No se ha retrasado la aprobación de la Ley de Pensiones: Meiners.

Infoecos/Colima

De acuerdo con el secretario de Administración y Gestión Gubernamental, Kristian Meiners Tovar, no existe atraso en la iniciativa del Ejecutivo para aprobar la nueva Ley de Pensiones.

Desde su punto de vista, el tiempo transcurrido ha permitido que los involucrados revisen a detalle la propuesta que además de buscar contener el problema existente en la materia, será de mucho beneficio de todos los trabajadores, al darle certeza y vialidad financiera a las entidades gubernamentales.

“Todo este asunto se ha estado trabajando en coordinación con un actuario; tenemos condiciones con las que creemos podemos salir adelante, en donde se ha platicado no solo con la burocracia, sino también con el magisterio estatal, y al final del día, la última palabra la tendrá el Congreso”, ponderó el funcionario estatal.

Afirmó que lo más deseable es que los integrantes del Congreso estatal dispongan de bases sólidas y fundamentadas para tomar las mejores decisiones, por lo que calculó que ya existen condiciones para que la reforma se pueda aprobar en menos de un mes por los actuales diputados locales.

El funcionario consideró que bajo estas condiciones, el aplazamiento de la reforma se ha dado porque se ha permitido que todos los involucrados lleven a cabo el análisis correspondiente y den a conocer sus propuestas.

“No lo considero un retraso, más bien ha sido un tiempo en donde se está analizando a detalle muchos de los puntos, entre los que destacan la edad de la jubilación, las aportaciones, los salarios integrados y un sinnúmero de variables que están en juego y que tienen que ser proyectadas correctamente para lograr que se tenga una viabilidad financiera”, aseguró.

El Secretario de Administración recordó que en este momento se erogan alrededor de 800 millones de pesos del presupuesto para el pago de los pensionados y jubilados y, adicionalmente, las entidades (sindicatos) tienen que aportar recursos que van desde el 2.5 por ciento de sueldo y sobresueldo, hasta el uno por ciento en el caso del Gobierno del Estado, recursos que se utilizan para préstamos.

 

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