Diana Amparo Maldonado Enríquez

Toque de Diana

Los ultrapobres y el ingreso básico de emergencia

Los efectos de la pandemia de salud y económica cada día amplifican las brechas entre la población más pobre y la más rica en el mundo. Mientras el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, director de Amazon, se beneficia del incremento en el comercio electrónico, doña Mary ve nulificado su ingreso que depende enteramente de su puesto de fruta.

Lamentablemente en nuestro país es mucho más común encontrar a una doña Mary que a un Jeff Bezos. Por ello, el Coneval, institución responsable de medir la pobreza en México, estima que el Covid-19 ascenderá el porcentaje de población en pobreza hasta un 49.8 por ciento y el de pobreza extrema hasta 15.9 por ciento; es decir, niveles de pobreza que nunca se habían registrado en nuestro país.

Este escenario no es exclusivo de México. El Banco Mundial estima que por primera vez, desde 1998, las tasas de pobreza aumentarán: entre 40 y 60 millones de personas (nueve por ciento del total de la población mundial) caerán en condición de pobreza extrema, esto es vivir con 1.90 dólares al día.

Ante este desafío, una propuesta que está tomando fuerza en diversos países, particularmente en vías de desarrollo. El Ingreso Básico de Emergencia es un apoyo económico equivalente al costo de la canasta alimentaria que se otorgaría durante seis meses a toda la población en situación de pobreza, con el objetivo de contrarrestar la pérdida de ingresos en los hogares y asegurar el alimento en ellos.

Un programa de esta dimensión costaría a México 513 mil millones de pesos durante seis meses, es decir, destinar el 2.9 por ciento del PIB mexicano para garantizar las condiciones de vida mínimas a la población económicamente más vulnerable en el corto plazo, y en el largo evitar que se incremente este número, incrementando el costo en programas sociales con poca efectividad.

Sin embargo, podrían exponerse diversos argumentos en contra: ¿qué nos garantiza que el apoyo económico realmente se gaste en alimentación y no en otros rubros? O ¿por qué no utilizar el recurso público equivalente al 2.9 por ciento del PIB en inversiones productivas para dar empleos sostenibles a esta población?

Por un lado, países como Sudáfrica e India (economías emergentes como la nuestra) han implementado este programa; India con resultados positivos, donde el gasto de los hogares beneficiarios es para alimentación y salud. Por otro lado, es necesario pensar en esta política como un método asistencial temporal que sostenga la economía familiar de los hogares en el tiempo que es necesaria la contingencia y sana distancia, con miras a generar espacios de capacitación y oportunidades de trabajo digno para que, una vez superado este periodo, ellos puedan superar la situación de pobreza.

Indiscutiblemente habrá un retroceso en los pequeños pero sostenidos avances en el combate a la pobreza durante los últimos diez años. Las condiciones estructurales de nuestros sistemas educativo y económico generarán mayor distancia entre la población con mayores ingresos y la población con menores ingresos. Si no actuamos para paliar el presente y no planeamos adecuadamente para el futuro, estaremos ante el surgimiento de ultraricos y ultrapobres.



diamalenri@gmail.com



*Licenciada en Economía por la Universidad de Colima.