Interés Público.

RELACIÓN INSTITUCIONAL

El triunfo contundente de Morena en la pasada elección reconfiguró las fuerzas políticas en el estado de Colima: el partido de Andrés Manuel López Obrador obtuvo el Congreso local, cuatro ayuntamientos –entre los que se encuentran Manzanillo y Tecomán–, las dos diputaciones federales y la fórmula del Senado de la República.

Esto obliga al gobierno de Ignacio Peralta, pero sobre todo a las demás fuerzas políticas de oposición, a encontrar coyunturas y construir puentes de diálogo que les permitan, de manera conjunta, alcanzar acuerdos en beneficio de toda la población colimense. No hay cabida para disputas estériles en afán de un protagonismo mediático.

Morena fue beneficiado el pasado domingo 1 de julio con el voto de confianza de una gran parte de la población, que expresó a través de las urnas el anhelo de un cambio, sobre todo un cambio real que genere mayores beneficios a los jóvenes y a las familias en Colima.

Los colimenses quieren resultados tangibles, más beneficios y que se eleven los indicadores de bienestar, principalmente en seguridad, empleo, educación y salud; es decir, mejorar los servicios que el gobierno y las instituciones proporcionan a la población.

En esa lógica, todas las fuerzas políticas, independientemente de la impronta y la insignia partidaria, están obligadas a llegar acuerdos a favor de los colimenses. No se puede apostar por la inoperatividad política y la intransigencia. Y es que si se optara por esa vía, el más perjudicado sería el pueblo de Colima y, consecuentemente, la más denostada sería la clase política.

Hay una gran responsabilidad en quienes integrarán la nueva legislatura local, federal y los ayuntamientos. Lo principal es que actúen bajo la premisa de beneficiar a la población de Colima, excluyendo así cualquier interés partidario o de grupo político, lo que sería contraproducente y solo abonaría al desprestigio de la clase política, sea Morena, PRI o PAN.

En ese sentido, es alentador ver la apertura del diálogo del Ejecutivo, así como de quienes integrarán el Legislativo local. Por un lado, el virtual diputado y exdirigente estatal de Morena, Vladimir Parra Barragán, adelantó que habrá un diálogo con el Ejecutivo estatal abierto y responsable, pero sin dejar de ser un contrapeso institucional.

A su vez, el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, aseguró que la administración del gobernador Ignacio Peralta trabajará de manera institucional y coordinada con las nuevas autoridades electas el 1 de julio.

Constitucionalmente, la relación entre el Legislativo local y el Ejecutivo del estado no debería entrañar ningún riesgo de operatividad institucional, pues ambos poderes, por sí solos, representan y conforman un poder autónomo y soberano, con facultades inherentes y muy específicas; el ejercicio de ambos poderes se complementa en favor de los ciudadanos. Así debe funcionar en teoría, y así lo exige la sociedad.

Por otro lado, desde el 2016, cuando inició el gobierno de Ignacio Peralta, lo hizo con una legislación local de oposición. Si bien posteriormente hubo reacomodos en el Poder Legislativo, por la contumaz injerencia de Jorge Luis Preciado; fue él la causa principal de que salieran de la bancada panista tres diputados, los cuales crearon una fracción independiente. Por eso el PAN perdió el poder en el Congreso local.

Hay que aclarar, por lo demás, que Ignacio Peralta nunca tuvo un Legislativo a modo y subordinado, como sí lo tuvo Mario Anguiano, cuyo bloque oficialista en el Congreso le ocultó muchas de sus irregularidades, las cuales salieron a la luz pública gracias a las auditorías extraordinarias que aplicó en la actual legislatura el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. Y ojo, porque algunos legisladores de aquel entonces ahora regresan vía Morena-PT, por lo que son lobos con piel de oveja.

Al final de cuentas, la prioridad es que las autoridades de los diferentes niveles, y de quienes integran los poderes Ejecutivo y Legislativo, construyan un diálogo eficiente, oportuno y que permita llegar acuerdos a favor de la población. No puede imperar la irresponsabilidad y el oportunismo partidista, ya que el principal afectado sería el pueblo de Colima.

Y es que imagínense qué pasaría si no se llegan acuerdos, por ejemplo, para aprobar la ley de egresos del estado: cientos de funcionarios, entre ellos médicos, docentes, policías, estarían en riesgo sus pagos el próximo año. Es impensable la parálisis del gobierno y el Legislativo por la intransigencia. Esa coyuntura revelará quiénes son políticos –en el buen término de la palabra– o provocadores mediáticos.

LA LUCHA POR LA BANCADA GUINDA

Consolidado como la primera fuerza política en el estado, ahora se emprenderá la lucha por Morena, como un coto de poder indiscutible. Morena, en los hechos, es una torre de Babel, donde cohabitan disímiles intereses políticos, así como personales. Así es a nivel nacional y también los, con sus particularidades, en el plano local. Para muchos de ellos era impensable que ganaran, si no hubiera sido por el influjo avasallador de López Obrador, e incluso algunos morenistas de cepa cruzaban los dedos para que fueran derrotados.

Gracias a la ola López Obrador, regresaron al Congreso local Arturo García Arias, quien fue diputado del PRI en la legislatura del 2012-2015, cuando se aprobaron bonos ilegales y se ocultaron los desfalcos anguianistas, posteriormente revelados por las auditorías extraordinarias. Fue del bloque oficialista y levantaba la mano, a favor o en contra, de manera acrítica, siguiendo la consigna.

García Arias llegó por la coalición Morena-PT-PES al Legislativo, pero no piensa y mucho menos actúa con base a los principios de López Obrador. Por si fuera poco su incongruencia, en una entrevista con los medios, expuso que Morena no fue su primera opción, sino que él se iba a ir al PAN, pero como no se ponían de acuerdo se fue a la coalición de Morena.

También está, de esa misma línea anguianista, Julio Anguiano Urbina, quien es sobrino del exgobernador Mario Anguiano Moreno, cuyo gobierno fue evidenciado por desfalcos y desvíos millonarios, tanto que fue denunciado penalmente por el OSAFIG y el Congreso local ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Julio Anguiano también fue expresidente del Comité Municipal del PRI en Tecomán, cargo que ocupó hasta finales de noviembre de 2015 –semanas después de que concluyó el sexenio de su tío–, posteriormente fue destituido y expulsado del tricolor acusado de traición por presunto apoyo al PAN en la elección de gobernador. Cuánto puede representar la ideología y principios de Morena un anguianista que, seguramente, cuidará las espaldas de su tío en el Legislativo local, quien además tiene la impronta de la traición.

Llega también, con la siglas del PRI en el tejido subcutáneo, Francis Anel Buenos Sánchez, quien suplió como diputada a Crispín Gutiérrez Moreno, en la última etapa de la legislación 2012-2015. Prácticamente fue nulo el trabajo legislativo de Anel, pero ahora regresa al Congreso vía Morena. Estos tres expriístas, solo por sus antecedentes y perfiles, están descartados de dirigir la bancada de Morena en el Congreso local.

No solo no representan los ideales de izquierda y el pensamiento progresista, sino que terminarían por desprestigiar la marca Morena, asociándola con la corrupción del aguianismo. Si Morena, tanto a nivel nacional como local, pretende mantener el bono democrático y la buena imagen, necesita posicionar a sus principales actores políticos, aquéllos que estuvieron en las etapas embrionarias y que construyeron desde sus cimientos el partido.

En el Congreso local, solo hay una persona que ha demostrado tener una genuina formación de izquierda, además de que en el proceso electoral descolló, ente los demás candidatos de Morena, por realizar un campaña activa, de tierra, cercana a la gente. Ese joven es Vladimir Parra Barragán, pues desde un inicio, en el 2012, fue uno de los artífices en la construcción de Morena a nivel local, junto con muchas personas que realmente creyeron en este proyecto y no solo por oportunismo político.

Es el único que ha dado muestras, además, de construir un diálogo eficiente y franco con las demás fuerzas políticas en el estado, sin dejar de ser un contrapeso institucional. Esa condición no la podrían garantizar ningún expriísta, quienes tienen evidentes desavenencias políticas y enemistades con el actual grupo político que encabeza el ejecutivo estatal.

Los restantes legisladores de Morena, PT y PES son desconocidos, neófitos en la política que le darán, sin duda, un aire más fresco al trabajo Legislativo, pero que no tienen la pericia ni habilidad para dialogar con políticos de peso pesado, muchos de los cuales están en el Ejecutivo estatal. La construcción de acuerdos se realizará a través del diálogo político, y Vladimir Parra es el único político, con la confianza de López Obrador, para construir acuerdos. Cualquier otro, pero en particular los anguianistas-expristas-morenistas, solo desvirtuarían al partido Morena.

JIPS, ESCENARIO POLÍTICO PROPICIO

Dos eran los escenarios políticos que podrían definirse en la pasada elección para el gobernador Ignacio Peralta. Por un lado, ganaba José Antonio Meade y continuaba la relación privilegiada con el gobierno federal, al pertenecer al grupo político de Videgaray y Meade; el otro escenario, más previsible, era la victoria de López Obrador y el reacomodo de las fuerzas políticas en el estado, con un saldo positivo a Morena. Al final se dio este segundo escenario.

Sería muy iluso pensar que el gobernador no previó este escenario, aparentemente catastrófico para un gobierno priísta. Sin embargo, de cierta forma, la actual circunstancia es una buena tesitura para el gobernador y el grupo político que encabeza: al perder la Presidencia el PRI recuperó la libertad política que tuvo Fernando Moreno y Silverio Cavazos, facultad que no tuvo Mario Anguiano, por ejemplo.

Por otro lado, la elección también reacomodó el poder en los grupos políticos al interior del PRI. Había algunos perfiles, la gran mayoría, que pensaba la elección 2018 en función de la 2021. Hay que decir que estos cuadros no estaban plenamente identificados con Ignacio Peralta, por lo que la elección le allanó el camino al gobernador para pensar en el 2021.

Otro componente importante, que seguro sopesa Ignacio Peralta, es que las elecciones son cíclicas y hay tiempos en los que se está arriba y otros, como éste, que se está abajo. Tres años son suficientes para que la pátina de lo nuevo se deslustre. Eso puede pasar con Morena, que ahorita vuele a carro nuevo, pero dentro de tres años quién sabe qué olores se le impregnen.

Es previsible un eventual desgaste de Morena, como sucede con cualquier partido político. Hay que recordar, en ese sentido, que en el 2009 al 2012 el PRI obtuvo una mayoría importante de gubernaturas y congresos (en Colima se llevó carro completo, al ganar el Legislativo y la mayoría de los municipios), o no se nos olvide que en el 2015 el estado era azul casi todo, por lo que seguramente habrá reacomodos políticos en el 2021.

Va a depender, ahora, que el gobernador consiga más logros y beneficios para Colima. Ha hecho un buen trabajo en el saneamiento de las finanzas públicas, pues hay que recordar que recibió un gobierno en crisis financiera, cuyos apoyos sociales estaban detenidos por la parálisis financiera del estado. En dos años logró revertir esta situación y mejoró los indicadores financieros, lo que le ha permitido reactivar becas, pensiones, obras públicas y otros apoyos de índole social.

Tendrá que mejorar, aún más, en los aspectos de seguridad pública y en el desarrollo económico del estado, particularmente en la generación de empleos de calidad. Si Ignacio Peralta mejora estos indicadores –disminuye la violencia delincuencial y trae más empleos y mejor pagados–, entonces es posible que su proyecto político continúe.

Por eso es de vital importancia que comunique adecuadamente los logros y el buen trabajo de su gobierno. Esa fue una de las grandes fallas del gobierno de Enrique Peña Nieto, al no difundir y comunicar con eficacia y contundencia los avances en materia de empleo, economía y los beneficios de las reformas estructurales, entre otros temas, opacados éstos por los escándalos de corrupción, los gasolinazos y la violencia generalizada.

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

La participación de las organizaciones de la sociedad civil en las decisiones de gobierno es fundamental para mejorar el impacto social de las políticas públicas. El gobierno de Ignacio Peralta ha tenido un acierto en impulsar una ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil que procura, en primer término, profesionalizarlas y mejorar su impacto social, así como hacer más eficiente el recurso que se les da.

Anteriormente, las organizaciones de la sociedad civil recibían apoyos o subsidios que representaban millones de pesos, dinero de los colimenses que el gobierno desconocía si tenía un verdadero impacto en la sociedad. Y es que mucho del dinero erogado en estas organizaciones se destinaban para pagar la renta, luz, garrafones de agua y hasta el salario de quienes los propietarios de estas A.C.

Eran pues, anteriormente, negocios muy lucrativos, que básicamente se creaban como una fuente de autoempleo. El secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, ha sido el responsable de la instrumentación de esta ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil y de cambiar el paradigma, en el sentido de que ahora se profesionalicen, tengan un proyecto viable, formen parte de un padrón legalmente establecido, cuiden las formas jurídicas y su impacto social sea mayor, además de que el recurso erogado sea más efectivo a favor de la sociedad.

Al trabajar de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, de los ciudadanos organizados, las decisiones de gobierno adquieren otra dimensión social, pues ya no solo es la óptica del gobierno, sino que participa la población en la toma de decisiones. Es alentador, en ese sentido, que el presidente del consejo de organizaciones de la sociedad civil sea Marco Antonio Romero Gutiérrez, una persona sin nexos partidistas y que proviene de organizaciones de la sociedad civil.

 

Comentarios

Notas Relacionadas