Congreso analiza la eliminación de la caseta de cobro de Cuyutlán

Infoecos/Colima

El Congreso del Estado analizará la posibilidad de eliminar la caseta de peaje de la autopista Colima-Manzanillo, entre Armería y Manzanillo, para lo cual aprobó la creación de una comisión que revise los términos de la concesión y la ampliación de su vigencia, y solicitar posteriormente ante la autoridad competente la posibilidad de solicitar su eliminación.

Además, exhortó a la Policía Federal Preventiva para que deje de subordinarse y deje de ser cómplice de la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), concesionaria de la autopista Armería-Manzanillo y proteja a la ciudadanía y automovilistas cuando se realicen actos de liberación de la caseta de peaje de Cuyutlán.

A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional en la Quincuagésima Octava Legislatura local, la diputada manzanillense Martha Leticia Sosa Govea presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Policía Federal Preventiva para que “aplique la ley y detenga a los integrantes de los grupos de choque contratados por la empresa concesionaria que en la caseta de Cuyutlán se han dedicado a agredir a manifestantes y automovilistas”.

Dicho punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de los diputados asistentes a la sesión de este miércoles, una vez que se reprobó los actos intimidatorios de parte de personal contratado por la concesionaria de la autopista federal, en los que se incluye agresiones a automovilistas y manifestantes, en hechos ocurridos el pasado domingo.

En el exhorto aprobado por los diputados, y presentado por Sosa Govea, también se exhortó al propio comisionado de la Policía Federal, Fernando Cid Juárez, para que de manera urgente implementen los operativos y medidas pertinentes y necesarias para salvaguardar la seguridad, tranquilidad, certeza jurídica y la integridad de las personas que transitan por la carretera Armería-Manzanillo.

Este exhorto es también para que realicen acciones que garanticen la integridad de las personas que de manera pacífica liberan la caseta de peaje de Cuyutlán, y así evitar cualquier tipo de tragedia ante el actuar del grupo de choque contratado por Pinfra.

De la misma manera, se exhortó al secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, para que junto con el Poder Legislativo, se aboque a integrar un grupo de trabajo que revise los términos de la concesión, la ampliación de su vigencia y analice la viabilidad de solicitar la eliminación de la caseta de cobro.

El punto de acuerdo señala en su exposición de motivos, que el objetivo es garantizar el derecho humano a la libertad de reunión y de expresión, mediante protocolos que otorguen seguridad a las personas que participan en las manifestaciones pacíficas liberando la caseta de Cuyutlán.

El documento menciona que desde hace algunos años, grupos de activistas y miembros de la sociedad civil se han quejado por los altos costos y la posible violación al derecho del libre tránsito que implica la caseta de Cuyutlán, presentándose situaciones tensas donde hay golpes, empujones, enfrentamientos verbales y una gran cantidad de agresiones.

Asimismo, el punto de acuerdo destaca que no han existido acciones por parte del Ejecutivo estatal para garantizar la seguridad de los manifestantes, y cuando se han presentado elementos la Policía Federal resultan ser muy pocos, para la gran cantidad de personas que se enfrentan.

La Legislatura estimó que por la reacción de la empresa concesionaria ante las acciones de liberación de la caseta de Cuyutlán, podrían darse enfrentamientos aún más violentos, por lo que ya se hace indispensable y urgente la presencia de elementos suficientes de las policías Estatal y Federal.

GRUPO DE TRABAJO

Este jueves se conformó un grupo de trabajo legislativo al que serán remitidas todas las iniciativas que presenten los legisladores en torno al tema de la caseta de Cuyutlán, el cual trabajará coordinadamente con el grupo encargado al secretario general de Gobierno, que revisará los términos de la concesión de esa caseta de peaje.

El grupo de trabajo quedó conformado por las diputadas Martha Sosa Govea, Norma Padilla Velasco y Leticia Zepeda Mesina y por los diputados Federico Rangel Lozano, Eusebio Mesina Reyes, Nabor Ochoa López y Javier Ceballos Galindo.

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