Revive conflicto territorial entre Jalisco y Colima.

Infoecos/Jalisco
Activistas de derechos humanos revivieron el conflicto territorial entre Jalisco y Colima, que se disputan desde hace varias décadas 209.4 kilómetros cuadrados del territorio de Cuautitlán y la comunidad indígena de Ayotitlán, y exigieron al gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, “atienda este tema de manera prioritaria dentro de su gestión administrativa”.
En nota informativa del periódico Milenio Diario, se da a conocer que activistas de derechos humanos, preocupados con la violencia cíclica que afecta a la sierra de Manantlán, en particular en la zona otomí-nahua de Ayotitlán, le pidieron al gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que ponga sus ojos en la región del conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima con el mismo nivel de prioridad que ha definido el futuro mandatario para la zona limítrofe con Nayarit, que afecta a comuneros wixaritaris.
A través del presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí, y del coordinador ejecutivo, Alexis Mata Sánchez, le enviaron una carta el pasado 3 de mayo, cuando Alfaro Ramírez aún era candidato, pero no tuvo respuesta, menciona el periódico de referencia en su edición de este viernes.
El presidente de dicha organización civil insistió en la necesidad de que se aborde, lo que recuerda es el conflicto limítrofe más antiguo del país, con más de un siglo de andanza, y en el que los crímenes contra aborígenes han estado presentes.
“Desgraciadamente, en ninguna parte de sus declaraciones a los medios se ha dado por enterado del litigio territorial más antiguo y extenso de la entidad, por el control de una superficie aproximada de 209.4 kilómetros cuadrados del territorio de Cuautitlán y la comunidad indígena de Ayotitlán, con el vecino estado de Colima, que inició en 1920 con la matanza, a manos de colimenses, de siete indígenas de Telcruz y Ayotitlán, para obligarlos a retirarse a las montañas de la Sierra de Manantlán, y apropiarse de los yacimientos de Peña Colorada y Piedra Imán”, le reprochan en la misiva al entonces candidato.
Le señalan que las administraciones de Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez (2001-2013), panistas, y la priista a punto de terminar, de Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018), “abandonaron” la disputa legal interpuesta por su antecesor Alberto Cárdenas Jiménez (1998), y permitieron a los poderes fácticos e institucionales de Colima, prevalecer en la zona.
“Sobreviven en esta zona, precariamente, dos mil 350 personas, en su mayoría indígenas, que están asentados en 14 pequeños poblados alrededor de uno de los fundos mineros más grandes del país y uno de los ríos más grandes y caudalosos del estado, el Marabasco, que sirve de límite natural” para los estados, pero Colima no lo reconoce.
“En su campaña, ha sido clara su predilección por atender la problemática de los indígenas del norte de la entidad, dejando para después la de los indígenas de la costa sur del estado […]. Tenemos la esperanza de que estos litigios encontrarán un lugar en su programa gubernamental para el sexenio 2018-2024”, añaden.
La red y otras organizaciones comunitarias aliadas, le ofrecen al gobernador electo que se integren en un frente común para lograr resolver el asunto y llevar justicia a los aborígenes, para lo cual, incluso, le propusieron una “gira de observación” por la demarcación, donde los intereses económicos más poderosos los representa el consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada, propiedad de las transnacionales Arcelor Mittal, de origen indio, y Ternium, de capital ítalo-argentino.
En la parte baja de la cuenca, la disputa es entre los municipios de Cihuatlán, Jalisco, y Manzanillo, Colima, y el interés empresarial más importante son los dueños del desarrollo turístico Isla Navidad. En ambos casos, el peso empresarial es desmedido, lo que no ocurre en los litigios de la región huichola, con Nayarit.

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