Graciela Larios propone reformas a Ley de Movilidad.

Infoecos/Colima

Para que todos los trabajadores del volante con más de 15 años de antigüedad puedan ser sujetos a recibir una concesión de transporte público, la diputada Graciela Larios Rivas propuso derogar el impedimento que para recibirla tienen los parientes de quienes ya poseen una concesión.

La legisladora priísta indicó que la fracción octava del numeral 1 del artículo 278 de la Ley de Movilidad Sustentable impide recibir concesión de transporte público a parientes por consanguinidad y afinidad hasta en cuarto grado de quienes cuenten con una concesión o permiso.

“Ese artículo ha generado malestar e inconformidad en choferes con más de 15 años de servicio que cumplen con todos los requisitos de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, pero están imposibilitados por la misma norma al ser familiares consanguíneos o por afinidad de un concesionario”, señaló Larios Rivas.

La diputada local indicó que esos trabajadores del volante no pueden aspirar a mejorar en su trabajo dejando de ser choferes para ser concesionarios porque la misma norma lo prohíbe, siendo violentados en sus garantías individuales al no poder ejercer libremente su trabajo y aspirar a mejorarlo.

Recordó que el derecho al trabajo es un derecho fundamental humano, por el que toda persona tiene la libre elección del mismo, tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación.

Indicó que a pesar de que la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima fue aprobada recientemente, “vivimos en un Estado de Derecho, en donde todas las leyes son perfectibles para mejorar el aparato jurídico del Estado”.

Graciela Larios mencionó que promover la modificación a la ley estatal en materia de movilidad, tiene como objetivo convertir las expresiones legítimas de todos los sectores sociales en parte de la normatividad que regula las relaciones entre los particulares, así como de éstos con el Estado.

 

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