Interés Público

PROFESIONALIZAR EL PERIODISMO

Contra el periodismo sensacionalista y de espectáculo, que emite información sin sustento y rigurosidad informativa, muchas veces con la aviesa intención de dañar la imagen de una persona, tanto física como moral, se han implementado diversos mecanismos legales, entre ellos el derecho de réplica.

Al respecto, el Senado de la República aprobó una reforma legal que modifica de cinco a 15 días hábiles el plazo para que una persona ejerza el derecho de réplica, contados a partir del día siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desee rectificar o responder, en acatamiento a la resolución de la Suprema Corte de enero pasado.

El pleno del Senado aprobó la reforma por 60 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 30 de enero pasado que el Congreso contaba con 90 días de plazo para modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 6 Párrafo Primero de la Constitución, en materia de Derecho de Réplica, para ampliar el plazo.

La sentencia de los ministros corrió sus efectos a partir de que la notificación respectiva fue recibida por las cámaras legislativas, el 1 de febrero, por lo que tienen lo que resta del mes de abril para cumplir con el acuerdo y evitar el desacato.

El segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6 constitucional fue declarado inconstitucional por la Corte en lo que respecta al plazo de cinco días hábiles, por considerarlo insuficiente para conocer de una noticia falsa o inexacta que le perjudica, lo que iba en perjuicio de los agraviados.

La reforma deberá ahora ser aprobada por la Cámara de Diputados, la cual actuará como cámara revisora. Con una mayor medida en las redes sociales, la proliferación de medios patito ha afectado el derecho de la población a informarse de manera fidedigna, pues son en esos espacio donde pululan las noticias falsas, francamente tendenciosas, que con fines ideológicos se viralizan en las plataformas digitales.

Es imperativo, para la salud de nuestra democracia, que todos los medios de comunicación, particularmente los que tienen como principal plataforma las redes sociales, sean adecuadamente regulados y se ciñan a todos los principios y reglamentos en la materia.

Sin embargo, muchas veces estos medios ni siquiera están dados de alta en Hacienda y sus plataformas digitales cambian constantemente, como un camaleón, pues no buscan informar, sino viralizar un contenido falso, altamente ideológico, que tiene el objetivo de dañar la imagen de una persona o institución; luego de eso, cambian de nombre e imagen para no ser identificadas y continuar propalando contenidos falsos.

Los medios tradicionales tampoco se salvan de incurrir en liviandades de este tipo, cuando publican trabajos supuestamente periodísticos, pero que en realidad carecen de un fundamento técnico, rigurosidad reporteril y cuidado en la verificación de las fuentes informativas.

El derecho de réplica no debería existir, pues un periodismo profesional siempre buscará agotar todos los recursos de la información; eso implica contrastar declaraciones y no quedarse solo con la parte declarativa de una fuente, sino que por profesionalismo es necesario buscar las demás voces que forman parte, también, del contenido informativo que se busca difundir.

Por una cuestión acomodaticia, de no salir de su zona de confort, el periodismo se limita en publicar una declaración, sin antes consultar fuentes externas que avalen lo expresado por el entrevistado. Una cuestión sumamente comprometedora, si tenemos en cuenta que el 90 por ciento de lo que se publican en los periódicos es una fuente declarativa, particularmente un funcionario del gobierno municipal, estatal o federal.

Ecos de la Costa siempre se ha comprometido en generar contenidos informativos veraces, y sobre todo que su parte editorial tenga el soporte argumentativo necesario para emitir comentarios y análisis válidos, bien fundamentados y que buscan, como objetivo principal, el perfeccionamiento de la función pública en todos sus órdenes y ámbitos de Gobierno.

En ese tenor, la política editorial se ciñe a los principios democráticos de la libertad de expresión, pero también teniendo en cuenta el derecho del lector a recibir información de calidad y análisis periodísticos bien fundamentados, desde una perspectiva argumentativa y racional.

No hay cabida, pues, para los profesionales del insulto y la diatriba, que en lugar de abonar a un clima que propicie espacios importantes de reflexión política, en un marco social, desintegran a la sociedad y demeritan el espacio sagrado que debe ser la opinión pública.

 

JLP, CONTRA EL PAN

Ya con antelación, en este espacio editorial hemos criticado con sustento y fundamento la incongruencia política del senador Jorge Luis Preciado, quien se ha encargado de socavar, dividir y confrontar al panismo estatal; primero, lo hizo al posicionar a políticos ajenos al PAN en la contienda electoral del 2015, cuando colocó a priístas, perredistas y petistas que, al final, ganaron pero luego, cuestión de algunos meses, se salieron de este instituto político.

Posteriormente, en el 2016, Jorge Luis Preciado jugó sucio en la contienda interna para elegir al presidente estatal del PAN, donde buscaba colocar, mañosamente, al ingeniero Enrique Michel Ruiz, quien fue removido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando esta instancia colegiada determinó la anulación de una urna en el municipio de Coquimatlán, donde Preciado intervino.

Probado este fraude electoral, el TEPJF depuso a Enrique Michel, pero esto no detuvo al senador Preciado en su ambición por mantener el control del partido, lo que ha logrado en gran medida gracias a la impericia política de la actual presidenta estatal Julia Jiménez, y la prueba incontrovertible es que Jorge Luis prácticamente definió las candidaturas –con excepción de la de Riult Rivera y Crispín Guerra–, además de que colocó al defenestrado de Enrique Michel como coordinador de la campaña de Ricardo Anaya.

Jorge Luis Preciado representa lo peor de la política, pues con base en el nepotismo ha colocado a sus más cercanos amigos y familiares en cargos públicos, donde reciben significativas remuneraciones, a pesar de que no tienen el perfil. En un primer término, lo hizo con su hijo, a quien quiso colocar en el Ayuntamiento de Colima, cuando la administración del panista Insúa apenas comenzaba; un desaguisado entre un guarura del vástago de Preciado y un trabajador municipal frustró su carrera en la comuna capitalina.

Recientemente, se filtró la información de que el senador Preciado operó al interior del PAN para darle una diputación plurinominal a su novia, cuyo nombre figuraba en el registro del CEN de Acción Nacional, junto con el de su compadre, Óscar Zurroza. El día de ayer, se publicó la noticia de que Zorruza figura en las listas plurinominales, lo que confirma el apoyo que Preciado le dio a este funcionario que estuvo en la administración de Mario Anguiano, quien tiene señalamientos penales por el desvío millonario de recursos.

Aunado a esto, la novia de Preciado cobró y sigue recibiendo dinero público, alrededor de 35 mil pesos mensuales, como asesora A en la comisión de turismo del Congreso de la Unión, una comisión de la cual forma parte la panista Gretel Culín y quien es aliada política del senador Preciado y a quien apoyó a que, de nueva cuenta, figurara en la lista de plurinominales locales del PAN. Es clara, pues, la red de complicidades que se tejen alrededor del senador Jorge Luis Preciado y que afectan la salud democrática de una partido tan importante en la entidad como el PAN.

Con esto, ha impedido la formación y desarrollo de nuevos cuadros panistas, gente joven particularmente, pues solo posiciona a sus incondicionales. Por eso está como candidato a senador Luis Ladino, quien no ha hecho absolutamente nada por los colimenses en el Congreso local, ante su falta de inteligencia política y nulos conocimientos de la praxis legislativa.

Son esa clase de políticos los que impulsa el PAN de Jorge Luis Preciado. De ahí la importancia de que la militancia panista tome el control del partido, de manera genuina, y garantice que los espacios democráticos se respeten. No pueden permanecer indiferentes ante las injusticias e ilegalidades que, en afán de un proyecto personal, comete el senador Preciado en detrimento del PAN y su militancia.

 

ALCALDÍAS TRONADAS

Las elecciones a las alcaldías municipales van a ser, en términos de la analogía popular, como la rifa del tigre: a ver cómo le van hacer los nuevos alcaldes para salir del atolladero financiero. Y es que todos los municipios tienen una deuda pública mal estructurada y que estrangula sus finanzas municipales.

En el caso de Héctor Insúa, Guadalupe Negrete y Yulenny Cortés, profundizaron y agravaron la crisis económica de sus municipios, pues solo en estos tres ayuntamientos se desviaron recursos de los trabajadores por arriba del orden de los 300 millones de pesos.

Por eso, estos tres funcionarios públicos –tanto Cortés como Insúa buscan reelegirse– tienen demandas penales por el desvío de recursos de los trabajadores. Son demandas que causarán un impacto financiero en las de por sí precarias finanzas municipales, porque se debe reintegrar un dinero que ya estaba etiquetado para un fin específico, en este caso prestaciones y retenciones.

El gobernador del estado, en una entrevista exclusiva con Ecos de la Costa, declaró que los ayuntamientos le deben al sistema de pensiones estatal más de 200 millones de pesos, lo que refleja claramente este desaseo de las finanzas públicas municipales y que no priva el mínimo respeto a la ley de disciplina financiera.

Continúa, además, en el caso del Ayuntamiento de Colima, los dispendios y los gastos oneroso en eventos, en lugar de canalizar los recursos para el mejoramiento de los servicios públicos, lo cual realmente beneficia a la población. Pero el otrora alcalde, ahora en campaña para su reelección, se la pasó haciendo espectáculos y eventos artísticos, en lugar de resolver la situación financiera de la capital.

Un ejemplo de esta omisión, no solo del Ayuntamiento de Colima, sino de los otros cuatro que conforman la zona metropolitana –Comala, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez y Coquimatlán–, es el incendio del relleno sanitario metropolitano, el cual generó una contingencia medioambiental y puso en riesgo la vida de trabajadores, bomberos, policías, elementos de Protección Civil y automovilistas que se desplazan por esa zona.

Por falta de interés, oficio político o de las cualidades que deberían distinguir a un buen gobernante, los alcaldes de estos municipios nunca pudieron organizarse para elaborar un plan integral de recolección de basura. De esa forma no solo se hubiera puesto fin a una problemática ecológica, sino también financiera, pues actualmente el esquema de recolección representa un gran gasto para los ayuntamientos.

Los municipios deben bajarse de las fiestas y fortalecer sus finanzas públicas, con un modelo de verdadera austeridad, recaudación y eficiencia del gasto público. Luis Ladino, hace unas semanas, electoreramente proponía la derogación de la calcomanía vehicular, un impuesto estatal y que el año pasado generó una recaudación de cerca de 170 millones de pesos.

Teniendo en cuenta el desastre financiero de los gobiernos municipales y la falta de acciones de respaldo social, particularmente en la Villa y en Colima, sería mejor que Luis Ladino propusiera la eliminación del predial, pues ese impuesto patrimonial le cuesta a los contribuyentes más de 400 millones de pesos.

Y contrario al Gobierno del Estado, no se ve que los municipios inviertan en obras públicas o en beneficios sociales, como sí lo hace el gobierno estatal con la entrega de uniformes gratuitos, becas y la construcción de obra de trascendencia histórica. Ahí está La Campana y la renovación de la Unidad Deportiva Morelos. Está claro quién ejerce mejor nuestros impuestos.

 

EL VIEJO PRI Y MORENA

Es evidente el paralelismo que existe entre el PRI y Morena. Por un lado tenemos un partido que se formó y consolidó en el tiempo revolucionario, y por el otro un instituto político que es impulsado con una óptica del caudillismo presidencial, tan similar al PRI de López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo.

No es casualidad, en ese sentido, que López Obrador, como afirmó en varias entrevistas, vaya a gobernar con el modelo de desarrollo estabilizador, mismo que fue impulsado hace 60 años por Antonio Ortiz Mena, quien fue secretario de Hacienda de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.

Las bases más dogmáticas del lopezobradorismo, aquellas que culpan al PRI de todas las desgracias de México, se enfrentarán a un dilema existencial, pues su máximo líder, con esta acción, demuestra que no todo lo que hizo el priísmo en México estuvo mal.

López Obrador no solo abrió la puerta de Morena a lo más rancio de la militancia priísta, como Manuel Bartlett, artífice de la caída del sistema y de lo que el imaginario colectivo de izquierda calificó como fraude electoral, sino que también busca implementar políticas públicas instrumentadas en el priísmo durante el siglo pasado.

Quizá el punto de coincidencia más grande, entre el priísmo del siglo pasado y el Morena de Andrés Manuel, es precisamente ese culto a la figura personal. Al respecto, López Obrador se asume como la única esperanza México y, en ese lenguaje, excluye a todas las demás fuerzas políticas, así como a los mismos integrantes de Morena.

Por eso la ausencia de una plataforma de propuestas viables, bien fundamentadas, donde los cómos –la ruta metodológica que permitirá la consecución de las metas–, esté bien explicada y definida. Así, de esa forma, López Obrador puede decir que acabará con la corrupción, la pobreza, la inseguridad, el cáncer y cualquier otra problemática, sin mediar lo más elemental de una explicación de cómo lo va a lograr.

Avezados politólogos, como Joaquín Leguina, han expuesto que la superficialidad es la primera característica de la maldad, proposición que asombra, pues es común relacionar la maldad con un pensamiento activo y complejo. Pero el español lo explica con una eficiente parábola: El mal, en efecto, no posee profundidad alguna, pero tiende a crecer, como los hongos, tan superficial como extensamente.

De igual forma, como en el priísmo de aquellos tiempos, antes de la apertura democrática, Andrés Manuel tiende a un discurso dicotómico, y el peligro de las dicotomías en la vida social y política es que crean grupos cada vez más antagónicos. Es un discurso maniqueísta, superficial, que lo resume todo en los buenos y los malos; los que están con él son los buenos, y los que no son “la mafia del poder”; en ese calificativo no encasilla sólo a Carlos Salinas, sino a cualquier mexicano que no comulgue con él.

Pero lo más perturbador de Andrés Manuel es su vocación antidemocrática (como el priísmo de la segunda mitad del siglo pasado) en un partido donde los cargos de importancia estratégica los decide bajo mecanismos supuestamente democráticos –las encuestas– para legitimar sus decisiones, cuando nos las deja al albur de la suerte –otra clase de dictadura–.

Ningún intelectual, candidato opositor, ciudadano o político ha alzado la voz ante lo que puede ser el anuncio más peligroso de López Obrador contra la democracia moderna, esa que tanto trabajo nos costó ganarnos a los ciudadanos, ante el flagelo y trabas de los partido políticos.

Dijo: “Será la última (elección) que se celebrará bajo la sospecha y el temor del fraude. A partir del próximo sexenio nadie podrá comprar la voluntad de ciudadanos, las elecciones serán limpias y libres; no habrá compra de votos y me comprometo a que la Presidencia será el principal guardián de las libertades del pueblo” (La Jornada 17/03/18).

Adiós al INE, pues, y regreso al tiempo en que Gobernación organizaba las elecciones (¿Por eso tiene a Bartlett?). Y que no nos sorprenda lo expresado en este espacio editorial, porque la historia nos ha enseñado que todo pasa por el lenguaje antes de convertirse en realidad.

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