A mí manera. María Bonita.

Un cambio prometido de la cuarta transformación fue la despenalización del consumo de la marihuana, el cual empezó con la iniciativa de Ley General para la Regulación y Control de Cannabis que presentó Olga Sánchez Cordero al pleno del Senado este martes. De aprobarse la ley, los usuarios ya no serán criminales, sino consumidores bajo un esquema regulatorio definido por el gobierno.

La idea de la despenalización no es nueva. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que autorizaba la venta de cannabis en farmacias bajo un esquema controlado por doctores. Esta idea perteneció a Leopoldo Salazar Viniegra, quien trabajaba con pacientes toxicómanos y consideraba que el mejor uso de la droga era en entornos controlados por profesionales para evitar la proliferación de adicciones y el expolio de los traficantes ilegales.

Salazar Viniegra describió en sus investigaciones el rechazo social de la marihuana como el mayor reto para la legalización, por su relación con clases bajas y por relatos exagerados sobre sus efectos. Tradicionalmente la marihuana era usada por campesinos, indígenas y soldados, así el consumo de esta planta se volvió en la imaginación popular el enervante de los pobres, mientras que los relatos le asignaban a la planta propiedades alucinógenas que algunos usuarios desearían que tuviera: supuestamente los consumidores cometían toda clase de locuras, como lanzarse al vacío por creerse con la capacidad de volar cual pájaros. Por eso cuando el decreto de Lázaro Cárdenas de 1940 fue suspendido por la coyuntura histórica, fue reemplazado con la visión prohibitiva como guía para tratar a la marihuana.

Hoy día esta visión, que aún no está totalmente superada, ya no ejerce el poder que tuvo antaño, cuando marihuano era sinónimo de enloquecido o malviviente. Entre el cambio generacional y el movimiento del tráfico ilegal hacia otras drogas, la condena al uso de cannabis se ha reducido.

La reforma propuesta por Sánchez Cordero tiene beneficios positivos para los usuarios, pues mejora costos, calidad del producto y cambia su estatus social. En cuanto a los costos, la regulación de la venta de marihuana generaría un mercado de semillas, plantas y producto dentro del margen de la ley, por lo que los consumidores podrían acceder a precios competitivos con distribuidores certificados que ya no tendrían que dedicar parte de sus recursos a evadir las autoridades, sino que podrían usarlos para mejorar su servicio. En el aspecto de la calidad, con la regulación podrían generarse estándares de calidad que aseguren un manejo adecuado del producto. Así los consumidores podrían tener certeza sobre los elementos usados en el crecimiento de la marihuana, y estarían expuestos a menos peligros innecesarios producto de mezclas con pesticidas tóxicos o triquiñuelas para hacer rendir el producto. Todo esto mientras pasan de ser criminales motorolos a individuos consumidores de un producto medicinal o recreativo.

Una pregunta que queda pendiente del proyecto de ley es el esquema de regulación para la venta que adoptaremos, pues podría ser como el modelo uruguayo del monopolio estatal, donde farmacias autorizadas por el gobierno proveen de dosis con precios subsidiados a ciudadanos registrados, el modelo canadiense de competencia privada con parámetros regulados por la ley federal, o el modelo estadounidense de regulación a nivel local.

Sea como sea, esta iniciativa, aunque victoria para la libertad, no es ni un logro máximo o la destrucción de la sociedad. El consumo de la marihuana no difiere del alcohol o el cigarro en un aspecto básico: no hace mejores ni peores a las personas. Cuando le preguntaron a Agustín Lara si la mota era su musa, él pasó su churro a su entrevistador y le dijo “ahora componga algo”. Hasta ahora nadie ha escuchado la canción del entrevistador, pero sí la de “María Bonita”.

jorge.ruizvisfocri97@gmail.com 

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