Juicios orales, focos amarillos

México Distinto

En un país donde históricamente ha imperado la impunidad, y donde en los últimos años se han visto incrementados sustancialmente los niveles de delincuencia, la reforma a la constitución en materia penal realizada en 2008, que en los próximos años regirá plenamente en todo el país, no solo era necesaria: era indispensable.

Por los diversos ámbitos que abarca dicha reforma, como la procuración de justicia, prevención del delito, seguridad pública y administración de justicia, donde el aspecto más relevante es la transición del sistema penal inquisitivo al acusatorio y adversarial, es decir, de los tradicionales largos, fatigantes y costosos juicios tradicionales, donde la presunción de inocencia era letra muerta, a los nuevos juicios orales, abreviados y con mayor transparencia en su desarrollo, es que estos elementos innovadores constituirán una herramienta de suyo relevante para que el Estado haga frente a la inseguridad e impunidad, y enaltezca la tan ansiada justicia.

Sin embargo, hay diversos aspectos a considerar que pueden poner en peligro la efectividad de dicha reforma, y en los que ya han puesto el dedo en la llaga diversos tratadistas.

Tras hacer una serie de recuentos de los temas que complican la implementación de la reforma, como lo son la calidad académica en la enseñanza del Derecho, así como la eventual asistencia jurídica gratuita bajo esta nueva modalidad a través de las defensorías de oficio y la falta de colegiación del gremio jurídico, el doctor Diego Valadés, optimistamente, concluye:

“Se han consumido seis de los ocho años disponibles (para la implementación de la reforma en todo el país). Hay algunas tareas avanzadas y otras a medio andar, pero varias ni siquiera han sido previstas. La oralidad está en riesgo de ser un fracaso más. Todavía es posible recuperar el tiempo perdido”.

Sin tanto optimismo, Carbonell expone una situación todavía más alarmante:

“… tan pronto como entre en funcionamiento el nuevo sistema penal con juicios orales, dichas personas van a poder pedir su salida de la cárcel, dado que con el nuevo sistema de proceso penal los delitos patrimoniales (como el robo) no dan lugar a prisión preventiva, sino que se debe seguir el procedimiento con el presunto responsable en libertad. En otras palabras, vamos a ver salir de la cárcel a casi 25 mil personas de golpe (calculo que entre cinco y ocho mil de ellas saldrán de las cárceles del DF)”.

Y si a todo lo anterior a esto le agregamos que aún el camino es largo para la modificación a la infraestructura de los tribunales locales (con el reto de la falta de recursos económicos en las entidades federativas), la capacitación de los servidos públicos del poder judicial y ejecutivo, así como la actualización jurídica de los litigantes, es que la eficaz implementación de la reforma está todavía en un alta posibilidad de fracaso, si es que no se toman las medidas necesarias a tiempo. Por el momento hay focos amarillos en esta difícil tarea para el Estado mexicano, ojalá se actúe a tiempo, antes de que se enciendan los focos rojos.

 

DE REFILÓN

Ya comienza a notarse una mayor presencia del delegado de la Secretaría de Gobernación en los actos políticos y en eventos trascendentes para la política y gobernabilidad local, ejemplo de esto fue su asistencia a la toma de protesta de los comités directivos municipales del otrora Frente Juvenil Revolucionario, ahora Red Jóvenes por México, el pasado sábado. El rol de la Secretaría de Gobernación en administraciones del PRI siempre ha sido preponderante, ya que a través del Cisen y de sus delegaciones estatales desarrolla actividades de análisis e inteligencia política, en aras de mantener la gobernabilidad de la Nación, entre otras muchas funciones. Con el regreso del PRI a la Presidencia de la República y con esta renovada asignatura, mucha chamba le espera a Víctor Manuel Gandarilla, delegado de la Segob en nuestro estado, y es que nomás en estos días tiene que pasar tarjeta informativa a oficinas centrales de dos asuntos: las declaraciones de un ministro de culto en temas políticos y la reciente publicación en un medio impreso nacional de los supuestos nexos con el narcotráfico de un aspirante a la gubernatura. Poca cosa.

 

*El autor es Licenciado en Derecho por la UNAM, Diplomado en Prevención del Delito por la Universidad de Chile y Presidente de la Asociación Civil “Estrategia 20-21”.

 

Eric Ramírez*

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