Los decretos de Peña: atentado contra la reproducción de la vida.

Fue noticia nacional que el pasado 6 de junio, en el marco de las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente, Enrique Peña Nieto utilizó las facultades que le otorga la Constitución para modificar el estatuto de las vedas existentes, afectando a 300 cuencas del país que representan el 40 por ciento de las 756 que existen. Este 40 por ciento contienen el 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación, impactando con ello a 20 estados de la República Mexicana, incluido el nuestro, Colima.

Y es que en el decreto se menciona a la cuenca hidrológica Río Marabasco A., perteneciente a la Región Hidrológica No. 15, denominada Costa de Jalisco, la cual abarca parte de los estados de Colima y Jalisco, incluyendo parcialmente los municipios de Minatitlán y Manzanillo. Resulta alarmante la liberación del agua en esa zona, debido a que es ahí donde se localizan la mayor cantidad de mineras que existen en la entidad (recordemos que el 44 por ciento del territorio de Colima se encuentra concesionado a la minería). Por lo que con el decreto de Peña Nieto deja vía libre para explotar el vital líquido para una industria que deja muerte a su paso. Las concesiones, en caso de autorizarse por la Conagua, serían hasta por 50 años, lo que nos vuelve vulnerables como sociedad colimense.

Si bien es claro que de facto el decreto no significa privatización, deja entrever que al levantar la veda en esas cuencas, se deja libre el recurso hídrico para ser concesionado de acuerdo a los volúmenes disponibles para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística o inmobiliaria. Lo anterior a costa de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos, al extinguir su derecho al uso del agua que no fueron renovados a tiempo. De acuerdo con información de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, en este momento existen 50 mil concesiones caducadas en el país, principalmente de ejidos, comunidades y pueblos que no sabían que sus derechos al agua tendrían que renovarse.

No debemos olvidar que México está dentro de la quinta parte de los países a nivel mundial que padecerán agudos recortes en el suministro de agua en 2040, así lo señala el análisis emprendido por el Instituto de Recursos Mundiales, organización sin ánimo de lucro que investiga los recursos que le quedan al planeta. Nuestro país es ubicado en el lugar 34 de 161 naciones que enfrentarán un estrés hídrico extremadamente alto en 2040. Resulta contradictorio por parte del gobierno mexicano facilitar el uso del agua a los megaproyectos, y despojar a las comunidades, cuando el panorama mundial es desalentador debido al cambio climático, en su lugar deberían de estar tomando previsiones que mitiguen los impactos de la escasez del agua. Y cumplir con su función de dotar de agua a la población mexicana, pues de acuerdo al Inegi, más de 44 millones de mexicanos no tienen en sus hogares dotación diaria de agua.

El agua es vida, lo sabemos todas y todos, y es por ello que el agua se defiende. Apelando a la memoria y a la historia de nuestro continente, encontramos casos de gobiernos que han pretendido privatizar el agua y otros recursos naturales, como lo fue Bolivia en el año 2000, cuando Hugo Benzer, entonces presidente de la República firmó un contrato con la multinacional Bechtel para privatizar el suministro de agua en Cochabamba; una acción más de las políticas neoliberales que se aplicaban de forma sistemática, como respuesta a los lineamientos de instituciones internacionales como el Banco Mundial. Ante tal hecho, el pueblo se movilizó y detuvo la inminente privatización y al tiempo que alimentó las otras luchas campesinas e indígenas de toda Bolivia, generando las condiciones sociales y políticas para establecer un gobierno popular en la figura del segundo presidente indígena del mundo: Juan Evo Morales Ayma, quien en conjunto con los movimientos sociales de Bolivia dieron pie a la refundación del Estado plurinacional boliviano.

Como vemos, los decretos forman parte del plan neoliberal puesto en marcha en toda América Latina. Queda en el pueblo, organizaciones y movimientos sociales decidir entre dos proyectos económicos totalmente distintos, por un lado, el que impulsan las élites de la política convencional (PRI, PAN y sus partidos aliados), causantes de los 53.4 millones de pobres, el desmantelamiento de las políticas de seguridad social y la entrega de la riqueza nacional al capital extranjero; y por el otro lado, un modelo económico y político alternativo, que pone al centro de las políticas públicas a las personas y la ética como plantea el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La experiencia de Bolivia nos enseña que atentar contra el recurso vital es meterse contra el pueblo, en México el neoliberalismo decidió ese camino, por lo que auguro que está en su fase final. Llegó el momento de hacer historia y comenzar juntos como pueblo a realizar nuestra propia historia, caminar hacia la soberanía nacional con autonomía e independencia.

Si otro Colima es posible, será producto del pueblo colimense, vota a conciencia, vota por la vida.

Abierto al diálogo de saberes, nos encontramos en @alfred_alva.

 

*Economista, especialista en Ciencias del Ambiente y maestro en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana.

 

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