La controversia Corral-Peña Nieto

El Presidencialismo mexicano, disminuido en los últimos treinta años en su poder político cuando aparecen los órganos autónomos como IFE, Banco de México, Inai, Inegi y otros, se aferra a mantener el último privilegio y quizás, el más importante, como lo es el uso del dinero público aportado por los mexicanos cuando cumplen con sus obligaciones fiscales. Sucede apreciable lector que, por medio de los convenios de cooperación fiscal entre las entidades federativas y el gobierno federal, en donde cada entidad federativa renuncia a su potestad de cobrar impuestos en su territorio estatal para que sea el gobierno federal quien lo haga, y como bien dice el dicho “el que parte y recomprarte se queda con la mayor parte”, pues el gobierno federal hace suyo el dicho popular y se queda con el 80% de los principales impuestos como son el IVA e ISR y reparte a todas las entidades del país el 20%.

Recibe también la Federación los impuestos especiales a la gasolina, automóviles, deuda pública y tiene de rodillas a los gobiernos estatales cuando reciben muy poco de los ingresos que generan en cada territorio estatal. Para que mejor me entienda estimado lector, le pongo el caso de Colima. Sucede que en el territorio estatal se genera un aproximado de cien mil millones de pesos en impuestos que recauda la Federación y, del total recaudado, el gobierno estatal solo recibe un aproximado al 18% en participaciones y aportaciones del gobierno federal. De entrada es injusta la distribución de la riqueza fiscal que se genera en todo el territorio nacional. Ahora bien, las participaciones, aportaciones y compensaciones de la Federación a los gobiernos estatales en la legislación vigente solo se señala la obligación de repartir las participaciones con base en un 80-20, el 80 para el gobierno federal y el 20 para todas las entidades de la República con base en criterios que la propia autoridad fiscal determina. De tal suerte que, a ti gobernador que estás bien con el presidente de la República te premio con algunas compensaciones extras, ¡ah pero a ti gobernador!, si vas en contra del Ejecutivo federal, te castigo y no te doy más recursos fiscales de lo que la ley me obliga.

Ese es el motivo de la controversia entre Corral, gobernador de Chihuahua, y Peña Nieto, presidente de México, cuando el gobernador en cumplimiento de su responsabilidad de combatir la corrupción existente en el pasado gobierno del segundo Duarte corrupto, descubre desviación de un aproximado a los 250 millones de pesos entregados por la SHCP al gobierno de Duarte y el gobierno lo desvía hacia empresas fantasmas, según lo dicho por el secretario de Finanzas de Duarte, el destinatario final fue el PRI para utilizarlo en la pasada campaña política para gobernador del estado.

Cuando el gobernador se presenta con el titular de la SHCP para solicitarle le sean entregados un aproximado a los 700 millones de pesos por adeudos ya presupuestados al gobierno de chihuahua, el secretario se los niega y le pide copia de la investigación criminal en contra de los implicados en el robo del dinero fiscal, Corral se niega y hace denuncia pública con el apoyo de los partidos integrantes del Frente por México, y al referirse Peña Nieto a este acto, ironiza diciendo que más que conferencia de prensa fue un mitin político.

La controversia Corral-Peña Nieto toca una parte muy importante del Gobierno de la República en referencia a los tres Poderes y a los tres niveles de Gobierno. Veamos a continuación algunas implicaciones: los recursos fiscales son una riqueza nacional y debe ser distribuida de manera proporcional y equitativa en todo el territorio nacional, de acuerdo a la parte del territorio en donde se pagan los impuestos, ofenden al sentido común ciudadano las expresiones patrimonialistas de los funcionarios de la SHCP cuando dicen ‘le dimos al estado de Chihuahua más de 20 mil millones de pesos’, como si fuera dinero de ellos, en realidad están regresando impuestos disminuidos de los recolectados en el territorio de Chihuahua y en estricto cumplimiento de las legislaciones fiscales ¡Ah, otra sorpresa! Sucede que la distribución de las compensaciones de algunos excedentes fiscales se distribuyen discrecionalmente por parte del presidente de la República y el uso discrecional del Presupuesto de Egresos de la Federación alcanza hasta un 7% del presupuesto total y en números absolutos la nada despreciable cantidad de un aproximado a los 350 mil millones de pesos. Continuará.

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