Sin embargo, pese a todos esfuerzos, nuestro juicio de amparo se encuentra en un problema serio, ya que no es un juicio rápido, no es sencillo y no es nada eficaz. La intención de la reforma era sin duda buena, pero pese a ello, la interpretación que hacen los jueces federales de las reglas del juicio, ha tirado por la borda toda buena intención pretendida.

Desafortunadamente, actualmente en el Poder Judicial de la Federación, la mayoría de los jueces solo hacen interpretaciones amplias para las causales de improcedencia y sobreseimiento; se vuelve un común prevenir a los quejosos buscando los desechamientos de demanda, y para cuando no hay más remedio que admitir el tan anhelado amparo, si llega a darse, se tendrá que esperar alrededor de seis o siete meses para obtener una sentencia.

La interpretación conforme a derechos humanos nunca llegó a muchos jueces federales, quienes gustan de amparar por cuestiones formales y no de fondo, dejando con ello pendiente la verdadera resolución de los asuntos.

La burocratización, el nepotismo y la evidente falta de compromiso que prevalecen en el Poder Judicial de la Federación, son en buena medida parte del problema.

Las futuras reformas sin duda deben encaminarse a facilitar el proceso, convertirlo en un juicio sencillo, sin enredos procesales, que pueda resolverse en el menor tiempo posible y que su eficacia sea tal que se logre el respeto a los derechos humanos.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

Correo: bmendozal@derecho.unam.mx

Comentarios

Notas Relacionadas