Interés Público

CANDIDATOS CORRUPTOS

Dicen que la democracia no es el mejor sistema político, sino el menos peor. La democracia se torna realmente peligrosa cuando se configura en el mecanismo ideal para que personas corruptas lleguen al poder. Si bien desde el mismo sistema se registran actos de corrupción, es una realidad también que cada vez más se fortalecen los mecanismos para combatirla.

Un claro ejemplo de esto son órganos auditores a nivel federal como estatal. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sus observaciones han dado pie a pesquisas periodísticas y trabajos de investigación, como “La Gran estafa”, entre otros reportajes que se fundamentan en lo investigado por las auditorías.

Sin embargo, esos contrapesos institucionales podrían estar en riesgo en caso de llegar candidatos corruptos a los puestos más importantes del sistema, como es el caso de la Presidencia de la República. Hay señalamientos con un gran sustento técnico y legal en contra de dos candidatos a la Presidencia: Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez.

El candidato de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, desde hace algunos meses es acusado de recibir más de 54 millones de pesos a través de la triangulación de recursos en paraísos fiscales y que forman parte de un intrincado esquema de lavado de dinero.

De acuerdo a las investigaciones del área de inteligencia financiera de la Procuraduría General de la República (PGR), Junisierra es una empresa propiedad de Ricardo Anaya y su familia política. A través de esta empresa compran un terreno de 13 mil metros cuadrados al empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda por 10 millones de pesos. Barreiro Castañeda contrata a Alberto y Daniel “N” para crear empresas fantasmas en México, Canadá, Suiza, Gibraltar, el Reino Unido y El Cairo.

Alberto y Daniel –testigos protegidos de la PGR– reciben y distribuyen 54 millones de pesos a través de la red de empresas para entregarlas a Manhattan Master Plan Development; una empresa creada con 10 mil pesos y cuyo domicilio estaba en un terreno baldío. Se simula, entonces, la venta de una nave industrial: Manhattan Master Plan paga 54 millones de pesos a Juniserra.

Dicha nave industrial se encuentra en el mismo terreno que Anaya ya había comprado a Barreiro. Con esos 54 millones de pesos, Juniserra –la empresa de Anaya y familiares políticos– le regresa a Manuel Barreiro, por concepto de compra de otro terreno, otros 23.5 millones de pesos.

Con ese mismo movimiento financiero, el origen de dinero queda oculto entre las empresas fantasmas que fue triangulado. Ahora que el caso se hizo público, Alberto y Daniel “N”, quienes armaron este intrincado esquema de triangulación, fueron amenazados de muerte y su identidad es protegida porque forman parte de una investigación de la PGR por lavado de dinero.

Por eso Ricardo Anaya negó y mintió en el sentido de que apenas conocía a Manuel Barreiro, cuando en realidad fue su padrino de boda en el 2005. Lamentablemente, nuestra democracia permite que compitan por la Presidencia individuos con estos antecedentes y que enfrentan acusaciones por lavado de dinero.

Para competir por la Presidencia de la República, ningún candidato debería tener la sombra de la corrupción en su persona, sino que se deberían distinguir por su probidad y vida honesta. Solo uno de los cincos candidatos hasta el momento, José Antonio Meade, presentó su declaración patrimonial avalada con la opinión técnica de un contador público certificado que acredite la congruencia de este documento fiscal.

Por otro lado, Jaime Rodríguez, autodenominado El Bronco, compite también por la presidencia de la República a pesar de enfrentar pesquisas por delitos graves en material electoral, entre los que destacan la falsificación de cientos de miles de firmas en la captura de apoyos y financiamiento ilícito.

Es una burla que a pesar de que el Instituto Nacional Electoral determinó que había falsificado firmas –7 mil muertos lo apoyaron– y que duplicó 266 mil credenciales con el mismo nombre y clave, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una resolución dividida de cuatro contra tres, optó por validar su candidatura.

Participará por la Presidencia de la República un candidato deshonesto, tramposo y corrupto que no tiene ni la más mínima posibilidad de ganar, pero que solo su participación desacredita a las autoridades electorales y le costará al pueblo de México más de 7 millones de pesos.

Nuestra democracia aún está en vías de desarrollo, por lo que es importante que las mismas instituciones se cuiden de respetar la legalidad y el Estado de Derecho. Los ciudadanos también tienen la responsabilidad de diferenciar claramente quiénes representan la corrupción y los costos sociales, políticos y democráticos que implicaría la llegada de corruptos a posiciones de poder dentro de todos los niveles de Gobierno.

 

LIBERAR CASETA

El Congreso del Estado analizará la posibilidad de eliminar la caseta de peaje de la autopista Colima-Manzanillo, entre Armería y Manzanillo. Para eso, se aprobó la creación de una comisión que revise los términos de la concesión y la ampliación de su vigencia, y solicitar posteriormente ante la autoridad competente la posibilidad de solicitar su eliminación.

Además, el Legislativo exhortó a la Policía Federal Preventiva a que deje de subordinarse y ser cómplice de la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), concesionaria de la autopista Armería-Manzanillo, y proteja a la ciudadanía y automovilistas cuando se realicen actos de liberación de la caseta de peaje de Cuyutlán.

Dicho punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de los diputados asistentes a la sesión de este miércoles. Consta en imágenes y videos la manera en que un grupo de choque, presumiblemente contratado por la concesionaria de la autopista federal, intimida y agregue a manifestantes, además de que también encara a choferes y automovilistas. Estas agresiones tuvieron su mayor grado de expresión el pasado domingo.

En el exhorto aprobado por los diputados, y presentado por Martha Sosa Govea, también se exhortó al propio comisionado de la Policía Federal, Fernando Cid Juárez, para que de manera urgente implemente los operativos y medidas pertinentes y necesarias para salvaguardar la seguridad, tranquilidad, certeza jurídica y la integridad de las personas que transitan por la carretera Armería-Manzanillo.

Ha sido grosera y burda la manera en que la Policía Federal se ha supeditado a los intereses de los concesionarios, dejando de lado los derechos y seguridad de los automovilistas. Hay que recordar que en pleno periodo vacacional, la Policía Federal desvió a la carretera libre a los automovilistas, pretextando que se realizaban trabajos de reparación y mantenimiento en la de cuota, cuando en realidad se optó por desviar el tráfico a raíz de la toma de la caseta.

Es positivo que la Secretaría General de Gobierno, junto con el Poder Legislativo, integren un grupo de trabajo que revise los términos de la concesión, la ampliación de su vigencia y analice la viabilidad de solicitar la eliminación de la caseta de cobro, ya que es una de las más caras del país (más de 120 pesos, cuando a Ciudad Guzmán se paga menos de 60 pesos).

De acuerdo a los términos del contrato de licitación original, la concesionaria que administra la caseta de Cuyutlán Manzanillo, que comenzó en 1990, debería finalizar su operación en el 2019; sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se amplió 10 años más, porque la empresa demandó a esta dependencia por las pérdidas que le generó otra obra carretera en otro estado.

Es una situación absurda y que amerita un análisis detallado y profundo por parte de los legisladores y el mismo ejecutivo estatal. Los colimenses tenemos derecho a transitar por el estado de Colima de manera libre y segura. Si ya se le pagó a la concesionaria lo que invirtió en la carretera de cuota, no tiene por qué seguir lucrando económicamente.

Por otro lado, el Ejecutivo estatal debe garantizar la seguridad de los manifestantes, pues es previsible que la toma de la caseta continúe. Esto puede provocar, consecuentemente, que los enfrentamientos entre manifestantes y el grupo de choque de la concesionaria se vuelvan más violentos, por lo que ya se hace indispensable y urgente la presencia de elementos suficientes de las policías Estatal y Federal.

 

AUTORIDAD ELECTORAL, DESACREDITADA

Un duro golpe le dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE), y por ende, a la democracia de México, al validar la candidatura de Jaime Rodríguez. No solo el árbitro electoral queda demeritado por esta decisión, sino que también el mismo TEPJF queda desprestigiado ante la opinión pública.

Y es que con esta resolución, el tribunal pone entredicho el trabajo del INE y su capacidad, profesionalidad y eficacia: las miles de falsificaciones (casi 60 por ciento del total), el alto número de fotocopias que el aspirante presidencial independiente presentó en sustitución de los documentos originales y los alrededor de 20 millones de pesos de financiamiento bajo sospecha o sin documentación, fueron desestimadas, “porque no existe constancia de cómo sucedió realmente ese procedimiento”.

El planteamiento recibió el apoyo de Indalfer Infante, Mónica Soto Fregoso y José Luis Vargas y, en consecuencia, el TEPJF ordenó al INE registrar a Jaime Rodríguez como candidato presidencial. Ante esto, la propia magistrada presidenta del TEPJF, Janine Otálora, dimensionó, en una frase, las implicaciones de esta aberración: “¿En qué situación –se preguntó– quedan aquellos aspirantes a diputados o senadores cuya negativa, cuya determinación del INE de que no cumplieron con el porcentaje requerido fue confirmada? ¿Estaríamos ante una situación de dos maneras de juzgar?”.

Con esto, no hay garantía ni la legitimidad de los apoyos otorgados a quienes aspiran a una candidatura independiente, factor esencial para dar certeza al respaldo ciudadano requerido y garantizar, así, que quienes buscan una candidatura independiente estén libre de sospecha y manipulación.

Solo así se puede garantizar a los ciudadanos que la incorporación de una candidatura independiente tuvo apoyo real e incontrovertible de un elector. El dictamen aprobado por el TEPJF significa un otorgamiento de impunidad a un aspirante que violó la normatividad electoral, lo que de entrada lo deja en una posición muy desfavorable en el momento de pedir el voto.

Hay una diferencia abismal entre María de Jesús Patricio, Marichuy, la indígena que buscó recopilar las alrededor de 800 mil firmas requeridas para registrarse como aspirante independiente a la Presidencia, y la cual quedó finalmente fuera de la boleta, y Jaime Rodríguez.

Marichuy perdió pero se apegó a la normatividad electoral y fue la candidata con menos anomalías en sus documentos (las fallas registradas fueron errores de dedo). Lo peor de este fallo, es que en la percepción pública el TEPJF representa el desaseo por parte de ese órgano judicial.

Lo anterior alimenta la retórica de las aves de mal agüero que vaticinan un fraude electoral y que, en cada oportunidad, ponen aprueba la probidad, la ecuanimidad y la confiabilidad de las autoridades responsables de los procedimientos comiciales y de su calificación.

Que quede claro: el INE es una de las instituciones ciudadanas más importantes dentro de la vida política y democrática de México. Su trabajo, hasta el momento, ha sido impecable y apegado a la legalidad. Que el descrédito de unos cuantos magistrados no contamine a las instituciones que dan luz, orden y cauce a la decisión de millones de mexicanos.

 

POLÍTICOS VIOLENTADOS

A partir de septiembre, cuando inició el proceso electoral, a la fecha se han registrado 203 agresiones a políticos. De estos actos violentos, 173 fueron ataques directos por el crimen organizado y 30 contra familiares de los gobernantes, entre ellos 78 asesinatos. Ya han muerto, en este contexto de violencia delincuencial, tres mujeres candidatas.

Esta violencia afecta directamente a la democracia y socava las instituciones de nuestro país. De ahí la importancia de procurar y generar las condiciones de seguridad que permitan el desarrollo de este proceso electoral. Esta violencia ha ido aumentando: tan solo en el pasado mes ocurrieron más de 60 agresiones, principalmente a presidentes municipales o precandidatos a cargos de elección popular, para que desistan de su registro.

También aumentó mucho el número de amenaza de muerte e intimidación en contra de candidatos, a quienes los obligan a renunciar de sus aspiraciones a cambio de no atentar contra su vida o la de familiares. Esto se da principalmente en los candidatos a alcaldes.

Para contrarrestar esta situación, en los próximos dos meses realizarán 17 acciones coordinadas entre la PGR y la FEPADE a escala nacional para evitar más agresiones. El operativo debe ser de gran envergadura, pues los ataques ocurren en 29 entidades, principalmente en Puebla, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Estado de México.

La violencia contra candidatos debe ser un tema prioritario de seguridad interior, pues se debe investigar por qué obligan a ciertos candidatos a renunciar a sus aspiraciones políticas y si esto es para beneficiar a otros candidatos, estos últimos apoyados y respaldado por el crimen organizado.

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