Diana Amparo Maldonado Enríquez

Toque de Diana

El derecho social que nos falta

En la historia de nuestro país encontramos diversas luchas sociales en busca de mayor igualdad entre los habitantes de este territorio. Una igualdad basada en el acceso a las herramientas y circunstancias que permitieran que cada quien, sin importar su origen socioeconómico, sexo, etnia pueda alcanzar su pleno desarrollo personal y profesional.

Tras estas luchas se plasmaron en nuestra Carta Magna los derechos sociales que cualquier mexicana y mexicano debe tener garantizados.



En este sentido, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como institución responsable de la definición y medición de la pobreza en nuestro país considera que una persona debe tener acceso garantizado a un ingreso mínimo más seis derechos sociales (educación, salud, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación) para que se encuentre fuera del círculo de pobreza. Si bien, aún se presenta una elevada tasa de pobreza en el país se han registrado avances en los últimos diez años para combatirla.



Sin embargo, con el devenir del tiempo y el desarrollo de la sociedad global es cada vez más necesario garantizar el acceso a Internet. Con la Reforma en Telecomunicaciones en 2013 el acceso a este bien quedó consagrado como un derecho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reconociendo que una vez accediendo a este derecho se habilitan otros derechos fundamentales como el derecho a la información y al acceso a las Tecnologías de la Información.



De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2018, solamente el 52.9% de los hogares en México cuenta con acceso a Internet mientras que el 44.9% cuenta con acceso a una computadora. Es decir, aproximadamente la mitad de los habitantes en nuestro país tienen restringido este derecho constitucional, y por ente también otros.



Con el ánimo de hacer efectivo el acceso al Internet, la pasada administración federal implementó el programa México Conectado que impulsó mayor conectividad a este servicio a lo largo y ancho del país. También se acompañó de equipamiento de laptops para estudiantes de ciertos niveles educativos y de oficinas gubernamentales que ofrecían infraestructura y capacitación para aprovechar las Tecnologías de la información y la Comunicación. No obstante a ser un programa integral con aspiraciones de igualdad en el siglo XXI, no continuó con el mismo apoyo en la actual administración.



El panorama durante y después de la pandemia nos exige impulsar una agenda de inclusión digital en cantidad y calidad. Urge una estrategia como la de alfabetización de Vasconcelos, pero ahora que garantice el acceso al servicio de Internet, un equipo electrónico para hacer uso de él y conocimientos suficientes y de calidad para que sea aprovechado óptimamente. Urge una estrategia que reconozca que garantizar el acceso al Internet es garantizar el acceso a la educación y a elevar el nivel de ingresos, y con este último garantizar también el acceso a una vida digna.



diamalenri@gmail.com



*Licenciada en Economía por la Universidad de Colima