Entrevista José Ignacio Peralta Sánchez.

Infoecos/Colima

“Nosotros no estamos por la reducción de la tarifa: estamos por que nos digan si existen fundamentos jurídicos y financieros para que la caseta exista”, afirmó categórico el gobernador José Ignacio Peralta, sobre la permanencia de la caseta de Cuyutlán, tema en el que aseguró debe imperar el estado de derecho.

Entrevista con el director del Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérez, el mandatario sostuvo que el Gobierno estatal plantea el retiro de la concesión de la caseta de Cuyutlán desde el punto jurídico, así como financiero, teniendo en consideración una cuestión de legalidad, pero también del clamor social originado por la inconformidad ante la ampliación de la concesión.

“Estamos considerando que la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) pueda hacer un replanteamiento a la respuesta que nos dio y que no nos satisfizo. Y si no hay ningún replanteamiento, entonces la respuesta que ya emitieron se irá a un tribunal y el proceso será judicializado”.

Aclaró que hay dos puntos que el Gobierno estatal cuestiona. Uno relacionado con un asunto jurídico, relativo a si las ampliaciones, los plazos son válidos ante la ley, ya que si se califican como ilegales, entonces la caseta tiene que revocarse.

“Porque la ley, cuando se emitió la concesión no permitía ampliaciones de plazos, y si la ley, posteriormente, lo permitía, habría que ver si la nueva ley aplica las concesiones que ya existían o si solamente esta nueva ley aplica para nuevas concesiones que se otorguen cuando la nueva ley está vigente”.

El Gobernador explicó, en ese sentido, si hay una supletoriedad de la ley a las condiciones de las concesiones que prevalecían en ese momento. “Yo puedo tener una opinión y decir que no hay supletoriedad y, probablemente, para la SCT diga que sí lo hay, pues eso le permite, con la nueva ley, hacer la ampliación de los plazos. Pero ese desacuerdo, particularmente en ese punto, lo tiene que dirimir un juez”.

Sostuvo que si un juez dice que sí hay supletoriedad, entonces las ampliaciones son legales y la operación de la caseta de Cuyutlán es válida, pero si no es así, no se pudo haber hecho la ampliación y tiene que revocarse de manera inmediata.

Otro punto importante, destacó el Gobernador, es el financiero, donde es muy importante que se audite el pasivo que la caseta debe pagar para, posteriormente, precisar cuánto se ha pagado en los 28 años que tiene operando la caseta de Cuyutlán.

“Es un tema de dinero público, porque finalmente lo estamos pagando los que pasamos por la caseta. Y esto está concesionado por un gobierno, que es el Gobierno federal. Nosotros no estamos cuestionando si el Gobierno federal tiene facultades para otorgar una concesión; lo que cuestiono es que si con el marco jurídico que prevalecía con la que la concesión fue otorgada, se permitía las ampliaciones de los plazos”.

Más importante, destacó el Gobernador, es saber, derivado de una auditoría al pasivo, lo que se ha generado de recuperación por el cobro en 28 años si ya se pagó ese pasivo o no. “Y nomás hacemos un planteamiento: la concesión original se otorgó en 1990 por un plazo de nueve años y tres meses; eso quiere decir que alguien, en 1990, calculó que el pasivo se debía pagar con ese periodo”.

El Gobernador inquirió por qué, después de 28 años de cobrar, aún se le debe a la concesionaria dos mil 500 millones, lo que ha obligado que el plazo se extienda hasta el año 2050. “Eso, desde el punto de vista matemático, financiero, no tiene lógica, no tiene sentido. Por eso es necesario que se haga un auditoría y eso es lo que estamos pidiendo en el escrito”.

Ofrece una relación sana y respetuosa con el Congreso 

Cuestionado sobre un legislativo que aprueba iniciativas como la revocación del mandato y leyes de austeridad que acotan el presupuesto del Gobierno estatal, Ignacio Peralta expone que ve a un Congreso local con ganas de hacer cosas y que tiene muchas ideas.

“Que también tienen la enorme responsabilidad de haber logrado un triunfo electoral, en muchos lados, de manera muy contundente. Que tiene una alta representación popular y que también le tiene que entregar buenas cuentas a sus representados”.

Aseguró que de parte del Ejecutivo estatal, siguiendo una línea de congruencia, ofrece una relación sana y respetuosa, cordial y de diálogo, pero sobre todo productiva y que tenga, como resultado, traerle beneficios a las familias colimenses.

“Habrá que hacerse política, mucha política a través del diálogo. Habrá que tener capacidad de diálogo y entender que algunos puntos se ganarán, otros no, así es la política. Así lo decidió el pueblo, así es la democracia. Y con el escenario en el que esté trabajaremos y gobernaremos, siempre, apegados al marco constitucional”.

En relación al presupuesto, el cual tiene que ser aprobado por los legisladores, el gobernador sostuvo que el presupuesto tiene una ruta crítica, que debe seguirse con base a la normatividad, por lo que hay un proceso que establece tiempos, formas, procesos y comisiones, que deben seguirse al pie de la letra.

“El presupuesto tiene una enorme mayoría de componentes inerciales. Por ejemplo, el pago de la nómina; ahí va un porcentaje enorme del presupuesto. No puede decir alguien: corre a dos mil trabajadores para que ese dinero se lo asignes a una carretera. Eso no se puede hacer. Es una cosa que se tiene que analizar con mucho cuidado. Y nosotros, en ese sentido, estamos respetando los componentes inerciales”.

Añadió que los nuevos proyectos están sujetos a un diálogo y a una convergencia, en la cual se espera compartir las visiones, en caso contrario habrá reasignación de recursos. “Estamos abiertos al diálogo y estamos listos para que podamos trabajar con los diputados y sacar al presupuesto no que más le convenga a un partido político, sino el que más le convenga a todos los colimenses”.

Visita de AMLO, cuatro temas estratégicos 

Ante el nuevo escenario político que se avecina en el mes de diciembre, el Gobernador expuso que una etapa importante es la campaña político electoral, la lucha por el poder pero otro, más trascendente aún, es ser gobierno y ejercer esta responsabilidad constitucional con miras hacia un beneficio colectivo, sin diferenciaciones partidistas.

“Gobernamos para quienes no militan en el partido que nosotros militamos, que no comparten nuestras ideas, pero que constitucionalmente estamos obligados atenderlos. De esta manera, el ejercicio profesional de la política, implica no involucrar los colores partidistas en el ejercicio del gobierno. Y creo que en adelante tiene que funcionar de esa manera”.

Resaltó que en su última visita a Colima, donde sostuvo una reunión privada de aproximadamente media hora con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, percibió, en un ambiente grato y respetuoso, a un presidente que sabe escuchar, que razona y que pregunta.

“Esto a mí me abre un panorama optimista. Yo espero que en los hechos se confirme esta percepción y que podamos trabajar en colaboración. Yo ofrezco un trato respetuoso y lo que está dentro de mis facultades como Gobernador, las ejerza como lo exijo; es decir, sin intervención de criterios partidistas y que anteponga, sobre todo, los intereses de la sociedad y los ciudadanos que son nuestros gobernados. Y en ese sentido siempre vamos a encontrar coincidencias”.

Ignacio Peralta precisó que durante esa reunión se enfocaron en cuatro temas, los más importantes para el estado, como es el tema de seguridad, donde pidió que Colima se considerara como el estado piloto en la aplicación del nuevo modelo de seguridad que implementará el gobierno de López Obrador.

“En segundo lugar hablé del puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo está viviendo un momento muy complejo, mostrando ya niveles de saturación que está reduciendo la eficiencia y la productividad, y esto encarece al puerto y lo vuelve más complicado para que los dueños de la carga vean atractivo mover su carga como clientes a través del puerto”,

Puntualizó que es obligación del gobierno que el puerto funcione bien, sea productivo y que el crecimiento de la carga se vea como una buena noticia, pues genera más negociosos y oportunidades para todos los empresarios, lo que a su vez permite generar más plazas de trabajo.

“Se platicaron soluciones de corto plazo y de largo plazo, más estructurales, y le evidencié la importancia que tiene el puerto de Manzanillo para Colima, pero sobre todo para el país. Es una instalación estratégica de seguridad nacional”.

Un tercer punto tratado con el presidente electo, es relativo al sector salud, particularmente con la operación del Hospital Materno Infantil, proyecto que cuando se planteó en la administración estatal anterior se pactó un esquema donde el Gobierno federal aportara la infraestructura y el equipamiento, mientras que el gobierno se encargaría de los costos operativos.

“Sin embargo, cuando se hizo el planteamiento, no se hizo el análisis correspondiente. Porque no tiene el Gobierno del Estado la capacidad para pagar el gasto operativo, no en el corto plazo. Se le planteó al presidente electo un esquema en el que nos puedan apoyar con el gasto operativo de manera gradual, mientras el Gobierno del Estado genera las condiciones para gradualmente asumir el costo operativo total”.

Se le planteó además el tema de la Caseta de Cuyutlán, el adeudo que el Inifap Sagarpa le debe al ejido Revolución y que ha generado anuncios de posibles tomas de la carretera federal Manzanillo-Colima, así como del turismo y el sector de servicios.

“Fue una panorámica amplia, muy completa, y él, de manera muy receptiva, tomó nota y nos pidió que priorizáramos tres asuntos. Y ése es un análisis que estamos haciendo”.

De la bancarrota al equilibrio financiero 

Al hacer un análisis de los logros más importantes de su gobierno, Ignacio Peralta resaltó el equilibrio financiero como un asunto estratégico, pues sin finanzas sanas las otras líneas de política pública se comprometen, en especial cuando el gobierno estatal se encontraba en una bancarrota.

“Va ser muy difícil que puedas construir escuelas, hospitales, infraestructura, que puedas atender nómina, que puedas atender programas. El estado estaba en bancarrota; la calificación, en febrero del año 2016, era la más baja; era una calificación de default, por lo que el gobierno estaba en incumplimiento de sus obligaciones.

El Gobernador relató que aunque hubiera tenido la autorización del Congreso para contratar un crédito, ninguna institución bancaria le hubiera prestado dinero al estado de Colima, pues el riesgo de incumplimiento era muy alto.

Detalló que se tenía un adeudo con proveedores, organismos institucionales y programas, entre otros más, superior a los mil millones de pesos, por lo que la emergencia financiera era delicada, tanto que a los becarios se les llegó adeudar más de dos años, así como las pensiones a los adultos mayores.

Ignacio Peralta expuso, que a la vuelta de tres años, el gobierno del estado elevó su calificación crediticia 11 niveles, por lo que prácticamente se está en grado de inversión, además de que se refinanciaron dos créditos adquiridos durante la administración anterior, mal diseñados y que estaban lastimando las finanzas del estado, por el cobro excesivo de intereses bancarios.

Todo este trabajo, afirmó el Gobernador, ha permitido mejorar las finanzas públicas del estado, trabajo que se ha complementado con la aplicación de un riguroso plan de austeridad, mismo que ha optimizado el gasto y permitido generar importantes ahorros, dándole mayor liquidez al estado y el pago de más de mil millones de pesos en adeudos históricos.

“Todo eso nos ha obligado a ser muy riguroso y cuidados en materia de finanzas públicas. Hay que recordar que emití un decreto de austeridad, en marzo del 2016, que hemos seguido al pie de la letra y que se reformó, con medidas adicionales, en el 2017, lo que nos ha permitido lograr equilibrios en las finanzas”.

Agregó que ahora las quincenas se pagan puntuales, se pagan las retenciones de los trabajadores para el pago de pensiones y no hay atrasos significativos como se generaban antes en materia de becas y pensiones a adultos mayores, además de que hay un cumplimiento en el tema de los programas.

“No diría que el tema de finanzas públicas está resuelto, tenemos retos importantes adelante. Pero estamos infinitamente mejor a como recibimos la administración. Y de esto destacaría la aprobación de la ley de pensiones, la cual no se tocaba desde 1962. Pero más allá de que fuera una ley obsoleta, caduca, era una ley que no se aplicaba. El sistema de pensiones derivó en un sistema de pagos contra presupuesto a través de nómina de pensionado, y esto nos iba a llevar a un problema de finanzas públicas muy grave”.

Detalló que actualmente la nómina de pensionados está en un 42 por ciento, a comparación de la nómina de activos, por lo que si el gobierno paga 100 pesos a los trabajadores en activo, en términos reales está pagando 142 pesos por nómina, pues una parte se paga a los activos y otra a los que ya trabajaron y están disfrutando de su pensión.

Peralta Sánchez puntualizó que con la actual ley de pensiones, aprobada por la 58 Legislatura, se resuelve esta problemática y le da una viabilidad financiera al gobierno estatal que generará beneficios que se verán dentro de 15 años, por lo que su gobierno le toca asumir esta responsabilidad pensando en el futuro.

“Por lo tanto, ese gobernador o gobernadora, comenzará a ver la mejora financiera refleja con esta nueva ley de pensiones. Va tener mayor liquidez, que le permitirá atender más escuelas, hospitales o programas sociales, según sea el caso. Además es una extraordinaria noticia para el trabajador, porque esto le garantiza que se podrá pensionar. Hay que recordar que hay sistemas de pensiones que quiebran, y el trabajador no recibe su cheque porque el sistema está quebrado. De esta manera se garantiza que un trabajador que entró a trabajar con nosotros, se pensione dentro de 30 años”.

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