La inspección sobre las personas y vehículos por la Policía

Desde el año pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto cuestiones relativas a las prácticas policiales, señalado que para acreditar la existencia de una “sospecha razonable” que justifique la realización de un control preventivo provisional, la autoridad debía precisar cuál era la información, y con ello los hechos y circunstancias con las que contaba para suponer que una persona estaba cometiendo una conducta ilícita. Con ello, la Corte había establecido que la Policía debía explicar detalladamente en cada caso concreto, cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que razonablemente le llevaron a estimar que la persona actuó de una manera “sospechosa”, o bien, de manera “evasiva”. Por lo tanto, la Primera Sala enfatizaba que si la autoridad solo aducía que el inculpado “adoptó una actitud evasiva ante su presencia”, sin aportar mayores elementos que permitieran justificar un control preventivo provisional, se llegaría al extremo de convalidar cualquier intervención en la libertad personal o en la intimidad de una persona, sin mayores requisitos que la apreciación vaga y subjetiva de la autoridad policial, lo cual es inconstitucional.

Esa “sospecha razonable” de la Primera Sala daba herramientas importantes a los jueces de Control para determinar la ilegalidad de las detenciones.

Ahora, con la discusión realizada ya no en la Primera Sala, sino en el Pleno de la Suprema Corte, en donde participan ya no cinco, sino los 11 ministros, se muestra la disparidad garante que existe en su integración, ya que ahora, por mayoría de votos, se apoyaron las reformas que se hicieron al Código Nacional de Procedimientos Penales y que habían sido impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Así, los ministros consideraron que es válido que la Policía pueda inspeccionar a una persona o a un vehículo en caso de flagrancia o en una investigación, cuando exista una “suposición razonable”. La ministra Margarita Luna Ramos, que formó parte de la mayoría que mantuvo el proyecto, señalaba que esa facultad que ahora tenían los policías, era para evitar la evasión de las personas y cumplir con el principio de inmediatez, ya que “de lo contrario, la Policía estaría de adorno”. Por su parte, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, dijo que si bien esa nueva facultad policial puede incidir en derechos como la intimidad, ambulatoria y la dignidad humana, lo que se busca es “proteger los derechos de la colectividad por razones de seguridad jurídica”.

Si bien, la discusión de la Primera Sala había logrado una interpretación que ponía freno a las actuaciones arbitrarias de la Policía, con esta nueva resolución se pone en riesgo de nueva cuenta la libertad de los ciudadanos.

Ahora, se afirma por la mayoría del Pleno, que la Policía no puede arbitrariamente detener personas o vehículos, incluso para el caso de la flagrancia, lo cual es correcto (si y solo si se aplica el criterio de la Primera Sala), pero después afirma, que si se encuentra abierta una investigación, puede continuar la Policía actuando bajo el modelo de “sospecha razonable”, lo cual desde luego ya no se comparte. Lo anterior es así, ya que se autoriza a la Policía a actuar más allá de la flagrancia, para llevar a la etapa de investigación, actos que en principio deben ser ya controlados por un juez y no ser cobijados bajo la figura de la “sospecha razonable”. Pareciera que los ministros desconocen cómo actúan en la práctica diaria los policías y las formas arbitrarias de su proceder, abrir la puerta a la “sospecha razonable” a etapas como la investigación resulta riesgoso.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

Twitter @BaldoMendoza

Comentarios

Notas Relacionadas