Red de Derechos Humanos de Jalisco cuestiona mecanismo de pago por agua de Cerro Grande.

Infoecos/Colima

La Red Jalisciense de Derechos Humanos considera falso que la aprobación por el Congreso de Colima, el pasado 22 de agosto de 2018, del mecanismo de pago de servicios ambientales hidrológicos vaya a beneficiar a los dueños de los bosques donde se genera el agua. De hecho, considera que el caso particular de Cerro Grande-Colima está mal diseñado y constituye un caso de injusticia ambiental.

El representante de esa organización de Derechos Humanos No Gubernamental, Óscar González Garí, en un comunicado reproducido por el periódico Milenio Diario, dijo que aparentemente, la noticia es buena para los jaliscienses y mejor para los colimenses.

Sin embargo, sostiene que “tras la noticia se esconden intereses lesivos para la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los dueños originarios de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, como principal fuente de aprovisionamiento del vital líquido para el estado de Colima: las comunidades y pueblos indígenas nahuas-otomíes, cuyos derechos humanos a su identidad cultural, al territorio ancestral, al acceso de agua limpia, a la consulta libre, previa e informada, y a los recursos naturales, se ven burlados en el mecanismo local de compensación por servicios ambientales hidrológicos”.

Añade en el comunicado que “¿a cambio de qué beneficios los estados dispondrán del agua que nace en el territorio indígena? ¿No pasará aquí lo que ocurrió hace un par de años con el agua de los yaquis del Valle de Hermosillo, Sonora, que terminó siendo acaparada y utilizada por intereses mercantiles para beneficio de empresas foráneas, privando a los indígenas del vital líquido para sus cultivos de subsistencia?

“Ahora los nahuas no sólo verán amenazados sus derechos por las mineras ‘legales’ e ‘ilegales’ que actúan dentro de su territorio ancestral, sino por el manejo del agua que se anuncia entre ambos estados, sin haber el mínimo respeto por el derecho humano de la consulta libre, previa e informada, respecto a la suerte de uno de sus recursos naturales estratégicos”.

En cuanto al Estudio de valoración y demanda de servicios hidrológicos en el área Cerro Grande-Colima, realizado en 2007, y luego actualizado al 2010 y al 2015, considera que se pasa por alto la necesidad de una manifestación de impacto ambiental que debía ser consultada.

González Garí y sus consejeros encuentran el tema del agua vinculado al caso de los límites territoriales de Jalisco con Colima. “Si se cruzan los planos de la zona “B” con la planimetría del sistema de agua potable que Colima le quiere quitar a Jalisco y a uno de sus pueblos originarios más emblemáticos, te darás cuenta que los planos se enciman, pues se trata del mismo territorio ancestral de los nahuas otomíes”.

La red lamenta la desaparición de los consejos asesores de la Reserva de Manantlán que tenían alta representación social, y acusa a la UdeG de haber impedido la posibilidad de una coadministración.

“Estando acéfala la reserva de ambos consejos asesores, en ambas entidades federativas, de la presencia y participación de los dueños de la tierra y el territorio, se le hizo fácil al cacicazgo de Colima disponer del agua que necesitan sus dos metrópolis más grandes: Villa de Álvarez y la ciudad de Colima, pero sobre todo sacando una ventaja superlativa, pero violatoria de los derechos humanos de los habitantes de la RBSM: la gratuidad del agua potable, rica en minerales que los académicos ignorantes de los derechos humanos pretenden llevar al territorio y población colimense, pero mediante el despojo de recursos naturales que única y fundamentalmente le pertenece a la Comunidad Indígena de Ayotitlán, Jalisco”.

El esquema cuestionado por la RJDH plantea la posibilidad de financiar a las comunidades de Cerro Grande con recursos de los contribuyentes de Colima, como compensación por la entrega de agua, pero a juicio de la red, se trata de “patrañas” privatizadoras.

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