Espionaje a la mexicana

Una vez más la doble moral del presidente Enrique Peña Nieto y de su gabinete quedó al descubierto luego de que el prestigiado diario The New York Times, hiciera pública la nota titulada “Gobierno espía”, en la que dejó al descubierto las labores de espionaje que realizó el gobierno mexicano de enero del 2005 a julio del 2016, para lo cual utilizó un sofisticado software de manufactura israelita, para seguir e investigar a periodistas, defensores de derechos humanos, líderes de ONG y algunos de sus familiares, como si fueran peligrosos criminales.

A decir de la empresa fabricante de “Pegasus”, como es llamado el software, solo tendría que ser utilizado para espiar a criminales y terroristas, sin embargo el gobierno de Peña Nieto pareciera estar más preocupado por lo que puedan decir o hacer ciertos líderes de opinión y defensores de los derechos humanos, como la periodista Carmen Aristegui o Salvador Camarena, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre otros periodistas y activistas críticos al gobierno federal y al Partido Revolucionario Institucional, que a pesar de las amenas, boicot y chantajes que han sufrido, se han mantenido como prensa libre y organizaciones sociales independientes.

Sin embargo, pese al intento de Peña Nieto y del secretario de Gobernación Osorio Chong de lavarse las manos y negar rotundamente que el gobierno mexicano estuviera espiando a periodistas y activistas y líderes de ONG, las pruebas los incriminan, toda vez que los fabricantes del software han señalado que el programa Pegasus, por seguridad y dentro de sus condiciones, solo es vendido a gobiernos, y entre sus clientes se encuentran tres dependencias del gobierno mexicano, lo que desarma cualquier argumento o justificación que pudieran dar.

Pero si lo dicho por los fabricantes del software, no fuera suficiente para desenmascarar la doble moral del Ejecutivo federal, basta con ver los antecedentes de las relaciones y fricciones que ha tenido el Gobierno federal con los periodistas y activistas que fueron espiados con el sofisticado software que puede ser implantado en los teléfonos inteligentes, permitiendo utilizar todas las funciones, incluso la cámara y el micrófono, con lo cual pueden seguir, escuchar y ver a cualquier persona sin dejar rastro del hacker, lo que, según las leyes mexicanas, no está permitido hacer sin que un juez lo ordene, por lo que de ser cierta la nota publicada por The New York Times, Peña Nieto no solo habría violado los derechos humanos de periodistas, activistas y líderes de ONG, y de opositores políticos, sino también diversas leyes al realizar labores de espionaje sin una orden judicial.

Ante las evidencias del espionaje realizado por el gobierno de Peña Nieto contra periodistas y activistas de ONG, resultaría paradójico que no hayan hecho lo mismo para beneficiar al PRI y a sus candidatos en los procesos electorales, por lo que ahora nos queda claro cómo han sido obtenidas las conversaciones telefónicas de los candidatos de oposición que son utilizadas para denostarlos en beneficio de los candidatos priistas.

Sin duda alguna siempre será reproblable el espionaje o intromisión de cualquier autoridad en contra de cualquier persona, sin una orden judicial, pero sobre todo si es para intimidarlos, amenazarlos o coartar su derecho a la libertad de expresión; como al igual siempre será reprochable todo político o gobernante que intente, a través de dádivas o beneficios, callar a un periodista o comunicador.

 

miguelinosan@yahoo.com.mx

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