Interés Público

PRESIDENCIABLES, A DEBATIR

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo que el Instituto Nacional Electoral (INE) celebró con algunos partidos políticos, a través del cual se impedía la realización de debates, mesas redondas o de análisis en medios de comunicación durante este periodo de intercampaña.

La conclusión del TEPJF es atingente con los principios de libertad de expresión que deben existir en cualquier democracia, puesto que era un sin sentido, y afectaba el derecho de información de la población, impedir que se realizaran debates o mesas de análisis político entre los candidatos presidenciables.

Esta medida de restricción fue impulsada por el Partido Encuentro Social y Morena, la cual claramente atentaba contra el ejercicio periodístico y afectaba la población porque se le impedía, desde la intercampaña, contar con contenidos informativos que les permitieran formar un criterio para emitir un voto razonado, inteligente y que beneficiara al candidato con las mejores propuestas y el plan de gobierno más viable.

Con varias semanas de antelación, el Ecos de la Costa criticó esta medida que acotaba y restringía los espacios reflexivos en los medios de comunicación, fundamentales para impulsar una democracia deliberativa, en la cual se sopesan con inteligencia las aptitudes, características y propuestas de quienes buscan gobernar este país.

El TEPJF nos dio la razón en este tema tan delicado e importante para la salud de la democracia mexicana. Y es que de acuerdo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es piedra angular de una sociedad libre y democrática, por lo que resulta indispensable contar con debates y mesas de análisis en todo el proceso de la campaña y no solamente en los últimos días, cuando será difícil predisponer a los ciudadanos a estos temas, máxime cuando los fastidiaron por largos meses con spots insustanciales de los partidos políticos.

Ahora lo que resta es que los candidatos tengan la disponibilidad para participar en esta contienda electoral, desde un enfoque propositivo y en el que impera a discusión racional de los temas prioritarios de la agenda pública mexicana. Se acabó, pues, la vocinglería y el ruido mediático, pues es tiempo de proponer soluciones inteligentes a las grandes problemáticas de México.

Y es que sólo a través de contenidos informativos de análisis, la población contará con los elementos racionales suficientes para emitir un voto inteligente, que apoye a quien tenga las mejores propuestas y las más viables para el beneficio de la sociedad mexicana.

Desgraciadamente, la mayoría de los candidatos presidenciales, hasta el momento, han incurrido en el juego de la descalificación, propiciando así una dinámica informativa muy superflua y que no aborda de fondo los retos de la nación. Esperemos que a partir de este momento, sin los candados del INE, se puedan generar los espacios de reflexión y análisis necesarios para la democracia.

Quedará claro, por otra parte, que los candidatos renuentes a participar en los debates y mesas redondas serán quienes menos propuestas tienen. De esa forma ayuda a visibilizar, a la población, quiénes son los menos preparados y los que se dedican a lucrar políticamente con la venta de espejitos.

 

COBRO INJUSTO

El domingo pasado se generó una situación de gran tensión en la caseta de cobro ubicada en Cuyutlán, entre un grupo que buscaba liberarla y otro, de lado de la empresa, que amagó con impedir la protesta con el uso de la violencia. Afortunadamente, la oportuna intervención de los cuerpos policiacos del estado fue un factor disuasivo que impidió el derramamiento de sangre.

Cada vez crece más la inconformidad por el aumento del peaje en ese punto, donde el cobro ha crecido de manera exponencial y actualmente, en ida y vuelta, un automovilista debe pagar casi 300 pesos. El precio es alto si se toma en cuenta que de Colima a Guadalajara la cuota, de acuerdo a las tarifas de la Operadora de Autopistas Sayula, es de 290 pesos.

Es injusto que dentro del estado, en una franja relativamente corta, los colimenses tengamos que pagar para transportarnos de manera segura al municipio de Manzanillo; es injusto, particularmente, en el caso de habitantes de los municipios de Tecomán y Armería, que colindan con Manzanillo.

Ya es hora de que se busque un esquema legal, a través del Congreso, para que se ponga un límite a los aumentos del peaje, sobre todo en el caso de la caseta de cobro de Cuyutlán. Y es que el tema tiene una implicación constitucional, pues dentro de las garantías individuales está el libre tránsito del mexicano en todo territorio nacional.

Se requiere, pues, una solución a esta importante problemática, que cada vez solivianta más la inconformidad en la población. Por otro lado, la autoridad debe deslindar responsabilidades sobre la contratación de este grupo de choque, pues una cosa es una manifestación pacífica ante una empresa que violenta la economía familiar de los colimenses y otra, muy diferente, subvencionar la violencia a través de un grupo de personas que pusieron en riesgo la seguridad de los automovilistas.

Se debe fincar responsabilidades penales a quienes contrataron estas personas, así como a los mismos que perturbaron la paz a través de la amenaza y la violencia. Y es que de permitirse la contratación de grupos de choque, es previsible que la violencia cause heridos o, incluso, de escalar aún más la confrontación, muertos.

La contienda electoral es el momento propicio para escuchar a los candidatos sobre este tema. Los gobiernos, de los tres niveles, cobran una buena cantidad de impuestos a los ciudadanos para, encima de eso, concesionar la construcción de importantes vías de comunicación, lo que luego perjudica la economía de los automovilistas, ya de por sí afectada con los constantes incrementos en la gasolina.

De ahí, pues, la importancia de que se genere una propuesta por parte de los candidatos presidenciales para, de una vez por todas, quitar las casetas de cobro. Y es que hay formas dentro de la ley que pueden potenciar los recursos públicos para el mantenimiento y construcción de vías de comunicación.

Es injusto que una empresa privada, desde hace más de 20 años, continúe lucrando con una inversión que le dejó, por mucho, grandes ganancias, superior ya a la inversión que en su momento hizo.

 

REFINANCIAMIENTO NO ES NUEVA DEUDA

Una de dos: el legislador Luis Ladino no lee los decretos que se publican en el Congreso del Estado o tiene toda la aviesa intención para desinformar a la población. Y es que fiel a las trapacerías políticas, como su padre político, Jorge Luis Preciado, El Güero Ladino declaró que el Gobierno del Estado está solicitando un nuevo crédito que podría para en la campaña electoral.

Luis Ladino trató de tergiversar la información, pues no hay evidencia ni solicitud de ningún crédito, sino que actualmente se encuentra en un proceso de licitación para refinanciar dos créditos vigentes, por un monto global de hasta mil 436 millones 364 mil 484 pesos.

Este proceso de refinanciamiento, autorizado por la actual Legislatura local, mediante Decreto No. 427, es importante para el Estado, ya que permitirá disminuir las tasas de interés y generar ahorros por este concepto. Por eso, en el decreto, que fue aprobado por el Legislativo, del cual forma parte Ladino, se expresa lo siguiente:

Que las condiciones del mercado durante los dos últimos años han impactado desfavorablemente en el costo de la deuda contraída por el Estado de los créditos referidos en el considerando segundo, al haberse incrementado de manera significativa la tasa de interés pactada en esos financiamientos.

Adicionalmente, el crédito referido en el numeral 2, de los antecedentes, se celebró cuando existía un deterioro de las calificaciones crediticias quirografarias del Estado, las cuales son un factor determinante para fijar las tasas de interés de un financiamiento.

Actualmente las calificaciones quirografarias del Estado con las agencias Fitch Rating´s y HR Rating´s, reflejan una mejora sustantiva en relación a las que se tenían en años anteriores, las cuales pasaron de un nivel de Default restringido en el año 2015, a BBB- en el presente año (2017), reflejando por consecuencia grado de inversión, esto es, que existe mayor confianza en que las obligaciones de deuda del Estado serán cubiertas oportunamente.

Que considerando que se ha logrado incrementar el grado de las calificaciones crediticias quirografarias del Estado, se estima que se podría lograr una mejoría en las condiciones de los financiamientos descritos, específicamente una reducción de la sobretasa de interés originalmente pactadas, mediante la implementación de un proceso competitivo, conforme a lo estipulado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, las cuáles promueven la contratación de financiamientos en las mejores condiciones de mercado.

Ese esquema permitirá, por una parte, generar ahorros significativos por concepto de intereses de la deuda, y por otra, se robustece el perfil de la deuda pública directa, lo que coadyuvará a seguir mejorando las calificaciones quirografarias el Estado.

Conforme a esto, el 7 de febrero se lanzó la convocatoria de licitación para el refinanciamiento de estos dos créditos vigentes, que se adquirieron en pasadas administraciones y no durante el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez. A través de esta licitación pública se cumple con lo establecido en los ordenamientos legales aplicables, para adjudicar el refinanciamiento a la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones de mercado al estado de Colima, lo cual se encuentra en proceso.

En ese sentido, el refinanciamiento se realizará sin modificar el perfil de pagos vigente, ni se agregará un solo peso adicional al monto total de la deuda, pues únicamente busca una mejora respecto a la tasa de interés vigente. Y es que el incremento en la calificación crediticia lograda en el gobierno de Ignacio Peralta permite refinanciar ambos créditos y propiciar mejores condiciones contractuales, refrendando así el compromiso de mejorar y fortalecer las finanzas públicas.

No es, pues, un nuevo crédito lo que se busca, como afirmó el diputado Ladino, sino que se trata de un refinanciamiento, con todas las de la ley, para flexibilizar las condiciones de los pagos de esta deuda heredada por la administración de Mario Anguiano.

 

MAYOR IMPACTO SOCIAL

El gobierno de Ignacio Peralta cambió el paradigma en el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, garantizando así un mayor impacto social y su profesionalización, además de mejorar el uso de los recursos públicos. Y es que anteriormente a las organizaciones de la sociedad civil recibían un subsidio, pero ahora se les dará un presupuesto de acuerdo a los proyectos que presenten.

Lo anterior es un cambio de gran trascendencia, pues antes había organizaciones de la sociedad civil que recibían subsidios de mil pesos al mes. ¿Qué impacto social se pueden generar con mil pesos mensuales? Más que nada, estas exiguas cantidades de dinero, se utilizaban para el pago de garrafones de agua, ni siquiera alcanzaba la renta o el pago de la tarifa eléctrica.

Va a ser un momento de transición para las organizaciones de la sociedad civil; sin embargo, será positivo y generará mayores beneficios para la población, pues sólo serán apoyadas las organizaciones cuyo trabajo y objetivos realmente ayuden a la población.

El gobierno de Ignacio Peralta trabaja para instrumentar adecuadamente la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Y por eso desde diciembre del año pasado y hasta este mes de marzo, se han inscrito 102 organizaciones en el registro de Organizaciones de la Sociedad Civil, además de que se han recibido siete proyectos.

De estas 102 organizaciones civiles que cuentan con su cédula de registro, 38 son organizaciones de la sociedad civil, 64 son instituciones de asistencia privada y 52 se encuentran en proceso de registro. A partir de que se abrió la convocatoria, los representantes de las organizaciones civiles pueden acudir a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social y Seplafin para recibir el acompañamiento en la formulación de proyectos.

El registro de organizaciones de la sociedad civil es a través del portal www.reosc.col.gob.mx. Hay un recurso estatal en este 2018 superior a los nueve millones de pesos; las organizaciones de la sociedad civil pueden recibir hasta 200 mil pesos, de acuerdo al impacto social del proyecto, aunque también se manejan esquemas extraordinarios de recursos, dentro de la misma ley, que permiten ampliar el apoyo.

Desafortunadamente, la falta de responsabilidad y profesionalismo de funcionarios le pone trabas a este trabajo. Y es que hace unas semanas renunció, por busca un hueso político en Morena, quien era el presidente del Consejo de Participación Social, pieza fundamental para darle seguimiento a los proyectos y formalizar la comisión, integrada por organizaciones de la sociedad civil, que aprobará estos proyectos.

Es importante, pues, que se defina de nueva cuenta quién presidirá el Consejo de Participación Social, pero sobre todo que se designe a una persona con un perfil más ciudadano, académico, que realmente responda a los intereses de la población y que se comprometa de lleno a potenciar el impacto social de las organizaciones civiles.

Es un tema importante y que debe definirse de manera oportuna. Por otro lado, es un mensaje al gobernador para exigir, de quienes buscan formar parte del gobierno y la autoridad, un compromiso genuino con la sociedad. Eso ya lo ha demostrado el mismo mandatario y su gabinete principal, pues a diferencia de la administración de Mario, cuando los funcionarios utilizaban los cargos de trampolín electoral, ahora no participó ningún secretario en este proceso electoral y se centraron en trabajar a favor de los colimenses, como siempre debe de s

Comentarios

Notas Relacionadas