Interés Público.

HACER EQUIPO POR COLIMA

Los diputados de Morena propondrán un exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) retire la caseta de Cuyutlán, la cual ha sido blanco de controversias por las ampliaciones injustas, operadas en su concesión, a tal grado que el mismo Gobernador mandó una iniciativa al Congreso de la Unión para que se le cancelara.

Ahora bien, lo ideal, para que realmente se retire esta caseta, que afecta económicamente a los automovilistas de todo el estado, pero en especial a los de Tecomán, Armería y Manzanillo, es que se haga un frente común, que conjugue las fuerzas del Legislativo local, el Gobierno del Estado y los diputados federales de Colima, y de esa forma instrumentar una estrategia legal, con todos los frentes cerrados, para revocar la concesión de la caseta a la empresa que la administra.

No se trata de quién se queda con la medallita del retiro de la caseta de Cuyutlán y tampoco de usar el tema como un trampolín mediático, en aras de impulsar protagonismos partidistas, sino darle una salida viable a esta problemática. Si bien hay fundamentos legales para exigir el retiro de la caseta de Cuyutlán, esto debe hacerse de manera inteligente, previendo todas las consecuencias que esto implica.

Primero, esta vía seguirá siendo utilizada por los miles de tráileres que transitan por esa zona al día, lo que genera un gran desgaste de la vía asfáltica. Es imperativo, por lo tanto, que se dé un adecuado mantenimiento. Eliminar la caseta no es viable: se requiere mantener el cobro a los tráileres que transitan por esa zona, pero sin cobrarles el peaje a los automovilistas con placas de Colima.

Los diputados de Morena deben entender esto. Y se requiere un trabajo integral que permita el apalancamiento desde el Legislativo local, el Gobierno del Estado y el Congreso de la Unión para lograr que la administración de la caseta de Cuyutlán pase al Gobierno estatal.

De esa forma no sólo se garantiza el mantenimiento de esta importante vía que comunica a la zona metropolitana con Manzanillo, sino que también permite generar un ingreso extraordinario al estado y el cual puede utilizarse, de manera prioritaria, para el beneficio de los municipios costeños, como son Tecomán, Armería y Manzanillo.

Esta propuesta es viable, porque cada vez transitan más tráileres, debido al crecimiento portuario de Manzanillo. Se estima, en ese sentido, que son millones de pesos los que ingresan al día, sólo por transporte pesado. Pero para cristalizar estos beneficios, se requiere dejar de lado los antagonismos partidistas y ver, a futuro, el beneficio de los colimenses.

Si todas las fuerzas políticas coinciden en que buscan el beneficio de la población, entonces no debe haber divisiones ni divergencias en este tema. Qué bueno que el diputado Vladimir Parra busque a través de los legisladores federales de Morena y el próximo titular de la SCT eliminar la caseta, pero lo ideal, lo más viable, es que haga equipo con las demás instituciones. Que se acerque al gobernador Ignacio Peralta, a los demás legisladores federales, del PRI y el PAN, para hacer un frente bien consolidado que exija, con toda la fuerza, el retiro de la caseta de Cuyutlán.

No se trata de protagonismos, sino de unir fuerzas. La población está cansada de ver a los políticos pelear por antagonismos partidistas, que sólo exhiben sus mezquindades. Esta es una oportunidad de oro para que Vladimir Parra demuestre su calidad política, como un político que sabe eficientemente resolver problemas y traer resultados a favor de la población, sin intereses de colores o vanidades personales. Que se haga un equipo a favor de Colima.

 

CARLOS FARÍAS, DEMAGOGIA

El subsidio a la tenencia es un incentivo fiscal. De los ingresos estatales, la tenencia es el menor. Apenas alcanza cerca de 40 millones de pesos, a comparación de los más de 170 millones de pesos que se recaudan con el holograma fiscal vehicular. La aplicación del subsidio a la tenencia es meramente incentivo; es decir, busca fortalecer la recaudación, no sólo del estado, sino particularmente de los municipios.

La eliminación de la tenencia vehicular, como busca el diputado Carlos Farías, afectaría principalmente a los ayuntamientos, pues el principal incentivo del subsidio a la tenencia es que no se adeude el predial, ingreso fundamental de las arcas municipales. Por otro lado, el impuesto de la tenencia no afecta a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, porque este gravamen es subsidiado por el Gobierno estatal.

Y es que si bien existen libertades y derechos, también hay obligaciones: los ciudadanos tenemos la obligación, cada año, de hacer nuestros pagos correspondientes. El subsidio es un incentivo, un aliciente para cumplir con nuestras responsabilidades.

Eliminarlo, por otro lado, no sólo significa perder este aliciente –que afectaría principalmente a los municipios–, sino también dejar de obtener más recursos vía la federación. Y es que el Gobierno de la República asigna recursos por tres vías. Una es la cantidad de habitantes –Colima queda muy rezagado en ese aspecto–, otra es el nivel de pobreza –estamos muy por detrás de Guerrero y Oaxaca— y una más es por la eficiencia en la recaudación.

En este último rubro, el gobierno de Ignacio Peralta en el que más destaca. Ha mejorado la recaudación estatal sin crear nuevos impuestos o subir los existentes. Esto gracias a que ha modernizado los servicios y los ha ampliado. Ya hay cobertura total, en todo el estado, de Kioscos de Gobierno y Receptorías de Renta, además de que muchos pagos se pueden realizar totalmente en línea, reduciendo el costo de traslados y generando, así, un ahorro para la economía del contribuyente.

Pero principalmente, esto se debe al subsidio a la tenencia vehicular. Colima es el estado que más vehículos tiene, per cápita, en el país. Por eso la implementación de este impuesto. Además, hay que decirlo, Colima está entre las entidades de la República con menos impuestos a la población, sobre todo en el tema de impuestos patrimoniales, los cuales afectan más la libertad económica, pues merman específicamente lo ya hecho y trabajado, que es la base de ahorro y crecimiento continuo del contribuyente.

Y es que el Gobierno estatal subsidia el pago de la tenencia al cien por ciento, mientras que las entidades de Querétaro, Ciudad de México y Veracruz aplican subsidios parciales. El Gobierno estatal ha sido sensible a la economía del contribuyente: en el 2016, el Gobernador eliminó el pago de cambio de placas, cuyo impuesto le costaba a los contribuyentes 250 millones de pesos. El cambio de placas, antes de derogarse, se hacía a cada cambio de administración y todos los contribuyentes tenían que pagar.

Por otro lado, en las entidades de la República se pueden cobrar hasta 13 impuestos estatales. Y en Colima sólo se cobran siete impuestos. Hay que decirlo: la eliminación del impuesto de la tenencia es una medida demagógica, irresponsable y que terminaría por afectar a los municipios.

Un ejemplo es el de Manzanillo, sólo del impuesto predial, obtuvo ingresos por más de 160 millones de pesos. Es inobjetable que esta capacidad de recaudación se vería reducida seriamente si se quita el incentivo fiscal del subsidio a la tenencia vehicular. Qué son 160 millones para un municipio y 40 millones para el Gobierno estatal. ¿A quién se afecta más?

Ahora bien, la ley de disciplina financiera refiere que si se va a eliminar un ingreso, también se debe precisar qué gasto se va a eliminar. Si el legislador Carlos Farías plantea eliminar el pago del holograma, que diga entonces el diputado a cuáles programas sociales se les tiene que retirar el apoyo (becas, entrega de uniformes, infraestructura). Esto implicaría dejar de canalizar al Gobierno estatal un recurso de 180 millones de pesos aproximadamente para su trabajo operativo y a favor de la población.

Si el diputado Carlos Farías quiere realmente beneficiar a la población, que no le busque chichis a las culebras: que presente una iniciativa para bajarse el 50 por ciento el salario y las prestaciones los legisladores locales, y que ese recurso se canalice a becas y apoyos sociales. De esa forma no se golpea la economía de los municipios y se genera un beneficio a la población. Lo demás es demagogia.

 

RESPONSABLE MANEJO DE DEUDA

Gracias a las buenas prácticas financieras y al manejo responsable de la deuda pública, el gobierno Ignacio Peralta ha reducido 241.3 millones de pesos la deuda pública directa: se recibió una deuda de dos mil 805.1 millones de pesos a diciembre del 2015, misma que en agosto del 2018 bajó a dos mil 563.6 millones, lo que representa una reducción de 241.3 millones de pesos.

Sin embargo, se tiene un estimado de deuda, para el 2021, de dos mil 617 millones de pesos, incluido el nuevo financiamiento de 410 millones de pesos que el Congreso del Estado aprobó y que actualmente se busca contratar, a través de una licitación pública.

Lo interesante, y lo que demuestra el buen manejo financiero del gobierno de Ignacio Peralta, es que a pesar de este crédito, al concluir la actual administración no habrá aumentado la deuda pública directa, a diferencia de los dos gobiernos estatales anteriores, que crecieron de manera exorbitante los adeudos, sin obras que acrediten este endeudamiento.

¿Dónde están las obras que Mario Anguiano construyó con la deuda que generó durante su administración? Aumentó la deuda del Gobierno estatal en más de dos mil millones de pesos, pero no hay ninguna obra o infraestructura que dé cuenta de los financiamientos adquiridos, y es así porque los créditos fueron utilizados para pagar gasto corriente.

Esto contrasta con el correcto manejo financiero del gobierno de Ignacio Peralta, pues de haber recibido una deuda de dos mil 805.1 millones de pesos, la dejará en dos mil 617 millones de pesos al término de su gobierno, lo que significa 188 millones de pesos menos de endeudamiento para el estado.

Al tener un adecuado y responsable manejo de la deuda, nada se le puede criticar al Gobierno estatal por la contratación del crédito a largo plazo autorizado por el Congreso del Estado. De entrada es el primero que solicita Peralta Sánchez durante su gobierno, además de que se ajusta a las disposiciones legales de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades y municipios, así como la Ley de Deuda Pública del Estado.

Por otro lado, el crédito no va a afectar la mejora en las calificaciones crediticias ni la salud financiera del estado, pues se encuentra dentro del Techo de Financiamiento Neto del estado para el presente ejercicio fiscal; pero más importante aún, este recurso servirá para mejorar el trabajo de seguridad pública del estado y obras para el beneficio de todos los colimenses. El gobierno así responde a las necesidades de la población, sin afectar la salud financiera del estado.

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