Interés Público

EL ERROR DEL SNTE

Las dirigencias de las secciones 6 y 39 del SNTE cometieron un error, del cual se desprendieron y derivaron muchos más. Su primer error fue convertir un problema de índole laboral en uno político y, peor aún, no tener la inteligencia ni destreza política para resolverlo en los términos que esperaban los beneficiara.

Fue un error, craso error, que el diputado Pinto, sin fundamento, conminara al gobernador, desde la tribuna del Congreso de la Unión y solo porque sí, a que se supeditara a las demandas y peticiones del sindicato.

Pero vayamos a los antecedentes para tener una visión clara de la problemática y los verdaderos motivos detrás de ésta. Razonemos. Cuando de manera ilegal –porque es ilegal impedir el paso a un espacio público– los comités seccionales del SNTE 6 y 39 clausuraron los accesos de la Secretaría de Educación afirmaron que el motivo principal eran los adeudos.

De esa forma, quisieron legitimar su proclama y el plantón que aún permanece, desde hace más de dos semanas, en los accesos de la dependencia educativa. Sin embargo, cuando se conoció la verdad de que el adeudo superior a los cien millones de pesos se generó durante el 2014 y 2015, y que la administración peraltista no les incrementó ni un peso esa deuda, sino que al contrario les pagó los conceptos que en el gobierno de Mario les dejaron de pagar, los líderes desvirtuaron, ellos mismos, su movimiento.

Tanto Héctor Prisciliano, así como Javier Pinto –líderes de la Sección 6 del SNTE durante el periodo en el que se generaron los adeudos–, no pudieron explicar por qué ahora, tardíamente, durante un proceso electoral y ante una administración que cumple cabalmente con el pago de conceptos y prestaciones, le clausuran el acceso a la Secretaría de Educación, lo que viola el derecho al trabajo de más de 400 empleados administrativos y afecta a 2 mil personas (entre docentes, estudiantes y padres de familia) que acudían diariamente hacer un trámite en la Secretaría de Educación.

La incongruencia de los líderes del magisterio, que fueron omisos en la defensa de sus agremiados durante el 2014 y 2015 –cuando la secretaría de Educación era controlada, en los hechos, por el SNTE 39–, les restó legitimidad ante los más de 13 mil trabajadores de la educación. Por eso su movimiento es respaldado, mayoritariamente, por amigos y docentes que forman parte de los comités seccionales; es decir, forman parte de un minúsculo grupo del magisterio que siempre ha sido privilegiado, a expensas de los demás trabajadores.

Fueron privilegiados hasta el inicio de esta administración, cuando se impuso orden a las finanzas públicas y se regularizó el sistema educativo. Y es que durante esos años, 2014 y 2015, se generó un déficit financiero de más de mil 300 millones de pesos, producto de los dispendios y canonjías a las que se acostumbraron este grupo enquistado dentro del magisterio sindical. Prueba de ello son las violaciones a la Ley General del Servicio Profesional Docente, ya que se identificaron 3 mil 500 movimientos irregulares de plazas.

Todo eso está documentado y forma parte de los informes públicos que emite la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE). Tan está deslegitimada su lucha por la dignidad del magisterio –una dignidad que solo cuenta cuando es tiempo electoral–, que los líderes Pinto, Prisciliano y Valladares no han negado que buscarán un cargo de elección en el 2018, aspiración que sería legítima, siempre y cuando no se utilizara un plantón como medida de presión, además de que esas pretensiones los descalifican para ser interlocutores: ¿quién nos asegura que no negociarán a su favor un cargo en detrimento de los derechos laborales del magisterio, como al parecer ya ha sucedido?

Y es que en el 2014 y 2015, cuando tenían el control de la Secretaría de Educación –a través de la negociación política con Mario Anguiano– les valió la dignidad del magisterio, pues fue cuando se dejaron de pagar cuotas al ISSSTE, IMSS, prestaciones, así como otros conceptos inherentes al sueldo del docente. ¿Dónde están los responsables de esos desvíos?, ¿por qué el sindicato no los demanda?, ¿por qué la dirigencia sindical no alzó la voz en ese tiempo? ¿Por qué guardó un cómplice silencio?

Al afectar a los estudiantes, docentes y personas que dejaron de tramitar en la dependencia educativa, los líderes del magisterio están obligados, moralmente, a responder estas preguntas y a demostrar y acreditar cada uno de sus señalamientos. No basta con acusar, desde los micrófonos y grabadoras, de que el secretario de Educación es prepotente y no les hace caso. Si sus planteamientos son legales y bien fundamentados, que los muestren a la opinión pública. Que enseñen la documentación que consta en los tribunales, donde se dirimen los asuntos de carácter jurídico y de una mala interpretación de la ley.

Como no lo hacen, como la cúpula sindical del magisterio no acredita ninguno de sus dichos y acusaciones, los docentes y la población en general no los respaldan y mucho menos les creen. Solo un medio de comunicación, beneficiado jugosamente durante la época de los dispendios, defiende el plantón, con la esperanza de que sus canonjías regresen una vez que los líderes sindicales recuperen el control de la dependencia. Sueño guajiro de quien pretendía medrar del erario público.

Por otro lado, los líderes están desarticulados de la población y la verdadera base magisterial. No tienen arraigo social sus demandas. Basta con ver el desfile de la opulencia que realizaron el sábado de la semana pasada, en el cual se constató el excelente nivel de vida de los miembros de los comités seccionales: puros automóviles de agencia, algunos incluso de un costo en el mercado superior al medio millón de pesos. Ahí, sí, dónde quedó la dignidad y la humildad del magisterio, en particular de los comités seccionales del SNTE 6 y 39.

Sin embargo, no les quedó de otra, porque si hubieran marchado el número de participantes habría sido risiblemente menor. No les funcionaría en su estrategia de redes sociales, donde comparten muchas selfies y hastags, pero no muestran las evidencias de los malos tratos y las interpretaciones aviesas de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual era ley muerta durante el 2014 y 2015, cuando dieron más de 200 plazas violando la ley; es decir, se las dieron a docentes que no aplicaron concurso de ingreso. Y eso está documentado, así como el mutismo del sindicato.

Hasta que demuestren con pruebas y evidencias documentales que la verdad los asiste, la cúpula sindical se mantendrá sola en esta lucha por sus intereses. Por eso nadie los respaldó cuando tomaron la Secretaría de Educación, porque cuando debieron defender el derecho de los docentes no lo hicieron, sino que ellos mismos atentaron contra la dignidad del magisterio. Ahora, conforme pasa el tiempo, los líderes y sus comités seccionales están más solos.

SINERGIA EN SEGURIDAD

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez destacó que la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno ha generado acciones que dan resultados notables para el estado en materia de seguridad, como la desarticulación de 10 grupos delictivos dedicados al secuestro, robo y delincuencia organizada, y la detención de 136 personas vinculadas a delitos de alto impacto, como son las ejecuciones, ilícito que destruye la paz y que lastima a la sociedad colimense en sus fibras más sensibles.

Al presidir la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Peralta Sánchez señaló que también en este año implementaron 3 mil 625 operativos de seguridad pública, de los cuales, mil 832 fueron en el municipio de Colima, mientras que mil 771 fueron en apoyo a los municipios restantes de la entidad.

Esto refleja el apoyo que el Gobierno del Estado proporciona a los ayuntamientos, aunque hay casos, como el del alcalde de Cuauhtémoc, donde utiliza la misma fuerza para violar la Ley de Movilidad del Estado de Colima, al habilitar los mototaxis, unidades que no cumplen con las características idóneas para salvaguardar la integridad física de los usuarios.

Estas acciones demuestran la congruencia del mandatario y que su principal prioridad es fortalecer el trabajo interinstitucional, en especial cuando el tema se relaciona con la seguridad pública. En ese sentido, precisó que la policía investigadora de la Procuraduría de Justicia del Estado realizó, en el periodo mencionado, 2 mil 208 operativos, en los cuales hubo 2 mil 199 detenciones en flagrancia por la comisión de algún delito.

Lo anterior refleja el alto índice de efectividad de los operativos de la Procuraduría de Justicia del Estado, pues solo en nueve ocasiones no pudieron detener a la persona. Ante la presencia de los presidentes municipales, excepto la alcaldesa de Villa de Álvarez, así como autoridades civiles, militares, representantes de cámaras empresariales y de la sociedad civil, Peralta Sánchez ponderó que las autoridades de los tres órdenes deben trabajar con mucho sentido de unidad, pues esta materia “no admite excusas ni dilaciones, pues a final de cuentas la sociedad espera decisiones claras por parte de todos los órdenes de Gobierno”.

Como representante de Poder Ejecutivo estatal, el gobernador asume un liderazgo que es indispensable para implementar las acciones que contribuyan a que Colima regrese a los antiguos indicadores de paz y tranquilidad, los cuales se perdieron hace ya más de 12 años.

Por eso es importante que las instituciones en su conjunto contribuyan a proporcionar esas acciones y decisiones, ya que si una sola de ellas no cumple su función, el efecto adverso se percibe de inmediato y el juicio social es contundente. La población, en ese sentido, pide una sinergia entre las autoridades y que trabajen de manera conjunta para generar más beneficios.

Tras tomar protesta al Consejo Estatal de Seguridad Pública y elegir a los alcaldes de Comala y Tecomán, Salomón Salazar Barragán y José Guadalupe García Negrete, respectivamente, como representantes del estado en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, el gobernador acreditó, con cifras y datos, el trabajo de la Policía Estatal y de la procuraduría.

Durante el evento, el gobernador también firmó el tratado de Coordinación y Colaboración para la implementación y fortalecimiento de los servicios de la línea de emergencia 911, entre los municipios y el estado.

Este servicio, por sí solo, representa un salto cualitativo en la calidad tecnológica del sistema de denuncias, pues con esta línea se identifica dónde se origina la llamada. Había casos, antes, que se denunciaba la comisión de un delito, pero no se podía precisar con exactitud el lugar. Ahora eso cambió.

Por tal motivo, el mandatario colimense exhortó a los presentes a no aflojar el paso, ya que la sociedad espera mucho de ellos. Y es que los funcionarios tienen la obligación ética, política e institucional de cumplir con su trabajo y mejorar los niveles de bienestar en la población, sobre todo en un tema tan delicado como el de la seguridad pública.

Esta clase de eventos son importantes para informar a la población sobre los resultados de las acciones emprendidas en materia de seguridad. Un punto importante, al respecto, fue la participación del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (C4), Gabriel Verduzco Rodríguez, quien realizó la presentación del tema de Certificado Único Policial (CUP), detallando alcances y compromisos.

El CUP busca otorgar a la sociedad la certeza de que todos los elementos de Seguridad Pública fueron capacitados y evaluados en las competencias requeridas para desempeñar su función, esto conforme a los estándares de calidad que demandan las y los mexicanos.

Este certificado acredita a los policías y custodios penitenciarios como aptos para ingresar o permanecer en las instituciones de Seguridad Pública y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. Los procesos para acreditar el CUP son la evaluación de control de confianza, la formación inicial, la de competencias básicas o profesionales y la evaluación del desempeño.

Es un primer paso para dar certidumbre a la población sobre la calidad de los policías. Sin embargo, esto debe ser transitorio, pues lo ideal es crear una carrera profesional del policía, con un origen universitario y que busque desarrollar tanto la cuestión física –ideal para los operativos–, así como la parte jurídica que da sustento a su trabajo.

Este debe ser un proyecto de largo aliento y que se requiere consolidar en el futuro, pues la capacitación de los policías en la academia ya no corresponde al proceso formativo necesario que necesitan los policías para mejorar su función y responder, de esa forma, a las expectativas de la población.

EL CAOS DE LA DESINFORMACIÓN EN LA TRAGEDIA

A través de los medios de comunicación y de las redes sociales, no solo hemos constatado imágenes dolorosas de la tragedia que propició el sismo de 7.1 de magnitud, sino que también ha quedado demostrado el nivel de desinformación y rumores que proliferan durante estos momentos álgidos. Quizá el caso paradigmático de esta desinformación, de este show mediático, fue el de Frida Sofía.

La televisoras nacionales, en particular Televisa y TvAzteca, transmitieron horas y horas este suceso que tenía en vilo a la nación, a cada ciudadano expectante y lleno de emociones ante la esperanza de un sobreviviente; pero no uno cualquier, sino una niña de 12 años que yacía bajo los escombros de su escuela.

Pues todo resultó mentira. Ni siquiera había un nombre de Frida Sofía en la lista de alumnos de la escuela. Los medios de comunicación fueron un fiasco y le fallaron a la población cuando más los necesitaba. También las mentiras proliferan en las redes sociales, donde salen imágenes falsas, datos erróneos, especulaciones y rumores que solo aumentan la incertidumbre y el miedo de la población.

Ahora, más que nunca, queda demostrado que el Facebook y el Twitter nunca van a desplazar a los medios de comunicación tradicionales, principalmente los periódicos, donde la información, antes de publicarse, es confirmada o tiene una fuente oficial que la avale.

El caso de Frida Sofía quedará escrito ignominiosamente en los anales de los medios de comunicación, como una prueba elocuente de lo que no se debe hacer en el trabajo informativo.

QUE SIGAN EL EJEMPLO DEL GOBERNADOR

Toda la clase política debe emular al gobernador Ignacio Peralta y cancelar el recurso que iban a invertir en sus informes de gobierno, así como donar el sueldo que perciben. El gobernador muestra una gran sensibilidad ante este tema, sobre todo cuando hay un gran rechazo y hartazgo hacia la clase política, tan adepta a las frivolidades y al boato.

Hay algunos políticos que aprovechan el inicio de sus informes –principalmente diputados, alcaldes, senadores– para generar todo un culto a su personalidad, pues ante los nulos resultados de muchos, solo les queda mostrar imágenes de los momentos cuando donan despensas u otros artículos.

Al realizar esta importante acción filantrópica, el gobernador le está poniendo el ejemplo a sus principales colaboradores, así como a toda la clase política del estado. ¿Qué van hacer Héctor Insúa, Yulenny Cortés –por nombrar a los alcaldes que más ganan–? ¿Van a emular al gobernador y donarán su salario, además de que canalizarán el recurso que gastarían en su informe para apoyar a los damnificados?

Esta clase de acciones son las que reconcilian a la ciudadanía con la clase política, cuando se ven claras muestras de empatía y solidaridad.

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