Interés Público

Guerra sucia

La desinformación, el engaño y la manipulación son utilizadas con frecuencia en las campañas electorales, particularmente por aquellos políticos que son incapaces de obtener resultados y realizar acciones en beneficio de la población. Es lamentable que por intereses espurios, un medio de comunicación nacional, sin el mínimo esfuerzo de investigar y verificar la información, difundió información falsa, en torno a que se compró a sobre precio el terreno en donde se reubicará la Zona Militar.

El periódico nacional que difundió este libelo no se molestó por precisar las fuentes ni dio los mínimos elementos informativos a los lectores, sino que todo lo señaló con base en “documentos” que en ningún momento se muestran, tampoco se detallan en qué términos se encuentran sus fuentes. Esta opacidad le resta valor a las fuentes y pone en duda si son fidedignas.

En contraste, en un ejercicio de transparencia, el gobernador Ignacio Peralta difundió a través de sus redes sociales la documentación que acredita la legalidad del terreno que compró el Gobierno del Estado para donárselo al Ejército Mexicano. En ese sentido, el terreno en cuestión mide 63 hectáreas y está a pie de la autopista Colima-Manzanillo.

El precio que se pagó fue de 58 millones de pesos, lo que es incluso menor a su valor, según avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que legalmente es la máxima instancia de valuación de bienes en el país. El Indaabin determinó que el costo del predio es de 61 millones de pesos.

Para comprobar eso, el Gobernador anexó la imagen del documento en cuestión. Con base en este documento, legalmente acreditado, se demuestra que el Gobierno del Estado no sólo no compró a sobreprecio, sino que lo hizo desembolsando tres millones de pesos menos por debajo del avalúo. Es decir, logró un ahorro de tres millones de pesos del dinero de los colimenses con esta importante compra de terreno.

Por otro lado, es ridículo afirmar que un predio de 63 hectáreas cuesta un millón de pesos; de ser así, cada metro cuadrado tendría un costo de un peso con 50 centavos. Ecos de la Costa se comunicó con personas que tiene sus predios cerca de autopistas, en condiciones parecidas al terreno que compró el Gobierno del Estado y el metro cuadrado se vende hasta en 500 pesos.

El Gobierno del Estado incluso transparentó el documento donde se plasma a quién le compraron este terreno. Genera suspicacia la actitud del legislador Luis Ladino, en el sentido de si miente por oportunismo político o simplemente no lee los documentos que le entregan en el Congreso a la hora de aprobar los dictámenes, pues este expediente completo se entregó con antelación al Congreso del Estado. Habla también de la falta de profesionalismo del medio nacional que difundió la información falsa, pues no respaldó la información investigando, sino que sólo se limitó a transmitir un mensaje.

Una sencilla consulta en el Archivo Histórico del Estado habría bastado para confirmar que los documentos entregados al periódico carecían de sustento. Es información que cualquier ciudadano puede consultar, por lo que hay mucha malaleche en la forma como algunos políticos del PAN respaldan esta desinformación.

 

 

Caseta, conflicto en aumento

La ampliación del periodo de operación de la Caseta de Cuyutlán, cuya fecha límite era el 2019 y se recorrió hasta el 2050, ha propiciado una serie de manifestaciones que han devenido, en los últimos días, en acalorados enfrentamientos entre quienes buscan retirar la garita y el grupo de choque contratado por la empresa concesionaria.

El domingo, la confrontación llegó a un punto álgido, cuando se unieron organizaciones de otros estados, lo que radicalizó la protesta. Entre empujones y gritos, una reportera de TV Azteca fue obstaculizada e insultada por la turba de protestantes, quienes la corrieron del lugar.

Por lo que se aprecia en los videos difundidos en redes sociales, se puede observar que estos manifestantes vienen de otras partes del país y que están altamente ideologizados, pues tenían consignas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y el partido al que éste pertenece.

El gobernador Ignacio Peralta condenó la violencia de este grupo de manifestantes que impidieron el libre ejercicio periodístico de la reportera de TV Azteca, máxime cuando hay una legislación que busca garantizar el trabajo reporteril para informar adecuadamente a la población.

Por un lado, la empresa concesionaria de la Caseta de Cuyutlán debe ser investigada por la contratación de un grupo de choque que ha propiciado la violencia, situación inédita en todo el país, porque ni cuando toman la caseta de la Autopista del Sol se contrata a porros para golpear a manifestantes.

De igual forma, los ciudadanos que impulsan el retiro de la caseta deben cuidar, con vehemencia, que no se filtren actores políticos ni personas que busquen otros fines. El domingo fue patente la consigna política de los protestantes y la ideología a la que pertenecían.

Es importante, además, que en la resolución de este conflicto impere el respeto a la legalidad, pero también al beneficio colectivo. La empresa concesionaria no se puede amparar sólo en el papelito, sino que tiene que convencer a los colimenses de la legitimidad de estas ampliaciones, ya que conforme a los convenios anteriores, su tiempo era por 30 años, mismos que se cumplen en el 2019.

De ahí que la empresa explica a cabalidad y de manera clara cuánto costó la autopista, cómo se han hecho las amortizaciones conforme a los pagos del servicio y cuánto obtiene, al día, por el cobro de la caseta. Es ilógico que en casi 30 años de cobrar no han recuperado su inversión original, pero mueve más a la indignación que estén ampliando la concesión hasta el 2050.

Para recuperar la armonía en esa vía de comunicación tan importante para el estado, debe quedar claro el aspecto legal, los términos en que se aumenta el peaje, la desintegración del grupo de choque y que informe la empresa la forma en que se amortiza el pago de la autopista.

Hay mucha opacidad en el tema, además de que es indignante la forma en que la Policía Federal ha actuado para solapar a la empresa concesionaria; así lo hizo en abril cuando desvío a los automovilistas por la carretera libre cuando fue tomada la caseta y al permitir al grupo de choque atentar contra la seguridad de quienes por ahí transitan.

Es necesario, pues, que las instancias gubernamentales analicen a profundidad los términos del contrato de concesión y se busque la solución que beneficie más a los colimenses, y no a una empresa que ya tiene casi 30 años beneficiándose del dinero de los ciudadanos.

 

 

Políticos de circo

El sistema político y la democracia en México sufren de una clase de políticos de circo, cuyo trabajo se delimita a insultar, denostar y buscar cualquier oportunidad para proyectarse mediáticamente, ante la nula capacidad de generar respuestas y acciones que beneficien a la población.

Demuestran, así, su estrechez de miras y su falta de inteligencia política, pues en lugar de buscar soluciones con base al trabajo colaborativo (como se hace en una democracia, donde la pluralidad es indiscutible), se dedican a dividir a la clase política y a confrontarse, lo que sólo genera una mayor atomización y antagonismo entre los que toman las decisiones.

Hay varios políticos que exhiben sus cualidades circenses, demagógicas y que exhiben una mentalidad acartonada, reduccionista de la política en términos de buenos y malos, cuando el fenómeno es más complejo y exige la participación de los ciudadanos. Aquí mencionaremos sólo a dos, que han tenido un protagonismo indiscutible en esta categorización: Martha Zepeda y Luis Ladino.

Recientemente, la candidata a diputada Martha Zepeda, a través de sus redes sociales, publicó una fotografía posando al lado de una mula, donde escribió: ¿Alguien sabe el nombre del funcionario priista con el que me tomé la foto? (Espero que la mula no se ofenda por esto). Lo de Martha es el bullying, el acoso, el insulto, lo bajo y la división, la verborrea y el show mediático.

Sin embargo, la candidata a diputada federal no previó que también hay otras personas igual de groseras y con falta de educación, pues en su muro le contestó un usuario de las redes sociales: “¡Pablo Gómez Jiménez, tu esposo, funcionario priista en el gobierno federal, como director de Recursos Humanos en el Imjuve. ¡Qué incongruencia la tuya!”.

Cuando se baja el nivel de la política y se propicia el insulto, uno también puede ser blanco de vejaciones, como este caso. De ahí la importancia de elevar el nivel del debate político y de tener una actitud propositiva. Martha Zepeda, en lugar de centrarse a construir un discurso inclusivo en términos de pragmatismo político, se ha dedicado a insultar a quienes no coinciden en sus inclinaciones partidistas.

Lo mismo hace Luis Ladino, su compañero de coalición, quien no ha hecho nada por Colima en términos legislativos, pues sólo se ha dedicado a mandar iniciativas sin fundamento técnico y que son inviables, como la de volver vitalicia la licencia de manejar, o la de desaparecer impuestos estatales y municipales.

En lugar de fortalecer la hacienda pública para generar mayores beneficios, el legislador panista y ahora candidato a senador, pide se derogue impuestos sin mandar una propuesta seria, profesional y que determine qué acciones se realizarán para no afectar la operatividad del gobierno y los apoyos sociales.

Demagogo, busca manejar mediáticamente esta propuesta electorera, ahora que es senador, pero cuando inició su trabajo legislativo, en el 2015, no mandó ni formuló ninguna iniciativa para beneficiar a los colimenses. Su actuar, como el de Martha Zepeda, se ha delimitado al protagonismo mediático para esconder y maquillar su falta de resultados y acciones en beneficio de la población.

Son buenos para criticar, pero nunca proponen ni asumen un papel activado, más allá de los reflectores de los medios de comunicación, para resolver las grandes problemáticas de nuestro estado. El domingo, por ejemplo, quiso participar en la toma de la caseta Luis Ladino, pero los manifestantes lo corrieron del lugar y le reclamaron su oportunismo y demagogia.

De esa misma forma, los ciudadanos castigarán electoralmente a aquellos políticos de circo, los cuales son los principales promotores de la depauperación de la clase política.

 

 

Calzada Galván, remodelación necesaria

La remodelación de la Calzada Galván representa un cambio no sólo en términos de infraestructura de movilidad, sino de la mentalidad de los mismos ciudadanos. El gobierno debe hacer obras con proyección a futuro y que busquen armonizar la movilidad en la ciudad.

No es correcto ni conveniente propiciar una cultura que excluya las demás variantes de transporte y fortalezca la utilización de automóvil. Colima es una de las ciudades, a nivel per cápita, con más automóviles de México y Latinoamérica. Casi hay un carro por dos habitantes.

De ahí pues la necesidad de comenzar a fortalecer otros medios de transporte, como es la bicicleta, el movimiento peatonal y transporte público. La remodelación de la Calzada Galván es un primer paso a consolidar un nuevo paradigma de movilidad en el estado.

En materia de decisiones políticas no se puede partir de generalizaciones ni de lo que opina un solo segmento de la población, sino que se debe basar en estudios técnicos y en proyección a futuro. De ahí precisamente la concepción de la planeación urbanística.

Ya hay avances importantes en materia de movilidad peatonal y ciclista. Es previsible, en ese sentido, que las ciclovías y los andadores se conecten para generar una mayor movilidad. De esa forma se articula la movilidad alternativa con los hitos urbanos más relevantes de la zona metropolitana.

Es anticuado y anacrónico seguir construyendo con una mentalidad basada únicamente en el transporte motorizado. Las ciudades les pertenecen a los humanos, no a los automóviles. Afortunadamente, el gobierno toma las decisiones desde un punto de vista técnico y con proyecciones a futuro, lo que garantiza una mayor armonía y viabilidad en términos de movilidad para la zona metropolitana.

Poco sustento tienen los comentarios de quienes piden obras sólo para el automovilista, exigiendo así que se mantengan formas de pensar y una cultura excluyente, donde solo el transporte motorizado es dueño de los espacios públicos. La remodelación de la Calzada Galván fue necesaria y aporta a cambiar la cultura en materia de movilidad.

Esta importante arteria ya incluye a los peatones y ciclistas, y deja buenos márgenes para los automovilistas que transitan por esa zona. La obra puede potenciarse si se impulsa el proyecto adecuado en la Zona Militar, espacio que está a reserva de lo que decida un comité ciudadano.

En ese sentido, el proyecto debe contemplar las características de movilidad de la Calzada Galván. Mucho se especula sobre lo que se construirá en ese terreno de más de 14 hectáreas. Al final, lo que se decida de manera colegiada, tendrá que tomar en cuenta la detonación económica de ese espacio y que, a su vez, reactive el comercio de la Piedra Lisa.

No es descabellado ni se debe condenar, a priori, la construcción de un complejo de centros comerciales o de negocios en esa zona, cuidando la preservación de espacios verdes, así como las vías peatonales y de ciclismo. No se puede concebir como si se trata de un centro comercial al estilo Zentralia o Plaza San Fernando, edificios de grandes dimensiones y vastos espacios de estacionamiento.

Al contrario, se debe apostar por algo novedoso y que armonice con las zonas verdes y los espacios para ciclistas y peatones. Así se reactiva la vida comercial en la Calzada Galván y se obtiene un importante recurso que el gobierno puede utilizar en beneficio de los colimenses, además de que se generan más espacios recreativos y de convivencia para las familias.

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